LA CONSULTA ATERRIZA EN 15 ARTÍCULOS

Dos leyes y un decreto ejecutivo, emitido la tarde del viernes, dan luz verde al cumplimiento de la consulta popular. La Asamblea recibió los dos proyectos.

La consulta se materializa. El presidente Lenín Moreno cumplió el viernes su parte para la ejecución de lo decidido en la consulta popular. Por la tarde, envió dos proyectos de ley a la Asamblea Nacional y emitió un decreto ejecutivo.

“Cumpliendo con el mandato popular, he emitido el Decreto 314 para nombrar una comisión presidida por el ministro de Ambiente, Tarsicio Granizo, que incremente y determine la zona intangible de conservación, de acuerdo con la pregunta 7 de la consulta popular”, dijo el mandatario en su cuenta de Twitter.

Dicho decreto establece que se incremente en 50.000 hectáreas “la zona intangible de conservación”. El texto menciona a los no contactados huaoranis.

El mismo decreto determina que tres ministerios, en 120 días, definirán y delimitarán los nuevos máximos para la explotación de crudo en el Parque Nacional Yasuní.

La construcción de los límites contará con la participación de grupos sociales y ambientalistas. Moreno ordenó que los ministros integrantes de la comisión inviten a “actores relevantes” que puedan ofrecer insumos para cumplir con lo apoyado en las urnas.

Ambiente, Justicia e Hidrocarburos comenzarán las reuniones de trabajo esta semana porque los 120 días de plazo ya están corriendo. El Ministerio de Finanzas también será parte del trabajo porque debe proporcionar recursos económicos.

Otro mandato de la consulta fue la eliminación de la Ley de Plusvalía que impulsó el gobierno de Rafael Correa. Moreno entregó en la Asamblea un proyecto con un solo artículo para derogar la normativa correísta.

“Deróguese la Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de las Tierras y Fijación de Tributos, publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial 913 de fecha 30 de diciembre de 2016”, dice el único artículo del proyecto que deberá ser analizado por la Comisión Ocasional que trabajará en viabilizar los resultados de la consulta. Esa mesa legislativa tiene diez integrantes que se reunirán, por primera vez, mañana (ver cuadro).

El segundo proyecto que envió Moreno a la Asamblea es más amplio, tiene 14 artículos y define la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

EXPRESO detalla los principales cambios que se disponen en el cuerpo legal.

Elecciones

1. Es el principal cambio. Los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana tendrán que pasar varias etapas para llegar al cargo. Actualmente se realiza un concurso de méritos y oposición que durante la época de Rafael Correa fue duramente criticado.

Ahora, las organizaciones sociales propondrán a sus aspirantes a consejeros. Ellos deberán pasar un concurso de méritos y oposición organizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Los mejor puntuados irán a votación popular. Es decir, ganarán su espacio en las urnas.

Trayectoria

2. Los postulantes, según el proyecto de ley, deberán acreditar trayectoria en organizaciones sociales y tener un “reconocido prestigio” en la lucha contra la corrupción. Entre las prohibiciones está que sean afiliados a movimientos y partidos políticos durante los últimos cinco años.

Si llegan al Consejo, los miembros podrán ser reelegidos una sola vez, luego de ganar un nuevo concurso de méritos.

Campaña

3. Los partidos y movimientos políticos no podrán de ninguna forma hacer campaña en el proceso electoral.

Posesión

4. El escenario ideal es que 28 postulantes superen las pruebas del CNE y pasen a la etapa de elecciones. Los siete candidatos con mayor votación serán designados consejeros principales. Los siguientes siete serán los miembros suplentes.

Según la normativa, las elecciones deberán coincidir con las de alcaldes, prefectos y juntas parroquiales. Los triunfadores serán posesionados por la Asamblea Nacional el 14 de mayo.

Presidencia

5. Para la elección de autoridades dentro del Consejo de Participación, como ahora, se respetará el género y se buscará paridad. La presidencia y la vicepresidencia tendrán dos años de duración.

Transición

6. La única Disposición Transitoria del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para la aplicación de la pregunta 3 del referéndum celebrado el 4 de febrero de 2018, establece y delimita las funciones que tendrá el consejo transitorio que debe iniciar funciones pronto.

Según la propuesta de Moreno, la entidad temporal tendrá seis meses para evaluar a todas las autoridades que fueron designadas, con más de un cuestionamiento de grupos y organismos de la sociedad civil, por el todavía Consejo en funciones. Como versaban los anexos de la consulta, la terminación anticipada de funciones es una vía legal que se considerará si el sujeto de control en cuestión incumplió con las asignaciones fijadas en su cargo.

En la Asamblea

7. A excepción de los asambleístas correístas (que integran el autodenominado movimiento Revolución Ciudadana), la mayoría de legisladores apoyaron la consulta popular y ahora esperan que la decisión en las urnas se convierta en realidad.

Guillermo Celi, asambleísta de SUMA e integrante de la Comisión Ocasional, dijo a EXPRESO que sus colegas trabajarán de forma ágil para cumplir el “mandato ciudadano”. El lunes por la tarde discutirán los dos textos que deben tramitar en menos de 45 días.

Daniel Mendoza, también parte de la comisión y legislador de PAIS, durante la sesión del Pleno del jueves 15 de febrero resaltó que “siete de cada 10 ecuatorianos apoyaron el cese de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana”. Ese será el eje de su labor en la mesa ocasional.

