El informe
documenta 39 casos de riesgo urgente identificados entre julio de 2024 y
mayo de 2026, entre las principales amenazas constan la criminalización, las
intimidaciones, las agresiones, las presiones económicas y el desplazamiento
forzado, situaciones que afectan tanto a las personas defensoras como a la
organización y autonomía de sus comunidades.
Durante
la presentación, las voces de los dirigentes pusieron rostro a una problemática
que atraviesa las fronteras de la Amazonía: La defensa de los territorios
ancestrales frente a los intereses extractivos, la violencia armada y las
economías ilegales.
En ecuador,
dirigentes denuncian criminalización y despojo territorial
Viviana
Calapucha, defensora territorial de Tzawata-Ila-Chukapi, denunció los atropellos
que, según manifestó, enfrenta su comunidad por la presencia de una empresa en
su territorio, explicó que la destrucción de cultivos de cacao y maíz ha
agravado la situación alimentaria de las familias y afirmó que más de 150
familias han sido desplazadas.
“Nos
llaman invasores. Nosotros somos dueños del territorio y tenemos todo el
derecho de estar en este espacio”, expresó Calapucha, al reafirmar que su
comunidad continuará defendiendo el lugar donde ha construido su vida.
Por su
parte, Indira Vargas, vicepresidenta de la Nacionalidad Kichwa de Pastaza
(PAKKIRU), cuestionó la criminalización y estigmatización que, según denunció,
enfrentan dirigentes del movimiento indígena, organizaciones sociales y
defensores de la naturaleza; señaló que estas situaciones generan afectaciones
económicas y dificultan el trabajo organizativo de las comunidades.
La
preocupación también fue expresada por Fanny Kaekat Utitiaj, integrante de la
comunidad Maikiaunts del pueblo Shuar, quien alertó sobre las presiones territoriales
y los impactos de la minería en los ríos.
“No
somos criminales, solo defendemos el territorio”, manifestó la
dirigente, quien hizo un llamado a los organismos internacionales para que
vigilen el cumplimiento de los derechos humanos y colectivos de los pueblos
indígenas.
Oswando
Nenquimo, presidente de la Organización Waorani de Pastaza (OWAP), identificó
la expansión petrolera y minera como dos de las principales preocupaciones para
los pueblos de la Amazonía ecuatoriana; advirtió que, pese a las acciones
legales ganadas por las comunidades, persisten las preocupaciones frente al
avance de proyectos extractivos.
“Nuestra
selva no está a la venta, nuestra selva se defiende”, expresó Nenquimo, al
pedir que la sociedad ecuatoriana y la comunidad internacional acompañen la
defensa de los territorios amazónicos.
Colombia:
Amenazas, desplazamiento y confinamiento
La
situación también golpea a los pueblos indígenas de Colombia, Freddy Piaguaje, dirigente de la Asociación de
Cabildos Indígenas del Pueblo Siona (ACIPS), en Putumayo, relató que su pueblo
enfrenta amenazas, desplazamientos y reclutamiento de jóvenes por parte de
grupos armados.
El
dirigente afirmó que ha recibido amenazas de muerte en tres ocasiones y
describió las dificultades que atraviesan las comunidades para movilizarse en
medio del conflicto armado.
“Uno,
como líder indígena, tiene que hacerle frente a toda esta situación para
defender el territorio, defender a la comunidad, defender a nuestros jóvenes y
niños”,
señaló Piaguaje.
Su
testimonio evidencia los riesgos que enfrentan las autoridades y organizaciones
indígenas cuando buscan proteger a sus comunidades en territorios afectados por
la violencia y las disputas armadas.
Perú: Asesinatos
y falta de justicia
Desde
Perú, el Apu Julio Cusurichi Palacios, integrante del Consejo Directivo de la
Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), denunció
que la defensa de los territorios indígenas continúa exponiendo a los
dirigentes a procesos judiciales, amenazas y asesinatos.
El
representante indígena señaló que, durante los últimos diez años, 38
integrantes de pueblos indígenas fueron asesinados en ese país por defender sus
territorios, según los registros citados en su intervención.
También
alertó sobre las amenazas que enfrentan los pueblos indígenas en aislamiento y
contacto inicial, cuyos territorios están expuestos a presiones y disputas.
Un llamado
urgente a proteger a los pueblos amazónicos
María
Espinosa, defensora de derechos humanos y líder del programa Defender
Defensorxs de Amazon Frontlines, sostuvo que las agresiones contra autoridades,
guardias y liderazgos indígenas afectan a comunidades enteras y debilitan sus
formas de organización y gobierno propio.
El
informe señala que la criminalización mediante mecanismos penales y
administrativos representa el 39,5 % de los registros de amenazas
analizados en los tres países; para Ecuador, el documento identifica la
criminalización como una preocupación especialmente relevante, con un 53,1 % de
las amenazas documentadas en el país.
Frente a
esta realidad, Amazon Frontlines hizo un llamado a los gobiernos de Ecuador,
Colombia y Perú para que investiguen las agresiones, pongan fin a la
persecución de quienes defienden sus territorios y establezcan medidas de
protección colectivas e interculturales, construidas con la participación de
los pueblos indígenas.
La
defensa de la Amazonía no solo representa la protección de la tierra; también
significa cuidar el agua, la biodiversidad, los conocimientos ancestrales y la
continuidad de los pueblos que han mantenido una relación histórica con el
bosque.
Desde
las voces de sus dirigentes, la exigencia es clara: Respeto a los derechos
colectivos, garantías para defender los territorios y condiciones para que las
comunidades amazónicas puedan vivir en paz en su propia casa.
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