Por KintiÑan- DDHH
El
Foro “Derechos Humanos en el Paro Nacional”, se desarrolló en la mañana del
pasado 10 de diciembre de 2019, en el Salón de Honor del Municipio de Latacunga;
en el marco de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos;
para Israel Cadena, Presidente del Frente Popular y organizador de este
evento, los sectores populares durante y luego del Levantamiento
Indígena-Popular de octubre, fueron objeto de graves vulneraciones a los
derechos humanos, producto de la brutal represión que cobró varias vidas
humanas, heridos de gravedad y muchas detenciones ilegales; al presentar el
foro, hizo hincapié en la necesidad de
la unidad y la organización popular para
impedir que estos hechos queden en la impunidad.
Participaron como ponentes, Fernanda
Poveda, en representación de la CEDHU y de la Alianza por los Derechos Humanos
Ecuador, Nadia Romero de la agrupación Geografía Crítica y Paúl Jácome, en representación del Colectivo
de Derechos Humanos Kintiñan y miembro de la “Mesa por Justicia y Verdad,
perseguidos nunca más”. Esta fueron las organizaciones que elaboraraon y
presentaron informes de vulneraciones de DDHH ante las comisiones de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) y del Alto Comisionado de la Naciones Unidas (ONU),
quienes visitaron nuestro país el mes de octubre y noviembre.
Fernanda Poveda, argumentó que el origen
del conflicto social en el Ecuador, fueron los acuerdos del Gobierno con el
FMI, al criterio de la Alianza, este hecho constituye una acción de violencia a los Derechos
Económicos Sociales y Culturales, expresados en la eliminación de los subsidios
a los combustibles y la implementación de medidas que apuntaban a la
flexibilización laboral, con graves retrocesos en los derechos adquiridos.
Poveda también criticó que el gobierno haya respondido con el decreto del
Estado de Excepción ante las acciones de protesta social, por parte del
gobierno se alega grave conmoción
interna que, desde nuestra perspectiva, no existía al momento, hubo
paralización del transporte y sitios puntuales de protesta que pudieron
enfrentarse con el ordenamiento jurídico vigente. Esto sirvió para realizar una
escalada de violencia estatal, al uso desproporcionado de la fuerza y a una
acción represiva sin precedentes, que dio como resultado trágico de 10 muertos
y cantidad importante de heridos y presos. La representante de la Alianza por
los Derechos Humanos, también mediante un video resumen hizo conocer al
auditorio los testimonios de las víctimas de la vulneración de los DDHH durante
el Paro de Octubre.
Mientras que para Nadia Romero, el
detonante de las movilizaciones radica en el modelo económico que profundiza la
brecha entre los grupos más poderosos
versus los sectores más empobrecidos de la sociedad ecuatoriana, provocando
serios problemas de desigualdad social, los mismos que se profundizarían con
las políticas implementadas por el FMI y el Gobierno.
Romero hizo un análisis geográfico
mediante la presentación de varios mapas que ubicaban los sitios de las
movilizaciones y como estas iban en constante ascenso; también ubicaron las
zonas geográficas de la represión, que principalmente se concentran en las
localidades con mayor población indígena, concluyendo que la represión estatal
tenía un alto contenido racista y clasista. Importante fue el aporte al ubicar
los mapas de los efectos de la represión, de las muertes, de los heridos y las
detenciones, la que reflejaron que las protestas eran indígenas y populares;
también bajo estas técnicas de geolocalización presentaron un mapa de protestas
ocurridas en Quito, que desmienten aquel falaz argumento del secuestro de la
capital y que pone en evidencia la rebelión de los barrios quiteños.
Por su parte Paúl Jácome contextualizó
los hechos ocurridos en octubre, con las acciones de protesta que se han
desarrollado en Chile, Colombia, Francia, como estallidos sociales producto de
la crisis global del capitalismo, cuyos efectos y consecuencias han sido
descargados sobre las espaldas de la gente trabajadora y explotada. Frente a
esta realidad los Estados se han ubicado en la orilla de defender los interés
de los más poderosos, utilizando todo el peso de sus instituciones para aplacar
el descontento de los pueblos.
Jácome denunció que uno de los patrones
de comportamiento del Estado ecuatoriano, es el agresivo impulso a la
criminalización de la protesta social, para lo cual el Gobierno a diseñado una
campaña que abarcaría dos grandes líneas; la primera que pretende presentar
ante la opinión pública al Estado, las
FFAA y la Policía víctimas, indefensas sobrepasadas por las acciones de movilización, argumento con
el cual, pretenden justificar la pérdidas de vidas humanas
durante el Levantamiento, y también lograr captar el respaldo social para que
en futuras acciones las fuerzas represivas tengan carta abierta para la
represión, sin que puedan ser juzgados penalmente; las segunda línea de
criminalización es convertir a la protesta social en un hecho delictivo,
delincuencial, de sabotaje y terrorismo, realizado por “grupos de guerrilla
urbana”; para Jácome, esta estrategia que tiene el apoyo de ciertos sectores de
poder y de medios de comunicación, encierran conceptos filo fascistas, que
pretender provocar una respuesta mucho más brutal en contra de los defensores
de derechos humanos. Señaló además que para enfrentar esta ofensiva es
necesario promover la unidad de las diferentes organizaciones sociales y
promover los derechos humanos.
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