La consulta se materializa. El presidente Lenín Moreno cumplió el viernes su parte para la ejecución de lo decidido en la consulta popular. Por la tarde, envió dos proyectos de ley a la Asamblea Nacional y emitió un decreto ejecutivo.

“Cumpliendo con el mandato popular, he emitido el Decreto 314 para nombrar una comisión presidida por el ministro de Ambiente, Tarsicio Granizo, que incremente y determine la zona intangible de conservación, de acuerdo con la pregunta 7 de la consulta popular”, dijo el mandatario en su cuenta de Twitter.

Dicho decreto establece que se incremente en 50.000 hectáreas “la zona intangible de conservación”. El texto menciona a los no contactados huaoranis.

El mismo decreto determina que tres ministerios, en 120 días, definirán y delimitarán los nuevos máximos para la explotación de crudo en el Parque Nacional Yasuní.

La construcción de los límites contará con la participación de grupos sociales y ambientalistas. Moreno ordenó que los ministros integrantes de la comisión inviten a “actores relevantes” que puedan ofrecer insumos para cumplir con lo apoyado en las urnas.

Ambiente, Justicia e Hidrocarburos comenzarán las reuniones de trabajo esta semana porque los 120 días de plazo ya están corriendo. El Ministerio de Finanzas también será parte del trabajo porque debe proporcionar recursos económicos.

Otro mandato de la consulta fue la eliminación de la Ley de Plusvalía que impulsó el gobierno de Rafael Correa. Moreno entregó en la Asamblea un proyecto con un solo artículo para derogar la normativa correísta.

“Deróguese la Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de las Tierras y Fijación de Tributos, publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial 913 de fecha 30 de diciembre de 2016”, dice el único artículo del proyecto que deberá ser analizado por la Comisión Ocasional que trabajará en viabilizar los resultados de la consulta. Esa mesa legislativa tiene diez integrantes que se reunirán, por primera vez, mañana (ver cuadro).

El segundo proyecto que envió Moreno a la Asamblea es más amplio, tiene 14 artículos y define la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

EXPRESO detalla los principales cambios que se disponen en el cuerpo legal.

ELECCIONES

1. Es el principal cambio. Los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana tendrán que pasar varias etapas para llegar al cargo. Actualmente se realiza un concurso de méritos y oposición que durante la época de Rafael Correa fue duramente criticado.

Ahora, las organizaciones sociales propondrán a sus aspirantes a consejeros. Ellos deberán pasar un concurso de méritos y oposición organizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Los mejor puntuados irán a votación popular. Es decir, ganarán su espacio en las urnas.

TRAYECTORIA

2. Los postulantes, según el proyecto de ley, deberán acreditar trayectoria en organizaciones sociales y tener un “reconocido prestigio” en la lucha contra la corrupción. Entre las prohibiciones está que sean afiliados a movimientos y partidos políticos durante los últimos cinco años.

Si llegan al Consejo, los miembros podrán ser reelegidos una sola vez, luego de ganar un nuevo concurso de méritos.

CAMPAÑA

3. Los partidos y movimientos políticos no podrán de ninguna forma hacer campaña en el proceso electoral.

POSESIÓN

4. El escenario ideal es que 28 postulantes superen las pruebas del CNE y pasen a la etapa de elecciones. Los siete candidatos con mayor votación serán designados consejeros principales. Los siguientes siete serán los miembros suplentes.

Según la normativa, las elecciones deberán coincidir con las de alcaldes, prefectos y juntas parroquiales. Los triunfadores serán posesionados por la Asamblea Nacional el 14 de mayo.

PRESIDENCIA

5. Para la elección de autoridades dentro del Consejo de Participación, como ahora, se respetará el género y se buscará paridad. La presidencia y la vicepresidencia tendrán dos años de duración.

TRANSICIÓN

6. La única Disposición Transitoria del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para la aplicación de la pregunta 3 del referéndum celebrado el 4 de febrero de 2018, establece y delimita las funciones que tendrá el consejo transitorio que debe iniciar funciones pronto.

Según la propuesta de Moreno, la entidad temporal tendrá seis meses para evaluar a todas las autoridades que fueron designadas, con más de un cuestionamiento de grupos y organismos de la sociedad civil, por el todavía Consejo en funciones. Como versaban los anexos de la consulta, la terminación anticipada de funciones es una vía legal que se considerará si el sujeto de control en cuestión incumplió con las asignaciones fijadas en su cargo.

EN LA ASAMBLEA

7. A excepción de los asambleístas correístas (que integran el autodenominado movimiento Revolución Ciudadana), la mayoría de legisladores apoyaron la consulta popular y ahora esperan que la decisión en las urnas se convierta en realidad.

Guillermo Celi, asambleísta de SUMA e integrante de la Comisión Ocasional, dijo a EXPRESO que sus colegas trabajarán de forma ágil para cumplir el “mandato ciudadano”. El lunes por la tarde discutirán los dos textos que deben tramitar en menos de 45 días.

Daniel Mendoza, también parte de la comisión y legislador de PAIS, durante la sesión del Pleno del jueves 15 de febrero resaltó que “siete de cada 10 ecuatorianos apoyaron el cese de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana”. Ese será el eje de su labor en la mesa ocasional. Fuente: Diario El Expreso.