El gobierno neoliberal
de Moreno, Martínez, Sonnenholzner y Romo, atenta sistemáticamente contra la
vida del pueblo desde el primer día de su mandato y en múltiples dimensiones.
En medio de su manejo desastroso e intencional de la grave crisis humanitaria
que vive el país -con medios y estudios internacionales que declaran que el
Ecuador cuenta con la mayor tasa de mortalidad en América Latina-, se agudiza
el curso de privatizaciones, recortes y despidos masivos perpetrados durante ya
casi tres años. El resultado: un Estado incompetente y disminuido a tal punto,
que se ve incapacitado para sostenerse a sí mismo.
Solo
en el sector de educación, los recortes suman en dos años más de 1.200 millones
de dólares -entre educación básica, secundaria y superior-. La deuda externa ya
era insostenible incluso antes del Covid-19: las medidas de austeridad
impuestas por el FMI y el Banco Mundial llevaron a que más de 500.000 personas
cayeran bajo el umbral de la pobreza en un año. El despido a servidorxs
públicos, entre los cuales se supone el despido a más de 2.500 profesionales de
salud y más de 70.000 docentes, solo en el 2019, se efectuó con un solo
objetivo: reducir al sector de la salud como al de educación, a una capacidad
de insuficiencia e inoperancia orgánica, para poder legitimar su privatización
en beneficio directo de las élites económicas.
Este
panorama se completa con una sociedad que en un 60% sobrevive en la
informalidad o en el subempleo, bajo condiciones laborales precarias e indignas
para cualquier trabajador. Al mismo tiempo, se advierte a nivel global, una
recesión mayor que la que desembocó en la Gran Depresión en los años 30s del
siglo pasado. En el Ecuador, en lugar de proponer un fortalecimiento de las
instituciones públicas para salvaguardar la capacidad de sostener la vida del
pueblo, las élites políticas se preocupan tan sólo por desmantelar las mismas,
en un intento de entregárselas a las élites económicas.
Mientras
el Gobierno Nacional anuncia un paquete aun mayor de austeridad, por medio del
cual se repetirá la ola masiva de despedidos a trabajadorxs públicos, los
titulares de la última semana arrojan un escándalo de corrupción tras otro
respecto a sobreprecios en contratos públicos. Los casos se refieren tanto a la
compra de indumentaria médica, como medicinas y bolsas para cadáveres en
alrededor de 7 hospitales de Guayaquil, Quito, Ibarra, Babahoyo, Ambato,entre
otros, como contratos del gobierno por publicidad por más de 500.000 dólares.
Inclusive saltó la indolencia de la corrupción en sobreprecios en kits
alimenticios.
Los
derechos son producto histórico de la lucha de clase, nunca han sido regalos ni
migajas de las élites para el pueblo. En la lógica del Estado burgués, los
derechos no se encuentran asegurados de manera implícita. Los derechos, como
todos los espacios colectivos, tienen que ser defendidos de forma constante
para ser garantizados y sostenidos por el propio pueblo. La oligarquía sueña
con despojarnos del derecho a la educación, del derecho a la salud y hasta del
derecho a la vida. Para el capitalismo salvaje, la vida no tiene ningún valor,
prima únicamente el interés de acumulación. Lxs que negocian con la vida,
negocian también con la muerte. Tanto lo primero como lo segundo lo demuestra
el accionar inescrupuloso del Gobierno Nacional, al beneficiar a sus acólitos y
aliados con el pago de los bonos, al lucrar tanto de kits alimenticios como de
fundas para cadáveres, y al pretender entregar los derechos de educación y
salud al sector privado y la oligarquía.
Pero
el poder del capital aprieta por todos lados. Desde los organismos
internacionales de chulco, también nos condicionan. Cómo bien recordamos, el
Ministro de Finanzas Martínez, pagó más de 700 millones de dólares a tenedores
de deuda, con la promesa –bastante ingenua- de tener una nueva inyección vía
préstamo para el país. Sin embargo, hasta la fecha, esto no se ha dado. La
respuesta está en que las medidas que tenían que pasar en octubre del año
pasado -y que en legítima resistencia el pueblo impidió que se impongan- eran
uno de los condicionamientos para la nueva inyección. Por lo tanto, ahora, con la
excusa (casi) perfecta de la pandemia, se intenta poner sobre la mesa, una vez
más los recortes a subsidios de combustibles, precarizando cada vez más la vida
del pueblo.
El
confinamiento no nos calla. Los de arriba creen que tienen un ejército de
trabajadorxs de reserva suficientemente sumiso al hambre, cómo para poder
ajustar sin fin. Pero estamos organizando la rabia, preferimos morir en
resistencia, que de sumisión. De hambre no vamos a morir, porque nos tenemos
lxs unxs a lxs otrxs; los sistemas comunitarios de sostén de la vida son cada
vez más y más fuertes, como semillas, nos multiplicamos. Las alianzas campo
ciudad crecen y toman diferentes formas. Lxs estudiantes y maestrxs estamos en
las calles. Poco a poco lxs tantxs trabajadorxs despedidxs van saliendo del
confinamiento. La organización es lo único que nos queda: resistir a las
infamias incontables e insufribles del poder del capital en manos de este
gobierno nefasto. Solo el pueblo salva al pueblo, y ahora es nuestra
oportunidad histórica para darle la vuelta a la tortilla. Fuente: Revista Crisis.
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