Durante el
confinamiento provocado por la pandemia del COVID-19, conversé con David
González, Presidente de la Asociación de Trabajadores Sexuales Masculinos
“GOOVER”, ubicada en la ciudad de Quito. La asociación GOOVER empezó en el año
2004 a tratar el tema de prevención del VIH en población de hombres que tienen sexo con otros hombres.
A partir de entonces, su lucha se fue ampliando, enfocándose en temas de salud
integral, derechos humanos y fuentes alternativas de ingresos; en el 2006 la
asociación GOOVER tuvo su propia personería jurídica.
Esta
asociación es parte de un sindicato de trabajadoras y trabajadores sexuales que
nació a partir del proyecto “La calle en disputa”, formado por una coalición de
personas que ejercen trabajo sexual. Su asociación también es miembro de la
Plataforma Latinoamericana de Personas que Ejercen Trabajo Sexual PLAPERTS, de
la cual David es secretario.
L.S:
¿Cómo se vivió el primer momento de cuarentena entre las personas que ejercen
trabajo sexual autónomo en la ciudad de Quito?
D.G:
Yo le vi como lo peor, yo ya sabía que iba a pasar, una especie de holocausto,
siempre que hay algo fuera de lo habitual afecta principalmente a las
poblaciones más vulnerables, en este caso al trabajo sexual, al comercio
informal y a las personas autónomas en general.
En
nuestra población es muy difícil, tienes que elegir entre dos opciones: o te
mueres de hambre o te mueres de Covid. Entonces las personas que reproducen
este discurso, de clase media, mestiza, de una sociedad que es normada y
clasista, deben reflexionar acerca de todos los seres humanos que habitamos en
el país y en el mundo en general, que vivimos realidades diferentes donde el
"quédate en casa" no aplica.
L.S:
Ante lo que acabas de mencionar ¿Cuáles fueron las medidas que como sindicato
adoptaron?
Lo
primero en una situación como esta es la comida. Las primeras personas que se
vieron con esta necesidad, con el hambre y la preocupación por cómo se van a
conseguir alimentos, fueron lógicamente las personas que ejercen trabajo
sexual, por eso lo primordial fue activarse. Me permito mencionar a Ana Almeida
quien a través del Proyecto Transgénero ha estado gestionando este apoyo y
estas colaboraciones mediante una extensión del proyecto Patrulla Legal que se
llama "Puente Solidario".
Se
han conseguido canastas solidarias de comida y estos kits se han entregado a
las trabajadoras sexuales trans, mujeres y hombres también, esto se ha hecho a
nivel local en la ciudad de Quito pero hay otras redes y plataformas que están
haciendo lo propio en sus respectivas ciudades.
Lamentablemente
el gobierno en sí, que es el que debería buscar este tipo de estrategias y dar
apoyo, no lo ha hecho, ha estado invisible ante esta problemática. Los bonos
que ha dado el gobierno no han llegado a nuestras poblaciones, ya que no
entramos dentro de sus estadísticas o dentro de sus normas de cómo están
entregando esos bonos. Es una crítica hacia a este gobierno que no ha visto la
manera de apoyar e involucrarse, pero no se han visto resultados, el gobierno
no da la cara.
L.S:
¿Cuál es la situación actual de las personas que ejercen trabajo sexual en
contexto de la emergencia sanitaria?
D.G:
La pandemia ha afectado mucho a la práctica sexual en sí, el tema del
distanciamiento social en torno a un trabajo de esta índole, que debe tener un
encuentro o roce físico, ha afectado. No se ha podido hacer el trabajo, ha
bajado drásticamente y ha afectado mucho a las personas en cualquier modalidad
de trabajo sexual, ya sea callejizado o en night clubs o hasta en redes; la
gente ya no contrata y eso ha sido perjudicial para las poblaciones, no se
cuenta con ningún ingreso, a parte el trabajo sexual es informal, no es que
tienes un salario fijo mensual, sino que se vive del día a día y si no trabajas
entonces te puedes morir de hambre.
