Por: PRIMERAPLANAEDICION
Foto: Inredh
El
‘Comité de Familiares y Amigos de los Hijos del 8 de Mayo’ denunció este jueves
violaciones al debido proceso en el caso de los 8 detenidos del ‘Movimiento
Guevarista Tierra y Libertad’, a quienes se los investiga por el presunto
delito de delincuencia organizada, trata de personas y reclutamiento para
grupos armados irregulares.
Patricio
Almeida, uno de los abogados del caso, detalló en una rueda de prensa que el
fiscal Wilson Toainga Toainga declaró la reserva de la investigación contra los
procesados, a pesar de que los jueces de la Unidad de Garantías Penales de
Quitumbe negaron la petición en al menos tres ocasiones previo a la detención.
El
abogado también cuestionó que la Fiscalía General del Estado (FGE) programa las
diligencias a la misma hora, en ciudades distintas.
“Fiscalía
está actuando como Tribunal de Excepción, está violando la ley y está
fabricando pruebas… Esto es una persecución contra el Movimiento Guevarista, en
donde se le involucra a Ernesto Flores Sierra por ser el vocero oficial del
movimiento”, dijo Almeida
Hábeas
corpus
El
abogado Aquiles Hervas explicó que al momento seis miembros del grupo están en
la cárcel y 10 están en un procesamiento penal investigativo “injusto”.
El equipo
de defensa del caso ha interpuesto habeas corpus en los dos territorios donde
están los privados de la libertad:
Latacunga:
Gabriela
Gallardo:
cumple con arresto domiciliario. Su habeas corpus fue aceptado en carácter
correctivo.
Nelly
Yacelga:
está apelando el fallo porque le fue negado el recurso legal. Continúa en la
cárcel de Latacunga
Quito:
Alexis
Moscoso:
su habeas corpus fue aceptado. Cumple con presentaciones periódicas ante la
justicia.
A los
cinco restantes se les negó el recurso. Continúan recluidos en la cárcel 4 de
Quito. Son: Ernesto Flores, Omar Campoverde, Juan Carlos Bustamante, Carlos
Carguachi y Silverio Cocha.
El
director de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), Luis
Ángel Saavedra, insistió en que las autoridades deben respetar el debido
proceso y buscar la debida justicia.
A juicio
de Saavedra, este es un “caso político, no judicial, en donde se están
estructurando pruebas a fin de legitimar el discurso oficial. Intentan poner la
imagen de grupos terroristas a movimientos sociales y así legitimar la
represión”.
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