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| AFECTACIÓN. Comunidades indígenas alegan que el derrame del 7 de abril pudo prevenirse. |
Redacción
QUITO – EFE.- Organizaciones indígenas, religiosas y de Derechos Humanos
presentaron ayer, una acción de
protección con medidas cautelares a favor de unas 120.000 personas afectadas
por el derrame de petróleo, ocurrido el pasado 7 de abril en los ríos Coca y
Napo, provincia de Sucumbíos.
La
medida presentada alude “la vulneración de los derechos al agua, a la
alimentación, a la salud, a vivir en un ambiente sano, a la información, al
territorio y a los derechos de la naturaleza”.
“La
gente no vive comiendo petróleo sino de la producción del campo”, señaló Andrés
Tapia, dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía
Ecuatoriana (Confeniae).
Las
organizacionoes responsabilizan de la presunta vulneración a los ministerios de
Energía y Recursos Naturales no Renovables, de Ambiente, de Salud Pública, así
como a la empresa pública Petroecuador y la privada Oleoducto de Crudos Pesados
(OCP).
El
7 de abril, se produjo la rotura del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano
(SOTE) así como de una parte de la tubería del OCP y el Poliducto
Shushufindi-Quito, tras el hundimiento de tierra en el sector de San Rafael. El
incidente interrumpió también la exportación de petróleo para el Ecuador.
Para
Lina María Espinosa, de Amazon Frontlines y parte del equipo legal de los
afectados, si bien la ruptura de los oleoductos, "no ha ocurrido por
disposición directa de ninguna autoridad, existen una serie de omisiones y
negligencias de las entidades demandadas". Sin embargo, sostienen que “el
derramamiento de crudo se pudo prever porque las instituciones estatales y la
empresa OCP fueron alertadas por expertos sobre la inestabilidad de la zona”.
La empresa, sin embargo, aseguró en un comunicado que “el fenómeno natural no
podía ser previsto”. Fuente la Hora.
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