LOS DERECHOS, LA UNIDAD Y LA LUCHA

Por KintiÑan- DDHH

El Foro “Derechos Humanos en el Paro Nacional”, se desarrolló en la mañana del pasado 10 de diciembre de 2019, en el Salón de Honor del Municipio de Latacunga; en el marco de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos; para Israel Cadena, Presidente del Frente Popular y organizador de este evento,  los sectores populares  durante y luego del Levantamiento Indígena-Popular de octubre, fueron objeto de graves vulneraciones a los derechos humanos, producto de la brutal represión que cobró varias vidas humanas, heridos de gravedad y muchas detenciones ilegales; al presentar el foro,  hizo hincapié en la necesidad de la unidad y la organización popular para   impedir que estos hechos queden en la impunidad.

Participaron como ponentes, Fernanda Poveda, en representación de la CEDHU y de la Alianza por los Derechos Humanos Ecuador, Nadia Romero de la agrupación Geografía Crítica y  Paúl Jácome, en representación del Colectivo de Derechos Humanos Kintiñan y miembro de la “Mesa por Justicia y Verdad, perseguidos nunca más”. Esta fueron las organizaciones que elaboraraon y presentaron informes de vulneraciones de DDHH ante las comisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del Alto Comisionado de la Naciones Unidas (ONU), quienes visitaron nuestro país el mes de octubre y noviembre.

Fernanda Poveda, argumentó que el origen del conflicto social en el Ecuador, fueron los acuerdos del Gobierno con el FMI, al criterio de la Alianza, este hecho constituye  una acción de violencia a los Derechos Económicos Sociales y Culturales, expresados en la eliminación de los subsidios a los combustibles y la implementación de medidas que apuntaban a la flexibilización laboral, con graves retrocesos en los derechos adquiridos. Poveda también criticó que el gobierno haya respondido con el decreto del Estado de Excepción ante las acciones de protesta social, por parte del gobierno se  alega grave conmoción interna que, desde nuestra perspectiva, no existía al momento, hubo paralización del transporte y sitios puntuales de protesta que pudieron enfrentarse con el ordenamiento jurídico vigente. Esto sirvió para realizar una escalada de violencia estatal, al uso desproporcionado de la fuerza y a una acción represiva sin precedentes, que dio como resultado trágico de 10 muertos y cantidad importante de heridos y presos. La representante de la Alianza por los Derechos Humanos, también mediante un video resumen hizo conocer al auditorio los testimonios de las víctimas de la vulneración de los DDHH durante el Paro de Octubre.

Mientras que para Nadia Romero, el detonante de las movilizaciones radica en el modelo económico que profundiza la brecha entre los grupos  más poderosos versus los sectores más empobrecidos de la sociedad ecuatoriana, provocando serios problemas de desigualdad social, los mismos que se profundizarían con las políticas implementadas por el FMI y el Gobierno.

Romero hizo un análisis geográfico mediante la presentación de varios mapas que ubicaban los sitios de las movilizaciones y como estas iban en constante ascenso; también ubicaron las zonas geográficas de la represión, que principalmente se concentran en las localidades con mayor población indígena, concluyendo que la represión estatal tenía un alto contenido racista y clasista. Importante fue el aporte al ubicar los mapas de los efectos de la represión, de las muertes, de los heridos y las detenciones, la que reflejaron que las protestas eran indígenas y populares; también bajo estas técnicas de geolocalización presentaron un mapa de protestas ocurridas en Quito, que desmienten aquel falaz argumento del secuestro de la capital y que pone en evidencia la rebelión de los barrios quiteños.

Por su parte Paúl Jácome contextualizó los hechos ocurridos en octubre, con las acciones de protesta que se han desarrollado en Chile, Colombia, Francia, como estallidos sociales producto de la crisis global del capitalismo, cuyos efectos y consecuencias han sido descargados sobre las espaldas de la gente trabajadora y explotada. Frente a esta realidad los Estados se han ubicado en la orilla de defender los interés de los más poderosos, utilizando todo el peso de sus instituciones para aplacar el descontento de los pueblos.

Jácome denunció que uno de los patrones de comportamiento del Estado ecuatoriano, es el agresivo impulso a la criminalización de la protesta social, para lo cual el Gobierno a diseñado una campaña que abarcaría dos grandes líneas; la primera que pretende presentar ante la opinión pública  al Estado, las FFAA y la Policía víctimas, indefensas sobrepasadas por  las acciones de movilización, argumento con el cual,  pretenden  justificar la pérdidas de vidas humanas durante el Levantamiento, y también lograr captar el respaldo social para que en futuras acciones las fuerzas represivas tengan carta abierta para la represión, sin que puedan ser juzgados penalmente; las segunda línea de criminalización es convertir a la protesta social en un hecho delictivo, delincuencial, de sabotaje y terrorismo, realizado por “grupos de guerrilla urbana”; para Jácome, esta estrategia que tiene el apoyo de ciertos sectores de poder y de medios de comunicación, encierran conceptos filo fascistas, que pretender provocar una respuesta mucho más brutal en contra de los defensores de derechos humanos. Señaló además que para enfrentar esta ofensiva es necesario promover la unidad de las diferentes organizaciones sociales y promover los derechos humanos.