lunes, 28 de noviembre de 2016

JUSTICIA INDÍGENA: ¿CASTIGO FÍSICO O BÚSQUEDA DE ARMONÍA?

Juristas indígenas reivindican la aplicación de costumbres para sancionar infracciones. En la Corte Constitucional hay un pedido de interpretación
Jaime Olivo, miembro de la parroquia Zumbahua y exfiscal de Asuntos Indígenas, recuerda con cariño a su hermano asesinado en mayo de 2010 en la comunidad de la Cocha, en Cotopaxi. Su hermano Marco, el último de siete, apareció colgado con su cinturón en un poste de la plaza central.

Los cinco sospechosos de la muerte fueron ubicados y llevados ante la justicia indígena. Fue uno de los casos más graves registrados en la Cocha. Recibieron castigos físicos mientras se hacían las averiguaciones. Para el Estado no fue justicia, sino maltrato y tortura.

El caso (que pasó a la justicia ordinaria y luego a la Corte Constitucional) abrió el debate sobre la aplicación de la justicia indígena. Un debate que aún no tiene solución.

La Corte todavía tiene que resolver una acción de interpretación constitucional al artículo 171, presentada en 2010 por el presidente Rafael Correa. El martes 22 se había programado una audiencia para que el mandatario sustente su pedido. Él quiere que se precise la aplicación y alcances de la justicia indígena con respecto a la ordinaria. La diligencia se suspendió y mantiene alerta a los indígenas. Aún no hay nueva convocatoria.

Raúl Ilaquiche, experto en justicia indígena y derecho constitucional, insiste en que la Corte no tiene nada que resolver porque su propia sentencia sobre el caso de la Cocha reconoció las competencias y jurisdicción de la justicia indígena.

¿Qué es la justicia indígena? Ilaquiche dice que son los procedimientos y autoridades de cada comunidad, nacionalidad y pueblo indígena. Está basada en las costumbres, los derechos consuetudinario y propio. Es una vía para solucionar conflictos internos. Oficialmente, está reconocida en la Constitución. La sentencia de la Corte hizo una previsión: excluyó la aplicación a conflictos que atenten contra la vida.

¿Cuántas clases de justicia indígena hay? Depende de los pueblos y nacionalidades, dice Ilaquiche. En la Sierra, los 16 pueblos reconocidos son quichuas y con su propia autoridad. En la Costa y Amazonía existen, al menos, 12 nacionalidades y cada una tiene su procedimiento.

Para ellos, sus autoridades son quienes conducen a la comunidad o al pueblo. El presidente, vicepresidente, secretario o tesorero integran el consejo de gobierno. Pero ellos no resuelven los casos que van a su conocimiento, sino que guían las investigaciones. Es la asamblea, integrada por miembros de la comunidad, cientos o miles, la que adopta la decisión final. Las autoridades recogen las intervenciones. Y deben asegurarse de que se cumplan todos los “pasos”.

Son cinco: Willakina, Tapuna, Chimbapurana, Pactachina y Quishpichina (ver gráfico).

Hay casos que se resuelven en pocas horas, en un día, varios días, una semana y hasta un mes, si la persona escapó. Para su ubicación las autoridades cuentan con comisiones de búsqueda.

La solución, explican los expertos, no se toma por sugerencia de unos pocos. Se debate, se fundamenta y adopta una resolución conjunta. Las partes se defienden, intervienen los sospechosos, sus familiares, compadres, hijos, hermanos, ejercen el derecho al debido proceso. Al menos, eso dicen los defensores de la justicia indígena.

Ellos aseguran que el fin de este procedimiento es restablecer la armonía en la comunidad. No busca privar de la libertad. Ilaquiche explica que, según la cosmovisión indígena, si la persona comete un delito está enferma y debe ser curada.

La crítica, sin embargo, suele estar asociada a los castigos físicos. ¿Cuáles son? Baños en agua helada, golpes con ortigas en el cuerpo, azotes con el fuete, cargar quintales de piedras o tierra por cuatro o cinco horas. Todo mientras el sospechoso está desnudo y camina en el centro de la plaza pública de la comunidad.

El exfiscal Fernando Lara cree que el punto está en establecer con claridad el límite entre la justicia ordinaria y la indígena. FUENTE: DIARIO EL EXPRESO.

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