Trabajadores en la hacienda del Km 42
que actualmente corre el riesgo de enfrentamiento y desalojo.
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Las organizaciones que
conformamos el Comité de Solidaridad con las víctimas del caso de esclavitud
moderna, alertamos a las autoridades nacionales y a los organismos
internacionales que han ocurrido nuevos hechos que esta vez ponen en riesgo la
vida e integridad de las personas que todavía viven en la hacienda de Furukawa
Plantaciones C.A. del Ecuador ubicada en
el Km 42 de la vía Quevedo – Santo Domingo.
La
vulnerable situación de las víctimas ha empeorado luego de la firma de un
convenio entre la empresa y un supuesto representante de los trabajadores, con
el aval del Estado, en el cual se llega a un acuerdo extrajudicial que supone
nuevas violaciones a los derechos humanos.
El
día 15 de agosto del presente, se firmó un Acta de Mediación No. 00460-2019
CMCCSD entre Iván Segarra Segovia como representante legal de la empresa
Furukawa, el señor Walter Dionicio Sánchez Ramos, como representante de 63
trabajadores agrupados en la Asociación agrícola y ganadera Esperanza de un
Nuevo Amanecer, y la Ab. Elena Acosta como mediadora de la Cámara de Comercio
de Santo Domingo, en el cual la empresa entrega a la Asociación en comodato el
uso del bien. No se detalla cuál hacienda pero conocemos que será la ubicada en
el km 42, con la finalidad de producir exclusivamente abacá por un período de 3
años y medio, cuya producción se entregará en su totalidad a la empresa
Furukawa sin la posibilidad de usar el bien para otra finalidad distinta a la
siembra de abacá y deslindando una vez más de responsabilidad laboral a la
empresa.
Además,
declaran que con este acuerdo se da por terminado cualquier conflicto que pueda
existir entre ellos, se han satisfecho todos sus derechos y renuncian a futuras acciones jurídicas o administrativas
derivadas de relaciones anteriores. Finalmente, declaran apoyarse para defender
el acuerdo y garantizar la posesión del bien incluso con el uso de la fuerza
pública.
En
el Acta de Mediación el supuesto representante de las víctimas agrupadas en la
Asociación en el Acta de mediación se compromete y compromete a las víctimas a:
Resembrar
de Abacá los espacios que no estén producidos, con el apoyo técnico del
Ministerio de Agricultura.
Devolver
el bien luego de los 3 años y medio de uso.
Vender
la fibra exclusivamente a la empresa Furukawa cumpliendo con toda la
legislación tributaria de acuerdo a montos establecidos en el Acta que van de
1700 a 2100 por cada tonelada de fibra.
Cada
miembro de la Asociación debe estar asegurado por su cuenta en el IESS y
declaran que no tienen relación laboral de ningún tipo con la empresa.
Los
miembros de la Asociación no podrán usar el bien para otra actividad que no sea
la producción de abacá, ni podrán usar el bien como vivienda, habitación o
domicilio, por lo que se comprometen abandonar el bien en el plazo de tres
meses, contados a partir del pago de la primera factura por parte de la
empresa.
La
Asociación se compromete a entregar un monto mínimo de toneladas de fibra de
abacá por hectárea y deberá proveer de la seguridad necesaria y permanente
(24/7) para cuidar las máquinas.
La
empresa entrega a la Asociación tres máquinas como préstamo y la Asociación se
compromete a comprar dos más adicionales, que serán pagadas a la empresa en
cuotas. El mantenimiento de las máquinas corre por cuenta de la Asociación.
Declaran
que este acuerdo tiene como finalidad dar por terminado cualquier conflicto que
pudiera existir entre ellos derivados de las relaciones que existían entre los
miembros de la Asociación, la empresa y los arrendatarios. Además, afirman que
se han satisfecho todos sus derechos y que no realizarán acciones judiciales o
administrativas que se puedan derivar por relaciones anteriores que las partes
hayan tenido.
Se
comprometen apoyarse de cualquier forma para defender el acuerdo, para lo cual
emprenderán cualquier acto que sea necesario
para garantizar la posesión del bien a la empresa inclusive con el apoyo
de la fuerza pública.
Declaran
que comparecen y suscriben el acuerdo sin presión o afectación a su voluntad y
renuncian a cualquier reclamo o acción en contra de la mediadora o del Centro
de Mediación.
Frente
a este hecho la CEDHU, CDES y CNC-EA denunciamos públicamente que este convenio
es ilegal, ilegítimo, supone revictimización y nuevas violaciones de derechos
humanos y pone en riesgo a los trabajadores que viven en el km 42 por la
inminente confrontación que el conflicto de intereses pueda generar entre
ellos. Todo esto frente a la impasividad de las autoridades estatales y la
validez que otorga la Cámara de Comercio de Santo Domingo a esta Acta de
Mediación.
