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domingo, 1 de marzo de 2015

UNA HISTÓRICA LUCHA QUE SE DISPERSA CON LA DIRIGENCIA

Unas cosían con lana sobre sus anacos. Otros desgranaban mazorcas o comían granos sobre el patio de tierra de la casa comunal de Cecel Grande, en la parroquia rural Licto, en Riobamba, mientras los miembros de la Junta Parroquial hablan al micrófono en la sesión del 11 de enero pasado sobre el presupuesto anual.

“¿Por qué se destinan $ 32 mil para una camioneta si hay otras necesidades?”, dice la vocal Ana Taday a sus otros coidearios del movimiento oficialista AP que dominan la Junta. Los presentes sentados en filas frente a la mesa directiva atinaron a aplaudir.

Este es uno de esos momentos cuando las bases, el indígena de a pie, tienen contacto con su dirigencia en las comunidades. Y es cuando en el caso de Licto se evidencia también la división existente. Los dirigentes oficialistas hablan de obras como la unidad educativa del milenio ofrecida para esta parroquia, sin concretar fecha por parte del Ministerio de Educación. Y los que se oponen al régimen, en cambio, reclaman obras básicas como proyectos de riego.

A Licto, con 7.809 habitantes, llega agua entubada y los campesinos tienen limitaciones para regar los sembríos. A 205 km al norte de esta parroquia, dirigentes contrarios al régimen centran sus acciones para no perder la sede de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que funciona en Quito desde 1991.


El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) anunció, el 11 de diciembre pasado, la terminación del convenio de comodato que permitió que la Conaie ocupe un edificio de tres pisos ubicado en el norte de Quito. El régimen optó por esta sede para convertirla en casa de acogida a los adolescentes consumidores de drogas que no tienen referencias familiares.

“Nadie puede estar por encima de la ley, tenga o no tenga poncho (...). Hermanos indígenas, basta de jugar a esa victimización, que como somos pobrecitos, explotados, tienen que regalarme el edificio (...)”, dijo el presidente Rafael Correa en el enlace Nº 403 de diciembre.

El MIES tiene hasta este jueves para resolver sobre el recurso legal interpuesto por la Conaie para quedarse en la sede.

La división está marcada. Por un lado está la Federación Ecuatoriana de Indios (FEI), la más antigua organización indígena del país creada en 1944, y la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), ambas aliadas al actual régimen, aunque también incluye dirigentes contrarios. En la oposición está la Conaie y sus filiales. Y en el medio, las bases: los indígenas con demandas que el actual régimen ha capitalizado, admiten dirigentes opositores.

Blanca Guillín, de 22 años, retiraba a mediados de enero la hierba de un cultivo de quinua en la comunidad Majipamba, en Colta (Chimborazo), labor por la que gana $ 5 en jornadas de ocho horas. Esta madre soltera sin empleo fijo y que no terminó el bachillerato, cuenta que su hija y ella se atiende gratis en los hospitales públicos.

La etnia indígena concentra aún los mayores índices de pobreza en el país. Según el cálculo oficial, la pobreza por ingresos alcanzó en el 2013 al 50 % de este grupo, el doble del estándar nacional (25,6 %). EL UNIVERSO pidió al INEC los datos sobre la evolución de este indicador por grupos étnicos, pero el organismo rector de las cifras solo proporcionó los datos de los censos del 2001 y 2010.

En el campo algunos indígenas prefieren no participar en los levantamientos, como José Luis Lema, de 38 años, un orador evangélico de Colta (Chimborazo): “Me iba porque los cabildos llevaban (...) pero no de corazón (más bien) como para divertirme como jóvenes”.

Se refiere a las manifestaciones de fines de los ochenta del siglo XX que derivaron en el gran levantamiento de 1990 para conseguir, entre otros planteamientos, el reconocimiento de sus territorios ancestrales. Desde entonces los indígenas le han puesto el rostro a las protestas, al bloqueo de vías y a varios acuerdos con el poder. Pachakutik (PK), el brazo político de la Conaie, ha sido el nexo de algunos de estos pactos.

Pedro de la Cruz, expresidente de la Fenocin, exasambleísta y actual parlamentario andino por AP, cuestiona que los representantes de PK voten en contra de las leyes oficialistas: “Estamos exigiendo leyes a favor del bienestar de los pueblos indígenas, pero también pensando en los ecuatorianos”.

En la otra orilla está Mónica Chuji, quien al inicio del correísmo fue secretaria de Comunicación y ahora está en la oposición. La dirigente amazónica considera que los acercamientos de PK con partidos de diversas tendencias han provocado tensiones en el interior del movimiento indígena: “En su momento han hecho acuerdos, incluso desde cuando empezaron a participar en el 95 en elecciones, han mantenido acuerdos con la derecha para, por ejemplo, captar la Vicepresidencia del Congreso”, manifiesta.

PK tiene una alianza con el movimiento oficialista AP en Chimborazo, acuerdo por el que fue reelegido el actual prefecto de esa provincia, Mariano Curicama, en el 2014.

Leyes como la de Aguas, aprobada en junio del 2014, han provocado algunas de las fragmentaciones en el movimiento indígena. Su aplicación ya deja efectos en Chimborazo. Allí el proyecto de riego Chambo Guano, que incluye a 10.700 usuarios, pasó a ser administrado por el Consejo Provincial luego de estar en manos comunitarias, las llamadas juntas de riego: “No veo ningún cambio con el traspaso”, dice Néstor Chávez, dirigente de la parroquia rural Cebadas, en Guamote.

La Ley de Tierras que se tramita en la Asamblea puso en relieve la oposición de Luis Andrango, de la Red Agraria que es parte de la Fenocin, quien en una disertación en Quito esta semana aseguró que las críticas también deben apuntar al modelo económico que en el campo tiene un sentido de consolidar la agroindustria y las actividades extractivas.

La educación intercultural bilingüe reconocida en 1988 para que la enseñanza se imparta desde el idioma y el saber ancestral de los pueblos y nacionalidades es un logro, que en la actualidad tiene problemas de aplicación en zonas rurales.

Un ejemplo es lo que ocurre en la Unidad Educativa Intercultural Trilingüe Nukanchik Yachay, en la parroquia rural Cebadas, en Guamote (Chimborazo), donde en cinco aulas, una de ellas sin ventanas y con techo parcial de zinc, reciben clases 159 estudiantes, cuenta José, uno de los ocho maestros de este establecimiento.

“De 68 estudiantes pasamos a 159. Debemos impartir kichwa cinco horas semanales, pero necesitamos cuatro aulas más porque el próximo año tiene previsto que funcione el primer año de bachillerato”, afirma José.

Christian Arteaga, catedrático de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), considera que el movimiento indígena está redefiniendo algunos conceptos tras la crisis por la alianza y participación en el régimen de Lucio Gutiérrez.

“Ahora el indígena puede estar en la Asamblea, hacer política pública, pero siempre está estigmatizado en términos de inferioridad social”, dice Arteaga, quien agrega que en esa vinculación, algunos dirigentes se han plegado al modo de funcionamiento de la política mestiza en la que hay corrupción, paternalismo y nepotismo. (I)

Las bases del movimiento indígena coinciden en que ciertos dirigentes han priorizado sus agendas personales. FUENTE: DIARIO EL UNIVERSO.