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lunes, 16 de octubre de 2017

CONSULTA POPULAR ¿SE VAN LAS MINAS?

La pregunta 6 de la consulta popular aparenta una perspectiva ecologista del problema minero. Pero deja muchos cabos sueltos.

ROBERTO AGUILAR

La pregunta número 6 de la consulta popular, sobre el tema de la minería en áreas protegidas, no resuelve el problema de la ubicación de las concesiones: lo posterga. Y deja intocados los conflictos causados por la presencia de las compañías mineras, con respaldo del Estado como lo reconoce el propio texto de justificación de la pregunta redactado por la Presidencia.

En caso de ganar el Sí, el anexo de la pregunta estipula una enmienda constitucional y una reforma al Código Orgánico del Ambiente. La Constitución de Montecristi ya prohíbe la extracción minera en zonas protegidas, pero establece una excepción: el presidente de la República podrá solicitarla fundamentadamente por razones de “interés nacional”. Esta facultad presidencial quedaría abolida con la enmienda planteada en la consulta.

En cuanto a la reforma del Código del Ambiente, se propone prohibir la minería “dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y en zonas declaradas como intangibles”.

Problema: ninguno de los grandes proyectos de minería que han producido conflictividad social en el Ecuador (Fruta del Norte, Panantza-San Carlos, Cóndor Mirador, Quimsacocha, Río Blanco) consta en el mapa oficial del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ministerio del Ambiente. Por tanto, con excepción de unas pequeñas zonas de intersección entre Fruta del Norte y el refugio de vida silvestre La Zarza, en Zamora Chinchipe, las grandes minas quedarían, en principio, intocadas.

Queda por resolverse la definición de “zonas intangibles” por fuera del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. ¿Lo son, por ejemplo, las zonas de amortiguamiento? ¿Las consideradas reservas de la biósfera? ¿Los páramos, humedales y fuentes de agua? El Código del Ambiente, que entrará en vigencia en enero, no lo establece. Y la redacción de su reglamento, donde este problema podría ser absuelto, ha quedado para después de la consulta.

La militancia antiminera está en alerta. Proyectos como el de Río Blanco (Azuay) albergan humedales, páramos, lagunas y bosques primarios, o se intersecan con zonas de amortiguamiento de parques nacionales (en este caso, El Cajas). Fruta del Norte, una de las reservas de oro más grandes del planeta, limita directamente con la reserva La Zarza y ocupa parte del bosque protector de la cordillera del Cóndor, donde “se encuentran nacimientos y fuentes de agua”, según determinó un informe de Contraloría fechado en 2015.

A la Contraloría le preocupa la informalidad en el cumplimiento de requisitos que caracterizó el proceso de concesión de las minas de Fruta del Norte y Panantza-San Carlos: falta de permisos ambientales, información incompleta sobre procedimientos de evacuación de desechos, aprovechamiento forestal, protocolos para el uso del agua... Más aún: imprecisión (cuando no manipulación) de mapas y coordenadas.

Yaku Pérez Guartambel, líder de la resistencia antiminera en Azuay, cree que la propuesta electoral de Guillermo Lasso para suprimir toda actividad minera por encima de los 2.800 metros era más radical y efectiva que la pregunta de Lenín Moreno. Y los militantes de Acción Ecológica se preparan para la batalla constitucional que habrá que librar por cada una de estas zonas una vez aprobada la consulta.

El otro problema intocado con la consulta es la conflictividad social producida por la actividad minera. Algunas de las empresas concesionarias (la china Ecuacorriente, por ejemplo, o la sueco-canadiense Aurelian, membrete ecuatoriano de Lundin Gold) no se caracterizan, precisamente, por una hoja de vida limpia en relación con sus responsabilidades ambientales y sus métodos de interacción con la sociedad.

La concesión de terrenos no siguió los protocolos que exigen los proyectos estratégicos: no se delimitó un área de interés nacional ni hubo procesos justos, abiertos y públicos de indemnización. Por el contrario, tal como ha documentado Acción Ecológica con multitud de contratos de compraventa, las compañías actuaron a través de testaferros que compraron a los campesinos sus tierras a precios risibles, con el engaño de que servirían para desarrollar proyectos que darían empleo a los habitantes. Hoy los antiguos propietarios han vuelto y se han producido brotes de violencia que Rafael Correa afrontó con la militarización de la zona.

Ya que la justificación de la pregunta reconoce que “se creó una serie de desigualdades institucionalizadas desde el propio Estado”, ¿se tiene previsto un sistema de compensaciones para la población afectada? Hasta ahora, la política del Estado ecuatoriano en la cordillera del Cóndor ha consistido en establecer la ley del viejo oeste, con incursiones armadas, listas de más buscados, recompensas y persecución de líderes indígenas. ¿Continuará Lenín Moreno con estas prácticas?

De la lista negra a la cordillera del Cóndor

Lundin Gold (Aurelian en el Ecuador) es una de las doce corporaciones mineras pertenecientes a Lundin Group, un consorcio sueco-canadiense que opera en todo el mundo y se hizo famoso por su falta de escrúpulos. En los 90, Naciones Unidas lo incluyó en su lista negra de empresas transnacionales por sus escandalosas operaciones en África.

Sobre Lundin pesan acusaciones de violación de derechos humanos, devastación de la naturaleza, corrupción, financiamiento de guerras tribales, colaboración con gobiernos sanguinarios como los de Mugabe, Mobuto, Al Assad... Acciones inescrupulosas en Congo, Sudán del Sur y la Sudáfrica del ‘apartheid’.

En América Latina incumplió durante 15 años todas las normas sobre el uso de agua fresca en la operación de la mina de cobre La Candelaria, en Chile. Sin embargo, Rafael Correa le abrió las puertas de Carondelet, lo convirtió en socio estratégico y le entregó 860 kilómetros cuadrados de selva virgen al este del Nangaritza. Entre ellas, la joya de la corona: Fruta del Norte. Fuente: Diario el expreso.

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