En la Constitución de
1998, las Fuerzas Armadas tenían como una de sus misiones fundamentales la garantía
del ordenamiento jurídico del Estado, es decir, de la democracia. Es posible
que esa noción sea una herencia del proceso de transición a la democracia de
1978, cuando las FF.AA. acordaron entregarle la conducción del Estado a un
Gobierno civil elegido en las urnas.
Superado
el trauma de la dictadura y de destituciones de presidentes que perdían el
apoyo militar, en la Constitución de 2008 se evitó una redacción que diera
lugar a malentendidos: las Fuerzas Armadas no son árbitros en el sistema
democrático. Sin embargo, se los vinculó a otros conceptos.
El
artículo 158 establece que las Fuerzas Armadas, así como la Policía Nacional,
son “instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías
ciudadanos”. Ese rol es fundamental y tiene un vínculo con el proceso
electoral. Según el jurista Pablo Játiva, la responsabilidad que tienen las
FF.AA. consiste en preservar “la integridad del voto y de los documentos
electorales”.
El
excomandate de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) Oswaldo Domínguez recuerda
que, bajo el régimen constitucional anterior a Montecristi, sin necesidad de
acuerdos interinstitucionales, las Fuerzas Armadas cumplían a cabalidad con la
garantía del proceso electoral.
Él
piensa que el hecho de que la Constitución vigente no les entregue la garantía
de las elecciones, “no significa que no tengan la responsabilidad de garantizar
la pureza y la transparencia de un proceso en donde se está poniendo en juego
el más grande derecho que tiene el ciudadano, que es elegir a sus representantes”.
Domínguez
critica que ahora existan varias instituciones que compartan rel resguardo del
material electoral, “porque se generan áreas grises, donde se puede romper una
cadena de custodia”.
Esto,
en referencia a la participación de la Policía Nacional y de la empresa Montgar
(encargada de la integración de los paquetes electorales) con las Fuerzas
Armadas en la cadena de custodia de la primera vuelta electoral. “No estoy en
contra de la Policía ni de la empresa, sino que un proceso con diferentes responsables
es más permeable”, señaló.
En
opinión de Jorge Acosta, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, la
garantía del proceso electoral le corresponde en esencia a la autoridad
electoral, en este caso el Consejo Nacional Electoral. El papel de Fuerzas
Armadas, dice él, es el de brindar “la seguridad y la custodia al material
electoral”, en todos los momentos del proceso: impresión, integración de
paquetes electorales, traslado a juntas receptoras del voto, sufragio,
escrutinio y proclamación de resultados. (MMD) FUENTE: DIARIO LA HORA.
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