El
Tribunal Primero de Garantías Penales de Pichincha es desde ayer el escenario
de la audiencia de juzgamiento de los 75 uniformados de la FAE y Unidad Canina
de la Policía Nacional, que fueron llamados a juicio como autores del presunto
delito de sabotaje y terrorismo, como consecuencia de la paralización de los
servicios del Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito durante la reclamación
policial del 30 de septiembre de 2010 (30-S).
En esta ocasión, también se pidió prestado el
salón auditorio de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) para albergar a los 75
procesados y a los más de 300 testigos y peritos de las partes procesales.
Por tratarse de un delito contra la seguridad
interna del Estado, el presidente del Tribunal, Hugo Ibarra, dispuso que la
audiencia se lleve de manera reservada, por lo que familiares y amigos de los
procesados debieron dejar el salón de audiencias.
En casos similares la audiencia ha sido
publica por lo que para los procesados el hacerlo en forma reservada tiene como
fin ocultar a la ciudadanía las ilegalidades con las que se está tramitando el
caso
Según estimaciones que hacen algunos abogados,
la audiencia de juzgamiento podría tomar entre uno y dos meses, y para el
efecto, se seguirá utilizando el salón auditorio de la CNJ, en razón de que los
Tribunales de Pichincha no cuentan con un sitio adecuado para el efecto.
Este proceso penal se inició el 26 de marzo de
2013, con la instrucción fiscal contra 84 policías y militares, pero durante
todo un año se fueron dando sucesivas vinculaciones hasta llegar a la cifra de
224 procesados, de los cuales a 149 la Fiscalía se abstuvo de acusarles por
falta de prueba y 75 fueron acusados y llamados a juicio.
El Delito con el que se pretende juzgar a los
procesados es el contemplado Art. 158 del Código Penal del antiguo Código Penal
mismo que se encuentra derogado desde que entro en vigencia el Codigo Integral
Penal Coip , según varios expertos el utilizar una disposición legal
que no esta vigente , atenta contra el principio jurídico del Nullum
crimen, nulla poena sine praevia lege ya que se estaría juzgado sin ley , lo
cual es un grave atentado a los derechos humanos de los procesados , también
podría generar acciones contra los jueces que irían desde el prevaricato hasta
el derecho de repetición por los perjuicios ocasionados .
Si bien es cierto actualmente los jueces se
encuentran presionados por el ejecutivo esto no será eterno y si los jueces
actúan de espaldas a la Ley en el futuro tendrán que responder afirmo una
fuente de la función judicial que prefirió el anonimato por temor a represalias
.
Actualmente se ventilan varios casos contra
disidentes del régimen bajo los mismos cargos de sabotaje y terrorismo
tipificados en el Art 158 del código Penal derogado como parte de la
criminalización de la protesta social . Hecho observado por varios organismos
internacionales que defienden los Derechos Humanos , como Amnistía
Internacional , Human Rights Watch y la Comision Interamerican de Derechos
Humanos. FUENTE: http://www.ubicatv.com/.
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