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jueves, 30 de marzo de 2023

NUEVE JÓVENES DEL MOVIMIENTO GUEVARISTA CONTINÚAN EN LLAMADO A JUICIO POR SUPUESTA TRATA DE PERSONAS


La jueza Ana Lucía Guerrón llamo a juicio a nueve integrantes de la organización Movimiento Guevarista Tierra y Libertad (MGTL), por el presunto delito de trata de personas con fines de reclutamiento para conflicto armado.

 

Patricio Almeida, abogado de los nueve procesados “HIJOS DE MAYO” militantes del Movimiento Guevarista Tierra y Libertad, da a conocer que referente al caso, Fiscalía hasta el momento no ha podido justificar los argumentos por los que fueron detenidos ocho de los nueve procesados el 19 de mayo de 2022.

 

Acogiendo la acusación fiscal, fueron llamados a juicio, que es la etapa previa a la emisión de la sentencia o absolución de los implicados, Ernesto F., Omar C., Gabriela G., Alexis M., Nelly Y., Juan Carlos B., Carlos C., Silverio C y Cristian C.

 

Ernesto, Gabriela y Alexis tienen medidas alternativas a la prisión preventiva como presentación periódica y arresto domiciliario. En tanto que Omar, Juan Carlos, Carlos y Silverio están presos en la cárcel de El Inca, mientras Nelly está detenida en el centro de Cotopaxi.

 

A pesar de que los jueces de Fiscalía habrían mencionado tener las pruebas suficientes para llevar a juicio el caso, no ha existido los elementos de convicción donde diga que los hoy procesados habrían cometido un delito por el cual fueron detenidos.

 

Almeida, señala que hasta el momento se ha realizado la declaración de 16 policías que han seguido el caso, de los cuales ninguno habría presentado pruebas que puedan ir contra los militantes Guevaristas “se les pregunto si vieron planificar algún delito a los procesados y todos testigos manifestaron que no, algo gracioso porque solo dijeron haber visto ir a al restaurante el campero a consumir alimentos”, dijo el jurista.

 

Tras el allanamiento de los domicilios de los procesados, solo se habría encontrado libros del Marxismo, Teología de Liberalismo entre otras obras de literatura algunos de ellos escrito por Ernesto Flores como la obra muy reconocida “LAS GUARICHAS”, pero nada contundente que les pueda involucrar en actos ilícitos como lo conjugaron en la detención.

 

El jurista, sostiene que no existe delito en firme, el único afán seria porque los militantes Guevaristas, realizaban lo que los movimientos sociales realizan trabajo político, actividad que fortalece la organización, en base a esto tampoco lograron sostener pruebas vinculantes.

 

Julián M. uno de los testigos protegidos por Fiscalía, habría sido entrevistado por Andrés Vera hijo del periodista Carlos Vera, en Guamote, acción que para la defensa de los procesados es sorpresa ¿cómo? un testigo protegido puede ser revelado. Quien habría señalado conocer que Rafael Correa expresidente y Andrés Arauz excandidato a la presidencia de Ecuador, así como las guardias indígenas se preparan en la Segunda Marquetalia en Venezuela, además que los acusados habrían viajado a este país, pero nada de esto han logrado comprobar que los procesados tengan vínculos con estos grupos o que hayan estado conformando una guerrilla urbana en Ecuador, como se los acusa de trata de personas con fines de reclutamiento militar para conflictos armados.

 

En este contexto desde el punto de análisis de Patricio Almadia, el caso de los militantes Guevaristas procesados daría una clara lectura de criminalizar la protesta social, en contra de la gente humilde y contrarios a las políticas del actual régimen de gobierno; porque es algo absurdo los escasos argumentos que maneja fiscalía en aras de sostener el supuesto delito al cual se los quieren vincular.

 

“Si los militantes Guevaristas fueran guerrilleros, estarían realizando sus actividades por fuera del marco de la Ley, pero todas sus actividades son públicas donde salen a las manifestaciones con sus banderas, tenían una sede en San Roque que también fue allanada y no encontraron nada más que banderas” señala el abogado defensor.

 

Diego Guarderas, abogado defensor de Silverio Cocha y Carlos Carguachi dos de los procesados oriundos de Chimborazo, sostiene que es confusa la teoría de Fiscalía porque sus testigos han caído en muchas contradicciones en espacial las versiones de los 16 policías que llevaban el caso, donde hay vulneración de derechos porque nunca fueron notificados que están siendo investigados, donde en la versiones de sus testigos no argumenta haber confirmado que los acusados estuvieron realizando actos ilícitos.   

 

Ante la versión de Julián M, menciona que hay una clara intención de involucrar a los procesados con actividades de la Segunda Marquetalia, pero ha fallado su argumento porque en su versión solo señalaría que los procesados han viajado, pero no se dice cuándo ni cómo, además en las declaraciones señalaría que él ha viajado a Colombia, Argentina, pero no confirma a que iba. Lo que existiría es una estrategia desde la justicia para involucrar a los procesados en algo que existe muchas contradicciones. 

 

Además, menciona que sus defendidos están siendo vulnerados derechos porque ellos pueden ser juzgados por las Justicia Indígenas por pertenecer a comunidades indígenas, violando los derechos colectivos contemplados en el Art. 57 de la Constitución. La comunidad San Juan de Tipin del cantón Guamote habría iniciado en el mes de abril de 2022, un procedimiento de justicia indígena para sus dos defendidos por conflicto interno de acuerdo a la cosmovisión indígena, acción que habría sido demostrado al tribunal para que sean absueltos de la justicia ordinaria, sin embargo los jueces del caso no han dado paso, por lo que la comunidad de Tipin por iniciativa propia ha presentado una acción extra ordinaria de protección a la Corte Constitucional por lo que esperan se dé una respuesta favorable.

 

Patricio Almeida, denuncia que existe hostigamiento por parte de la Policía a familiares, allegados y defensores de los procesados, por lo que también se considera violación de derechos causando daños psicológicos.

 

El tercer día de audiencia estaría previsto para el 10 de abril, ya que desde Fiscalía estarían incrementando más testigos por lo que se estima que la audiencia aun continúe, porque no existe pruebas en firme por parte del tribunal, donde se involucre a los procesados por la figura que se les acusa. Aspiran que se considere todas estas inconsistencias del proceso y vulneración de derechos y llegar a demostrar la inocencia de sus defendidos. Para eso se piden objetividad y transparencia de la justicia. 


CONVERSACIÓN CON LOS DEFENSORES DE LOS 9 DETENIDOS DEL MGTL

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