Delegados de
la Comisión de Justicia Indígena del
Cañar (Llaktakkuna) visitaron la comunidad de Jalupata, en el cantón Suscal,
sector por donde pasará el Poliducto Pascuales-Cuenca, para conversar con la
población que se siente perjudicada por esta obra.
Durante el recorrido constataron que el Poliducto pasa por el
centro del área poblada y derribará varias casas, afectando zonas de cultivo de
ciclo corto y pasto, además su trazado sobrepone vertientes de agua.
Los comuneros de Jalupata denunciaron que sus
demandas han sido acalladas por varias estrategias que buscan anular su resistencia,
una de ellas es el pago excesivo a las tierras por donde pasa el Poliducto (100
mil dólares), es lo que llaman compra de conciencias en lugares estratégicos de
la provincia para que la construcción siga avanzando, esto ha debilitado la organización ya que sus demandas van más allá del dinero, exigen que la obra no
pase por los centros poblados para minimizar los impactos, sin violentar sus
derechos culturales porque de lo contario se afectaría su territorio ancestral
y tendrían que buscar otros mecanismos de subsistencia.
Hace 4 años exigen respuestas claras a sus pedidos
de cambio en la ruta que llevará el Poliducto, además de programas de
seguridad ambiental y de
indemnizaciones, ya que el Estado sólo
se hará cargo del área por donde pasará la construcción (30 m aprox.), sin
tomar en cuenta el daño integral, pues son 39 comunidades de 8 parroquias de la
provincia del Cañar las afectadas y 236 las viviendas que serán destruidas, a
más de los impactos sociales, económicos y ambientales propios de este tipo de
construcciones.
La Comisión de Justicia Indígena del Cañar (Llaktakkuna) realizará
visitas periódicas a los sectores afectados por la construcción del Poliducto,
para valorar el impacto de la obra, brindar apoyo y asesoría legal y estar en
vigilancia constante para que los derechos de estas comunidades no sean
violentados.
El Dato:
La construcción del Poliducto, financiada en su
totalidad con Presupuesto General del Estado, fue adjudicada a la empresa brasileña Odebrecht por un monto de 369,9
millones de dólares con un plazo de ejecución de 700 días que termina en el
2015; sustituirá al sistema actual de tanqueros y transportará gasolinas súper,
extra, diesel número 2, diesel premium y gas licuado de petróleo (GLP) hacia
las provincias de Azuay, Cañar, Loja, Morona Santiago, Zamora Chinchipe, El
Oro, Guayas y Bolívar, en el sur del país.
Este proyecto, según un boletín de prensa emitido
por EP-Petroecuador el 5 de noviembre de 2013, incluye la instalación de 210 km
de tubería de 8 y 10 pulgadas de diámetro desde el Terminal Pascuales, en la
provincia del Guayas, hasta el Terminal de Cuenca, provincia del Azuay; así
como la construcción de un Terminal de Almacenamiento y Distribución de
Combustibles en La Troncal y tres estaciones de bombeo en los sectores de La
Delicia, Ducur y Charcay, además de la ampliación del Terminal de Cuenca
(Chaullabamba).
OBSERVATORIO DE JUSTICIA Y DERECHOS DE
LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL ECUADOR
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