La Empresa
Nacional Minera (Enami EP) y la chilena Codelco recibieron el visto bueno de la
autoridad ambiental para retomar las actividades de exploración avanzada en el
proyecto cuprífero Llurimagua.
Este proyecto minero está ubicado en las parroquias
García Moreno y Peñaherrera, en el cantón Cotacachi, en Imbabura, y tiene una
superficie de 4 839 hectáreas.
La ministra subrogante del Ambiente, Lorena
Sánchez, aprobó, mediante resolución 864 del 16 de diciembre pasado, el Estudio
de Impacto Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental para la fase de exploración
avanzada de minerales metálicos de Llurimagua.
En la resolución también se otorga la licencia
ambiental a la Enami para la fase de exploración avanzada.
La Enami trabaja en sociedad con Codelco desde el
2011 para el estudio de esta área minera.
Antes también fue conocido como Íntag por estar
cerca del valle del mismo nombre y en años pasados fue denominado proyecto
Junín.
Esta área con potencial minero de cobre y molibdeno
también ha sido ampliamente conocida por el rechazo de varios líderes sociales
a la actividad extractiva.
Compañías como la japonesa Bishimetals y la
canadiense Ascendant Cooper intentaron avanzar hacia la exploración de esos
yacimientos, pero los trabajadores fueron desalojados y sus instalaciones
incendiadas o destruidas.
Pese a ello, se llegaron a realizar 9 739 metros de
perforaciones que buscaban determinar el lugar del yacimiento y una manera
eficiente de explotarlo.
Con la licencia ambiental, la Enami y Codelco
podrán realizar nuevas exploraciones con base en el análisis que dejaron las
anteriores firmas, con miras a determinar si es económicamente factible la
explotación.
La licencia ambiental aprobada consta de 15 puntos
y dispone que la Enami cumpla con el Estudio de Impacto Ambiental y que
mantenga un programa continuo de monitoreo y seguimiento de las medidas
contempladas por el Plan de Manejo Ambiental. Los resultados deberán ser
presentados semestralmente al Ministerio del Ambiente.
También obliga a la Enami a presentar informes
anuales de auditorías ambientales de cumplimiento, en las cuales se incluyan
reportes de cómo se ha realizado la difusión del proyecto a las comunidades.
Además, la empresa minera deberá “ubicar, numerar y
estimar el área de cada uno de los ‘posibles’ pasivos ambientales presentes en
la concesión minera” e incorporar acciones para la restauración integral de
posibles pasivos ambientales.
También, el Ministerio del Ambiente dispuso que no
se podrán realizar actividades de exploración minera en “centros poblados,
cuerpos de agua, relictos de bosque nativo, vías y carreteras, ni en lugares
que afecten al desarrollo cultural y turístico de la zona”.
La autoridad puntualizó además que la Enami deberá
“garantizar que se lleven a cabo los procesos de remediación de todos los
pasivos ambientales” que se pudieran encontrar en el área de concesión.
Por medio de un correo electrónico, el Ministerio del
Ambiente informó a este Diario que aunque la licencia abarca 4 839 hectáreas,
la Enami sólo intervendrá en 700.
Según la autoridad, el borrador del Estudio y Plan
de Manejo Ambiental fue difundido en tres asambleas que se llevaron a cabo en
la zona, a las cuales asistieron 300 personas.
El Ministerio del Ambiente insistió en que la
exploración minera avanzada “es una actividad que no genera impactos
significativos al ambiente, ya que este consiste en hacer estudios geológicos,
con base en perforaciones reducidas en el suelo para tomar muestras
-subterráneas”.
Este procedimiento servirá para determinar la
viabilidad del proyecto y no implica -bajo ningún concepto- construir una mina,
señaló la autoridad.
“El Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo
aprobado por el Ministerio del Ambiente incluye todas las medidas necesarias
para reducir y mitigar todo tipo de afectación al Ambiente, que podrían generar
las actividades de exploración avanzada”, indicó el Ministerio, aunque no
detalló qué tipo de pasivos ambientales se podrían presentar.
Para la obtención de la licencia, la Enami hizo
tres pagos al Ministerio del Ambiente. El primero de USD 320 por servicios
administrativos; el segundo de USD 28 353 por servicio administrativo por
seguimiento y control; y un tercero de USD 3 162 por costos de valoración
económica por la remoción de cobertura vegetal.
Hugo Robalino, presidente de la Asamblea de Unidad
Cantonal de Cotacachi, organización contraria a la actividad minera en el
sector de Íntag, insistió en que las comunidades resistirán a la minería por
los daños que puede causar, e indicó que el Estudio de Impacto Ambiental tiene
errores. FUENTE: http://www.elcomercio.com/actualidad/licencia-ambiental-aprobada-mineria-llumiragua.html
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