Luego de que la Corte
Constitucional (CC) admitiera a trámite dos demandas de inconstitucionalidad a
la Ley Orgánica de Educación Intercultural bilingüe, diversas organizaciones
sociales y políticas, asambleístas, representantes de entidades de control y
personalidades democráticas, han presentaron, indistintamente, el Amicus Curiae
para defender la reforma a la ley, para exigir respeto a los derechos de los
docentes y los estudiantes de acceder a una educación de calidad, calidez y con
infraestructura adecuada.
El
28 de junio, centenares de docentes se movilizaron en todo el país, y en Quito
llegaron a la Corte Constitucional para sustentar la defensa de la LOEI. La UNE
en forma categórica sostuvo en la audiencia que “la educación es una inversión,
no un gasto, que debe destinarse por ley el presupuesto para fortalecer la
educación, debe asignarse el 6% del PIB que garantizaría mejoras en la infraestructura
de las instituciones educativas… al magisterio se le ha perjudicado en USD
2.700 millones al no tomar en cuenta los acuerdos ministeriales 152 y 156 del
año 2016. Por tanto, somos un grupo que ha sido discriminado en cuanto a los
sueldos: mientras que un policía bachiller ingresa con sueldo de USD 923 o un
técnico gana USD 1212, el docente con título de técnico superior o tercer
nivel, incluso a veces con maestría, apenas gana USD 817. Esa discriminación
debe parar”.
Es
inadmisible que, en esa audiencia de la CC, el representante del ejecutivo -de
manera virtual-haya expresado que, en caso de aceptar la constitucionalidad de
la LOEI, será una más de las leyes que no se puedan cumplir, lo cual demuestra
que no hay un compromiso serio y responsable de del gobierno del “Encuentro”
para buscar formas para financiar los ingresos del fisco en favor de la
educación, a sabiendas que bien se podría cobrar los USD 7 mil millones a
evasores y elusores de impuestos, USD 1.500 millones de deudas en firme al SRI;
o, recuperar dineros de la corrupción.
Esta
actitud del gobierno, de pretender que la CC declare inconstitucional las
Reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, LOEI, ha obligado a que
los docentes adopten una medida alta de lucha como es la HUELGA DE HAMBRE, y
desde el 12 de julio se cumple en cuatro ciudades: Quito, Guayaquil, Cuenca y
Portoviejo.
El
gobierno del “Encuentro” quedó en frase hueca, pues no acepta diálogos de los
sectores populares y lo que ha hecho, al estilo de todo gobierno represivo y
antipopular, es amenazar con la cárcel para quienes ejerzan el derecho a la
resistencia.
La
lucha del magisterio va en aumento y recibe la solidaridad de padres de
familias, estudiantes, organizaciones sociales y sindicales. Del gobierno
depende la solución a esta justa lucha y demanda social, y de no hacerlo,
simplemente, enardecerá la protesta popular.
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