Sectores de
indígenas, organizaciones sociales y ambientalistas se oponen a la actividad
minera formal –por temor a una probable contaminación del agua de las fuentes
cercanas a la zonas de extracción–, mientras personas dedicadas a la
explotación minera informal intentan dominar poblaciones enteras.
Unos
600 buscadores de oro de Imbabura, Carchi, Esmeraldas y del sur del país fueron
desalojados en las últimas semanas; entre ellos se encontraron disidentes de
grupos armados, quienes intentaron controlar esas zonas.
Un
dirigente comunal del cantón Espejo, provincia del Carchi, alertó que existen
sospechas de que los presidentes electos de tres juntas parroquiales habrían
sido auspiciados por grupos de mineros, y que una vez en funciones podrían
favorecer a sus patrocinadores. La queja ha sido corroborada por campesinos de
otros sectores.
La
explotación minera informal y sus actividades conexas –como el contrabando de
químicos y la criminalidad asociada a las acciones realizadas al margen de la
ley– perjudican de varias maneras al país: se evade el pago de impuestos y
regalías, siembran terror entre los pobladores de las zonas tomadas y el Estado
invierte recursos en operativos para retomar el control en esos lugares, además
del daño ambiental ocasionado en mayor medida cuando se opera desde la
informalidad. (O) Fuente: Diario El Universo
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