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lunes, 29 de abril de 2019

MINERÍA INFORMAL

Sectores de indígenas, organizaciones sociales y ambientalistas se oponen a la actividad minera formal –por temor a una probable contaminación del agua de las fuentes cercanas a la zonas de extracción–, mientras personas dedicadas a la explotación minera informal intentan dominar poblaciones enteras.

Unos 600 buscadores de oro de Imbabura, Carchi, Esmeraldas y del sur del país fueron desalojados en las últimas semanas; entre ellos se encontraron disidentes de grupos armados, quienes intentaron controlar esas zonas.

Un dirigente comunal del cantón Espejo, provincia del Carchi, alertó que existen sospechas de que los presidentes electos de tres juntas parroquiales habrían sido auspiciados por grupos de mineros, y que una vez en funciones podrían favorecer a sus patrocinadores. La queja ha sido corroborada por campesinos de otros sectores.

La explotación minera informal y sus actividades conexas –como el contrabando de químicos y la criminalidad asociada a las acciones realizadas al margen de la ley– perjudican de varias maneras al país: se evade el pago de impuestos y regalías, siembran terror entre los pobladores de las zonas tomadas y el Estado invierte recursos en operativos para retomar el control en esos lugares, además del daño ambiental ocasionado en mayor medida cuando se opera desde la informalidad. (O) Fuente: Diario El Universo

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