La
pregunta 6 de la consulta popular aparenta una perspectiva ecologista del
problema minero. Pero deja muchos cabos sueltos.
ROBERTO AGUILAR
La pregunta número 6 de
la consulta popular, sobre el tema de la minería en áreas protegidas, no
resuelve el problema de la ubicación de las concesiones: lo posterga. Y deja
intocados los conflictos causados por la presencia de las compañías mineras,
con respaldo del Estado como lo reconoce el propio texto de justificación de la
pregunta redactado por la Presidencia.
En caso de ganar el Sí,
el anexo de la pregunta estipula una enmienda constitucional y una reforma al
Código Orgánico del Ambiente. La Constitución de Montecristi ya prohíbe la
extracción minera en zonas protegidas, pero establece una excepción: el
presidente de la República podrá solicitarla fundamentadamente por razones de “interés
nacional”. Esta facultad presidencial quedaría abolida con la enmienda
planteada en la consulta.
En cuanto a la reforma
del Código del Ambiente, se propone prohibir la minería “dentro del Sistema
Nacional de Áreas Protegidas y en zonas declaradas como intangibles”.
Problema: ninguno de
los grandes proyectos de minería que han producido conflictividad social en el
Ecuador (Fruta del Norte, Panantza-San Carlos, Cóndor Mirador, Quimsacocha, Río
Blanco) consta en el mapa oficial del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del
Ministerio del Ambiente. Por tanto, con excepción de unas pequeñas zonas de
intersección entre Fruta del Norte y el refugio de vida silvestre La Zarza, en
Zamora Chinchipe, las grandes minas quedarían, en principio, intocadas.
Queda por resolverse la
definición de “zonas intangibles” por fuera del Sistema Nacional de Áreas
Protegidas. ¿Lo son, por ejemplo, las zonas de amortiguamiento? ¿Las
consideradas reservas de la biósfera? ¿Los páramos, humedales y fuentes de
agua? El Código del Ambiente, que entrará en vigencia en enero, no lo
establece. Y la redacción de su reglamento, donde este problema podría ser
absuelto, ha quedado para después de la consulta.
La militancia
antiminera está en alerta. Proyectos como el de Río Blanco (Azuay) albergan
humedales, páramos, lagunas y bosques primarios, o se intersecan con zonas de
amortiguamiento de parques nacionales (en este caso, El Cajas). Fruta del
Norte, una de las reservas de oro más grandes del planeta, limita directamente
con la reserva La Zarza y ocupa parte del bosque protector de la cordillera del
Cóndor, donde “se encuentran nacimientos y fuentes de agua”, según determinó un
informe de Contraloría fechado en 2015.
A la Contraloría le
preocupa la informalidad en el cumplimiento de requisitos que caracterizó el
proceso de concesión de las minas de Fruta del Norte y Panantza-San Carlos: falta
de permisos ambientales, información incompleta sobre procedimientos de
evacuación de desechos, aprovechamiento forestal, protocolos para el uso del
agua... Más aún: imprecisión (cuando no manipulación) de mapas y coordenadas.
Yaku Pérez Guartambel,
líder de la resistencia antiminera en Azuay, cree que la propuesta electoral de
Guillermo Lasso para suprimir toda actividad minera por encima de los 2.800
metros era más radical y efectiva que la pregunta de Lenín Moreno. Y los
militantes de Acción Ecológica se preparan para la batalla constitucional que
habrá que librar por cada una de estas zonas una vez aprobada la consulta.
El otro problema
intocado con la consulta es la conflictividad social producida por la actividad
minera. Algunas de las empresas concesionarias (la china Ecuacorriente, por
ejemplo, o la sueco-canadiense Aurelian, membrete ecuatoriano de Lundin Gold)
no se caracterizan, precisamente, por una hoja de vida limpia en relación con
sus responsabilidades ambientales y sus métodos de interacción con la sociedad.
La concesión de
terrenos no siguió los protocolos que exigen los proyectos estratégicos: no se
delimitó un área de interés nacional ni hubo procesos justos, abiertos y
públicos de indemnización. Por el contrario, tal como ha documentado Acción
Ecológica con multitud de contratos de compraventa, las compañías actuaron a
través de testaferros que compraron a los campesinos sus tierras a precios
risibles, con el engaño de que servirían para desarrollar proyectos que darían
empleo a los habitantes. Hoy los antiguos propietarios han vuelto y se han
producido brotes de violencia que Rafael Correa afrontó con la militarización
de la zona.
Ya que la justificación
de la pregunta reconoce que “se creó una serie de desigualdades institucionalizadas
desde el propio Estado”, ¿se tiene previsto un sistema de compensaciones para
la población afectada? Hasta ahora, la política del Estado ecuatoriano en la
cordillera del Cóndor ha consistido en establecer la ley del viejo oeste, con
incursiones armadas, listas de más buscados, recompensas y persecución de
líderes indígenas. ¿Continuará Lenín Moreno con estas prácticas?
De
la lista negra a la cordillera del Cóndor
Lundin Gold (Aurelian
en el Ecuador) es una de las doce corporaciones mineras pertenecientes a Lundin
Group, un consorcio sueco-canadiense que opera en todo el mundo y se hizo
famoso por su falta de escrúpulos. En los 90, Naciones Unidas lo incluyó en su
lista negra de empresas transnacionales por sus escandalosas operaciones en
África.
Sobre Lundin pesan
acusaciones de violación de derechos humanos, devastación de la naturaleza,
corrupción, financiamiento de guerras tribales, colaboración con gobiernos
sanguinarios como los de Mugabe, Mobuto, Al Assad... Acciones inescrupulosas en
Congo, Sudán del Sur y la Sudáfrica del ‘apartheid’.
En América Latina
incumplió durante 15 años todas las normas sobre el uso de agua fresca en la
operación de la mina de cobre La Candelaria, en Chile. Sin embargo, Rafael
Correa le abrió las puertas de Carondelet, lo convirtió en socio estratégico y
le entregó 860 kilómetros cuadrados de selva virgen al este del Nangaritza.
Entre ellas, la joya de la corona: Fruta del Norte. Fuente: Diario el expreso.
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