Unas
cosían con lana sobre sus anacos. Otros desgranaban mazorcas o comían granos
sobre el patio de tierra de la casa comunal de Cecel Grande, en la parroquia
rural Licto, en Riobamba, mientras los miembros de la Junta Parroquial hablan
al micrófono en la sesión del 11 de enero pasado sobre el presupuesto anual.
“¿Por qué se destinan $ 32 mil para una
camioneta si hay otras necesidades?”, dice la vocal Ana Taday a sus otros
coidearios del movimiento oficialista AP que dominan la Junta. Los presentes
sentados en filas frente a la mesa directiva atinaron a aplaudir.
Este es uno de esos momentos cuando las bases,
el indígena de a pie, tienen contacto con su dirigencia en las comunidades. Y
es cuando en el caso de Licto se evidencia también la división existente. Los
dirigentes oficialistas hablan de obras como la unidad educativa del milenio
ofrecida para esta parroquia, sin concretar fecha por parte del Ministerio de
Educación. Y los que se oponen al régimen, en cambio, reclaman obras básicas
como proyectos de riego.
A Licto, con 7.809 habitantes, llega agua
entubada y los campesinos tienen limitaciones para regar los sembríos. A 205 km
al norte de esta parroquia, dirigentes contrarios al régimen centran sus
acciones para no perder la sede de la Confederación de Nacionalidades Indígenas
del Ecuador (Conaie), que funciona en Quito desde 1991.
El Ministerio de Inclusión Económica y Social
(MIES) anunció, el 11 de diciembre pasado, la terminación del convenio de
comodato que permitió que la Conaie ocupe un edificio de tres pisos ubicado en
el norte de Quito. El régimen optó por esta sede para convertirla en casa de
acogida a los adolescentes consumidores de drogas que no tienen referencias
familiares.
“Nadie puede estar por encima de la ley, tenga
o no tenga poncho (...). Hermanos indígenas, basta de jugar a esa
victimización, que como somos pobrecitos, explotados, tienen que regalarme el
edificio (...)”, dijo el presidente Rafael Correa en el enlace Nº 403 de
diciembre.
El MIES tiene hasta este jueves para resolver
sobre el recurso legal interpuesto por la Conaie para quedarse en la sede.
La división está marcada. Por un lado está la
Federación Ecuatoriana de Indios (FEI), la más antigua organización indígena
del país creada en 1944, y la Confederación Nacional de Organizaciones
Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), ambas aliadas al actual régimen,
aunque también incluye dirigentes contrarios. En la oposición está la Conaie y
sus filiales. Y en el medio, las bases: los indígenas con demandas que el
actual régimen ha capitalizado, admiten dirigentes opositores.
Blanca Guillín, de 22 años, retiraba a
mediados de enero la hierba de un cultivo de quinua en la comunidad Majipamba,
en Colta (Chimborazo), labor por la que gana $ 5 en jornadas de ocho horas.
Esta madre soltera sin empleo fijo y que no terminó el bachillerato, cuenta que
su hija y ella se atiende gratis en los hospitales públicos.
La etnia indígena concentra aún los mayores
índices de pobreza en el país. Según el cálculo oficial, la pobreza por ingresos
alcanzó en el 2013 al 50 % de este grupo, el doble del estándar nacional (25,6
%). EL UNIVERSO pidió al INEC los datos sobre la evolución de este indicador
por grupos étnicos, pero el organismo rector de las cifras solo proporcionó los
datos de los censos del 2001 y 2010.
En el campo algunos indígenas prefieren no
participar en los levantamientos, como José Luis Lema, de 38 años, un orador
evangélico de Colta (Chimborazo): “Me iba porque los cabildos llevaban (...)
pero no de corazón (más bien) como para divertirme como jóvenes”.
Se refiere a las manifestaciones de fines de
los ochenta del siglo XX que derivaron en el gran levantamiento de 1990 para
conseguir, entre otros planteamientos, el reconocimiento de sus territorios
ancestrales. Desde entonces los indígenas le han puesto el rostro a las
protestas, al bloqueo de vías y a varios acuerdos con el poder. Pachakutik
(PK), el brazo político de la Conaie, ha sido el nexo de algunos de estos
pactos.
Pedro de la Cruz, expresidente de la Fenocin,
exasambleísta y actual parlamentario andino por AP, cuestiona que los
representantes de PK voten en contra de las leyes oficialistas: “Estamos
exigiendo leyes a favor del bienestar de los pueblos indígenas, pero también
pensando en los ecuatorianos”.
En la otra orilla está Mónica Chuji, quien al
inicio del correísmo fue secretaria de Comunicación y ahora está en la
oposición. La dirigente amazónica considera que los acercamientos de PK con
partidos de diversas tendencias han provocado tensiones en el interior del
movimiento indígena: “En su momento han hecho acuerdos, incluso desde cuando
empezaron a participar en el 95 en elecciones, han mantenido acuerdos con la
derecha para, por ejemplo, captar la Vicepresidencia del Congreso”, manifiesta.
PK tiene una alianza con el movimiento oficialista
AP en Chimborazo, acuerdo por el que fue reelegido el actual prefecto de esa
provincia, Mariano Curicama, en el 2014.
Leyes como la de Aguas, aprobada en junio del
2014, han provocado algunas de las fragmentaciones en el movimiento indígena.
Su aplicación ya deja efectos en Chimborazo. Allí el proyecto de riego Chambo
Guano, que incluye a 10.700 usuarios, pasó a ser administrado por el Consejo
Provincial luego de estar en manos comunitarias, las llamadas juntas de riego:
“No veo ningún cambio con el traspaso”, dice Néstor Chávez, dirigente de la
parroquia rural Cebadas, en Guamote.
La Ley de Tierras que se tramita en la
Asamblea puso en relieve la oposición de Luis Andrango, de la Red Agraria que
es parte de la Fenocin, quien en una disertación en Quito esta semana aseguró
que las críticas también deben apuntar al modelo económico que en el campo
tiene un sentido de consolidar la agroindustria y las actividades extractivas.
La educación intercultural bilingüe reconocida
en 1988 para que la enseñanza se imparta desde el idioma y el saber ancestral
de los pueblos y nacionalidades es un logro, que en la actualidad tiene
problemas de aplicación en zonas rurales.
Un ejemplo es lo que ocurre en la Unidad
Educativa Intercultural Trilingüe Nukanchik Yachay, en la parroquia rural
Cebadas, en Guamote (Chimborazo), donde en cinco aulas, una de ellas sin
ventanas y con techo parcial de zinc, reciben clases 159 estudiantes, cuenta
José, uno de los ocho maestros de este establecimiento.
“De 68 estudiantes pasamos a 159. Debemos
impartir kichwa cinco horas semanales, pero necesitamos cuatro aulas más porque
el próximo año tiene previsto que funcione el primer año de bachillerato”,
afirma José.
Christian Arteaga, catedrático de la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), considera que el movimiento
indígena está redefiniendo algunos conceptos tras la crisis por la alianza y
participación en el régimen de Lucio Gutiérrez.
“Ahora el indígena puede estar en la Asamblea,
hacer política pública, pero siempre está estigmatizado en términos de
inferioridad social”, dice Arteaga, quien agrega que en esa vinculación,
algunos dirigentes se han plegado al modo de funcionamiento de la política
mestiza en la que hay corrupción, paternalismo y nepotismo. (I)
Las
bases del movimiento indígena coinciden en que ciertos dirigentes han
priorizado sus agendas personales. FUENTE: DIARIO EL UNIVERSO.