Este
viernes, 20 de mayo del 2022, a las 10:00, la Defensoría del Pueblo del Ecuador
realizará una inspección en el reasentamiento Miduvi de la parroquia Canoa del cantón San Vicente, en Manabí. Esto con
el fin de constatar el cumplimiento de la reparación integral dictada mediante
sentencia, donde se establecen puntos como la dotación de agua en esta zona,
brigadas médicas y campañas de socialización en relación al derecho al agua.
Anteriormente, la organización del reasentamiento Miduvi y
la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) presentaron una
acción de protección por el derecho al agua, en agosto de 2020, en contra del
Gobierno Autónomo Descentralizado de San Vicente y a la EMMAP-EP para que se garantice el derecho a la alimentación,
integridad personal, vida digna e igualdad y no discriminación, así como el
derecho a la salud de las personas que habitan en Canoa.
El recurso
de acción de protección fue aceptado y se establecieron varias medidas de
reparación, entre ellas la dotación inmediata del servicio de agua potable en
determinado horario. Además, como medida de no repetición se estableció que en
caso de producirse daños en las tuberías o líneas de conducción, las dos
instituciones demandadas deberán prestar el servicio de agua potable por parte
de los tanqueros sin costo alguno; y como medida de rehabilitación se dispuso
que la dos entidades a través del Ministerio de Salud Pública gestionen la
visita de una brigada médica especialista en dermatología para dar asistencia
médica a los problemas de salud cutáneos a los pobladores.
“Para
dotar del servicio de agua potable, la EMMAP-EP solicitó a la población de
Canoa que adquiera medidores de agua y a pesar que a menos el 90% de las
personas adquirieron los mismos, los moradores siguen sin recibir agua y se les
cobra por un servicio que no reciben”, explica Dayuma Amores, asesora legal de
Inredh. A esto se suman las denuncias realizadas por las personas de Miduvi, en
las que mencionan que las medidas no han sido cumplidas a cabalidad en la
reparación de la sentencia.
Ante
esto, menciona la jurista “solicitamos una nueva audiencia al Tribunal para conocer
el seguimiento y cumplimiento de la sentencia ”. La petición se realizó
en abril de 2022 y el Tribunal pidió que la DPE visite la zona para constatar
el cumplimiento de la sentencia y también exigió un informe a la EMMAP-EP que
incluya los siguientes datos:
Un
informe Técnico-Comercial del periodo de los dos últimos meses, que especifique
durante qué días no se brindó el servicio con normalidad en los horarios
establecidos en el proceso constitucional, los motivos, y la solución que se
brindó de ser el caso.
- Indicación de si en los dos últimos meses, se ha dotado o no de agua a través de tanqueros.
- Indicación de cuántos medidores están instalados en la ciudadela.
- Indicación de los mejoramientos efectuados a la red de agua potable (en caso de existir)
- Indicación del estado actual en que se encuentran los proyectos para el mejoramiento del servicio.
En ese
sentido, Amores concluye que es primordial exponer la constante violación de
derechos constitucionales a los que han sido sometidos los moradores de la
Urbanización Miduvi. “Esta es la tercera vez que se solicita una audiencia de
revisión de cumplimiento de sentencia, dado que los dos acuerdos previos han
sido incumplidos por parte de las instituciones responsables, por lo que existe
un ambiente de poca confianza de los habitantes del reasentamiento hacia la
EMMAP-EP y el Gobierno Autónomo Descentralizado de San Vicente”.
“Esperamos
que con la visita pueda constatarse la situación y emplear acciones precisas
para el cumplimiento integral de la sentencia. Además, de visibilizar una vez
más el constante hostigamiento del que son víctimas los moradores por levantar
su voz contra las autoridades por la violación de sus derechos”, finaliza la
jurista.
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