Mientras la
Presidencia de la República prepara el reglamento general a la Ley de
Fortalecimiento de los regímenes de seguridad social de las Fuerzas Armadas y
de la Policía, unas 32 demandas de inconstitucionalidad por el fondo y la forma
a la norma se presentaron en la Corte Constitucional.
Las
suscriben decenas de militares en servicio pasivo, y uno en servicio activo, el
general de brigada Luis Lara Jaramillo, que consideran que la nueva ley
desaparece el “régimen especial” y provoca “una regresividad de derechos”.
En
el caso del retiro forzoso, establecido a los 20 años de servicio, plantean que
en “la realidad no es la única razón en la vida militar para el retiro, lo que
vulnera el principio de no regresividad”, señala la demanda presentada por el
pensionista Álvaro Salas.
Se
cuestiona que la reforma a los artículos 22, 23, 27, 63, 92, 93, 95, 110 de la
anterior Ley de Seguridad Social militar “remiten los montos, procesos,
porcentajes, fórmulas de cálculo a la seguridad social general, y
particularmente a decisiones del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social”, con lo que se “vulnera” el régimen especial que establece la
Constitución, artículo 370.
Que
se “disminuyen” para ciertas prestaciones los montos a percibir, como las
pensiones de retiro, invalidez y montepío, subsidio de funerales y distribución
de porcentajes entre derechohabientes.
“La
reforma se aplica con carácter retroactivo y no necesariamente en el sentido
más favorable, al no contar con un adecuado régimen de transición”, cita el
recurso interpuesto por Fabián Arcos.
Los
textos –ingresados entre noviembre y diciembre– coinciden en pedir a la Corte
que suspenda provisionalmente su vigencia y la declare inconstitucional, por
considerar que es “regresiva y violatoria de derechos humanos consagrados en la
Constitución”.
El
representante de los oficiales en el Consejo Directivo del Instituto de
Seguridad Social de Fuerzas Armadas (Issfa), Bolívar Silva, lamenta que no se
haya aprobado el presupuesto del 2017, y tampoco se conocen las finanzas al
cierre del 2016.
“En
noviembre debía reunirse el consejo y aprobar el presupuesto anual, y el plan
operativo para el próximo año. Todo esto hace que no se pueda proyectar”,
comentó.
Considera
que deben revisarse aspectos de la aplicación de la nueva norma como la
transitoria vigésima segunda, que da la posibilidad para que los militares
activos con los grados de soldado, cabo segundo, subteniente o teniente o
equivalentes en cada fuerza puedan pasar voluntariamente al nuevo sistema de
cotización y prestaciones.
Con
ello, podrán decidir acogerse al nuevo porcentaje de aportación, que es el
11,45%.
Según
Silva, en estos grados ahora habría 15 mil personas, y “muchos de ellos dicen
que se cambiarán de sistema para mejorar su sueldo; pero al reducirse su aporte
se generarán problemas de sostenibilidad al Issfa, y además su pensión y
cesantía serán menores”. (I) FUENTE: DIARIO EL UNIVERSO.
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