Actualmente
he escuchado a muchos compañeros que los clientes les dicen te doy 5 dólares o
10 dólares, cuando antes 20 era lo mínimo, con el chantaje de que está pasando
esto y no hay dinero, y que, si queremos ese dinero que aceptemos y sino pues
no contratan el servicio, se ha precarizado el trabajo sexual, de no poder
negociar con clientes y clientas el tema del dinero.
También
se han vulnerado nuestros derechos en el sentido de que te exigen la prueba del
Covid para ejercer y lógicamente son pruebas muy costosas a las cuales el
gobierno no está dando acceso a nuestras poblaciones. Entonces es muy difícil
que del propio dinero de uno se pueda conseguir para estas pruebas, para que se
pueda hacer el trabajo de una manera disciplinada, que la gente vea que no
estamos irrespetando lo que es el distanciamiento social sino que estamos
tomando medidas de seguridad.
Es
una de las medidas que como población estamos de acuerdo en que se debe tener
como protección y seguridad del mismo trabajador sexual y de los clientes y
clientas, es algo bueno que se debe pedir y exigir, pero también tiene que
haber una correlación de parte de las instituciones de salud, gobierno y
Estado. Deben garantizar el acceso efectivo y gratuito a estas pruebas, especialmente
a poblaciones clave, poblaciones vulnerables, ya que la salud debe ser para
todos y todas, y más con personas que estamos en prácticas más riesgosas, con
más contacto humano, como es el trabajo sexual.
L.S:
¿Las pruebas son solo por parte de ustedes? ¿Qué ocurre con los clientes?
Sí,
pero por eso nos estamos organizando en redes, sindicatos y mediante PLAPERTS
trabajando algunas normas, guías y protocolos de bioseguridad. Hemos hecho
cosas muy interesantes como el “coronasutra” que trata de posiciones en las que
tengas contacto lo menos posible con clientes y clientas, también las normas de
protección, guantes, mascarillas, el uso de gel, preservativos, todo lo
necesario.
Sí
sería bueno que el cliente también tuviera la prueba de Covid, se le debería
exigir, pero me parece que se va a hacer igual que en procesos anteriores, como
es el tema de la tarjeta de salud integral, que siempre se ha exigido a las
compañeras mujeres que trabajan en sitios de tolerancia para ver si no tienen
algún tipo de infección o enfermedad. Pero a los clientes no se les exige nada,
entonces no hay seguridad de que el cliente tenga o no tenga, pero sí se exige
a la persona que hace trabajo sexual, entonces al parecer se va a ir por esa
misma vía en este tema de las pruebas referentes al Covid.
L.S:
Como sindicato ¿Qué nuevos protocolos y medidas han pensado tomar para lo que
vendría después del confinamiento?
D.G:
Nosotros estamos activando dentro de las redes, estrategias para poder
continuar haciendo este trabajo, al mismo tiempo también se está promoviendo
mucho desde una manera no abolicionista ni asistencialista el crear otras
fuentes alternativas de ingresos. Se está gestionando la manera de generar
recursos, para crear micro-emprendimientos, también hemos visto el tema de qué
pasaría después del Covid, cuando pase la cuarentena, pero después de esto
estamos conscientes de que no todo va a ser como antes.
Así
que se están viendo nuevas modalidades en torno al trabajo sexual, como el
sexting y las videollamadas, también se está averiguando mucho sobre el tema
legal, ya que en algunos países está penalizado el tema del sex cam, pero aquí
en Ecuador hay un vacío legal al respecto, entonces estamos viendo formas
alternativas vía redes porque es lo que se está usando mucho para ayudar a que
haya el distanciamiento social de las personas, sobre todo de las que realizan
trabajo sexual bajo la modalidad callejizada y que ya no pueden recurrir mucho
a esta modalidad pero sí a lo que es redes y páginas.
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