La
CEDHU los días 2 de agosto de 2019, 30 de julio de 2019, y 7 de agosto presentó
en la Fiscalía General del Estado,
Defensoría del Pueblo del Ecuador y Ministerio de Gobierno,
respectivamente, un documento en el que un grupo de 85 trabajadores que viven
en las haciendas de Furukawa mayoritariamente en los campamentos de la hacienda
ubicada en el km 42, legitiman a las abogadas María Fernanda Poveda y Patricia
Carrión como sus representantes. Como constan en los expedientes del Ministerio
de Gobierno, estos trabajadores y trabajadoras forman parte de la Asociación
agrícola y ganadera Esperanza de un Nuevo Amanecer, y ya no reconocen a Walter
Sánchez como su representante, por incidentes generados por esta persona que
suponen abuso y violación a sus derechos. En este contexto, el acuerdo suscrito
carece de legitimidad pues Walter Sánchez no representa al conjunto de
trabajadores y trabajadoras que forman legalmente parte de la Asociación.
Algunas
cláusulas del acuerdo referido establecen condiciones que implican renuncia a
derechos, situación que es jurídicamente imposible y por lo tanto el acuerdo
suscrito carece de validez. Este acuerdo constituye uno de los mecanismos
recurrentes usado por la empresa para ocultar las irregularidades e
incumplimientos legales no solo laborales sino que suponen vulneración a
derechos humanos; afectaciones reconocidas
por la Mesa Interinstitucional oficiada por el Ministerio de Gobierno y
sobre las cuales Naciones Unidas se pronunció a través de consultas al Estado
Ecuatoriano. Lo insólito es que el acuerdo es suscrito en presencia de
autoridades públicas y en el centro de mediación de la Cámara de Comercio de
Santo Domingo, luego de que el Estado afirmara, en su respuesta a nueve de los
organismos de Naciones Unidas, que el caso se había resuelto y la reparación
integral era un hecho.
Este
convenio es una reiterada vulneración a los derechos humanos y laborales de los
trabajadores pues suponen condiciones similares a la figura de esclavitud
moderna denunciada desde hace meses ante autoridades nacionales, lo cual supone
revictimización y una burla de la empresa frente a todo lo sucedido. La
obligación de entregar la fibra únicamente a la empresa, entregar un monto
mínimo de fibra por hectárea y el uso exclusivo para la siembra de abacá, son
condiciones que atentan a los derechos laborales y humanos.
La
CEDHU el día 16 de agosto de 2019, informó a las autoridades de la Fiscalía
General del Estado y Defensoría del Pueblo que la firma de este convenio puede
significar conflictos entre los trabajadores a quienes representa la CEDHU y
aquellos a quienes representa Walter Sánchez, ambos grupos son parte de la
Asociación agrícola y ganadera Esperanza de un nuevo amanecer y muchos de ellos
viven en el km 42. Este hecho es uno de los más preocupantes en este momento,
pues es evidente un intento de desalojo y por lo tanto posibles actos de violencia
que ponen en riesgo la integridad y vida de nuestros representados.
Alertamos
a la comunidad nacional e internacional que el caso de las víctimas de
esclavitud moderna perpetrado por la empresa Furukawa, lejos de tener una
resolución en derecho y justicia propiciada por el Estado, ahora más que nunca
se agrava y complejiza a tal punto de llegar a posibles enfrentamientos entre
los propios trabajadores, mientras las autoridades del Estado no realizan
acciones para lograr la reparación integral.
Responsabilizamos
a las autoridades estatales por la omisión sistemática de su obligación de
garantizar la vigencia de los derechos humanos y sanciones a la empresa
infractora, por actuar en complicidad con la empresa para nuevamente violar
derechos, garantizar la perpetuidad del conflicto y propiciar nuevos hechos que
ponen en riesgo a las víctimas.
Los
integrantes del Comité de Solidaridad estaremos atentos para denunciar
cualquier acto de abuso de poder y uso de la fuerza pública por parte de la
empresa para desalojar a los trabajadores del km 42 o de cualquier otra
hacienda de la empresa. Llamamos a las autoridades del Ministerio de Gobierno y
la Fiscalía General del Estado a intervenir de inmediato para evitar estos
conflictos y garantizar el respeto a los Derechos Humanos de los agricultores
que han sido víctimas de la empresa Furukawa desde 1963.
CEDHU, CDES, CNC-EA
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