Un
incremento de USD 102 millones al inicialmente establecido para la construcción
de la central hidroeléctrica Manduriacu denunció el día de hoy la Comisión
Nacional Anticorrupción. El contrato original de esta obra fue convenido en USD
124´881.250, sin embargo el Gobierno terminó pagando USD 227´389.966,63, es
decir, con un incremento del 82%.
Para lograr este elevado costo, por un lado se
suscribieron tres contratos complementarios por un valor total de USD
45`046.496,40 y de otra parte existe un
monto no auditado de USD 57`462.220,23 que debió ser motivo de examen riguroso
por parte de la Contraloría General del Estado, entidad que en este asunto
puntual no cumplió el rol que le concierne, en un comportamiento no solo
anómalo sino de complicidad con el sobreprecio. Conforme lo dispone la
normativa para la Contratación Pública, el monto total de los contratos
complementarios de una obra principal no puede exceder el 35% del monto inicial
del proyecto; no obstante, el incremento de la obra corresponde, por un lado,
al monto de los contratos complementarios declarados como tales y, de otra
parte, a un valor omitido en las auditorías equivalentes a USD 57`462.220,23 lo
cual da un incremento total a la obra de USD 102.508.716,63, señala la
comisión.
La Comisión Anticorrupción señala que este caso se
constituye en una especie de “modelo” dentro del sistema nacional de
contratación pública, producido en el último periodo cuando se trata de la
participación de Odebrecth (que se evidencia, por ejemplo, en las siguientes
contrataciones: Refinería del Pacífico, Acueducto “La Esperanza”, poliducto
Pascuales -Cuenca, La “Ruta Viva”, entre otras). Esta empresa brasileña opera
incrementando los costos mediante el sistema de contratos complementarios o el
aparecimiento de otros rubros que inicialmente no constan en los contratos
principales de construcción de obra, lo cual encubre sus objetivos pecuniarios
finales, en medio de una complicidad que debe ser desenmascarada. De esta
manera la Comisión Anticorrupción ha iniciado su trabajo correspondiendo al
clamor nacional de luchar contra la corrupción en todas sus formas, ubicando
indicios de responsabilidad en contra de:
- La empresa responsable de la obtención de los estudios de prefactibilidad y factibilidad, HIDROEQUINOCCIO, representada por el Prefecto Provincial de Pichincha, Ec. Gustavo Baroja, en calidad de Presidente del Directorio y el directorio de la empresa pública CELEC, encargada del proceso de contratación del proyecto Hidroeléctrico MANDURIACU;
- Los representantes de la empresa consultora de los estudios de pre-factibilidad y factibilidad TRACTEBEL – CAMINOSCA, quien está sujeta a las responsabilidades establecidas en el Art. 100 de la Ley de Contratación Pública;
- Los representantes de la Comisión Federal de Electricidad de México (CFE), quienes al actuar como fiscalizadores de los estudios de consultoría, efectuados por TRACTBEL-CAMINOSCA, avalaron sin más, lo actuado por dichas consultoras;
- Los representantes del consorcio fiscalizador (INCLAM TYPSA HOSPIPLAN - ITH), quienes supuestamente fiscalizaron a ODEBRECHT;
- Las constructora NORBERTO ODEBRECHT; y
- La Contraloría General del Estado, que permitió con su actitud que se afectaran los intereses del país. Quito DM. 22 de Sep.
El proyecto Manduriacu ha sido calificado como obra
“emblemática de la revolución ciudadana” y fue inaugurada en mayo pasado por el
presiente Correa. FUENTE: ECUADORLIBRERED.
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