En la
actualidad, el proyecto de Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales se
encuentra en la segunda fase de la consulta prelegislativa. La Comisión de
Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional está celebrando audiencias por
todas las provincias del país, recabando opiniones y propuestas de los pueblos
indígenas, afrodescendientes y montubios. Aprovechamos este momento de debate
para conversar sobre este proyecto de ley y su proceso con Alejandra
Santillana, directora del Instituto de Estudios Ecuatorianos (IEE) y
coordinadora del Observatorio del Cambio Rural (OCARU).
Entrevista
por Orlan Cazorla
¿Cuáles
son sus mayores inquietudes respecto al proyecto de Ley de Tierras Rurales y
Territorios Ancestrales?
Es una ley que no discute los principales
problemas que tiene el país en materia de agro. El primer punto es que hay un
grave problema en términos de redistribución. Es decir, lo que nosotros tenemos
en el Ecuador es un proceso de concentración brutal de la tierra en pocas manos
y la ley no discute eso. Prohíbe latifundios haciéndose eco de la Constitución,
pero no hay ningún mecanismo de redistribución real.
Miguel Carvajal, presidente de la Comisión de
Soberanía Alimentaria, asegura que la normativa sí promueve mecanismos de
redistribución de tierras…
Lo que pasa es que Carvajal ahí se olvida de
la palabra productivo. El cambio de la matriz productiva en el Ecuador tiene
como fundamento ampliar la productividad. Todas las directrices del Estado
están para que se aumente dicha productividad, ese es el dicurso. La
productividad es la que organiza todos los sectores económicos del país, y por
lo tanto se requieren tierras productivas. Hay una intervención de Gabriela
Rivadeneira, presidenta de la Asamblea Nacional, en la que dice clarito que
llaman a defender a la Patria y a una Ley de Tierras que va a lograr
redestribuir y entregar tierras productivas a los campesinos, para que se
puedan generar posibilidades de incluirse y que seamos todos emprendedores. Esa
es la visión que tienen ellos.
¿Y cuál es
la visión de ustedes?
Nuestra visión en relación al tema productivo
es que no puedes plantearte el debate de la productividad si no garantizas la
redistribución. Hay un vínculo cercano entre las posibilidades que tienen los
campesinos con menos de una hectárea y los que tienen muchas más hectáreas con
ser productivos, es decir, no puedes discutir productividad en un país donde
hay procesos de reconcentración de la tierra tan brutales. La Ley no establece
ninguno de estos mecanismos para cualquier tierra. Lo que dice es que la
posbilidad de la expropiación se dará en los casos en que las tierras no sean productivas
y que para eso se tiene que demostrar que son improductivas. ¿Y quién demuestra
que sus tierras son improductivas? Los agroindustriales tienen a sus tierras
produciendo. Mucho más cuando esa ley mide la productividad por tonelada por
hectárea. Además, tampoco esta ley discute lo que es un latifundio, no está
conceptualizado, no tiene número de hectáreas. Por lo tanto, no sabemos qué es
un latifundio.
Pero en este tema de los latifundios y también
de los minifundios, entra la cuestión de las propiedades individuales, que no
siempre están a nombre de los verdaderos propietarios…
El presidente Rafael Correa tiene una clara
posición frente al tema de los minifundios. Dice que la reforma agraria y la
redistribución de la tierra genera más pobreza en el país, porque estás
repartiendo pobreza. Para él la repartición de tierras es repartición de
pobreza. Lo que no está discutiendo es que obviamente Alianza País tiene un
proyecto muy claro de redistribuir lo poco que hay. Pero no está dispuesto a
afectar a las grandes propiedades. Si hubiera un proceso de redistribución de
tierras real, con créditos, infraestructura, educación, cadenas y posibilidades
de comercialización, efectivamente no estarías redistribuyendo pobreza porque
la gente no tendría menos de una hectárea para repartirla entre ocho hijos.
¿Y cuál es
el segundo problema que tiene el país en materia de agro?
Es el tema del uso del suelo. En el Ecuador
hay una agresiva política de defensa de la agroindustria y el monocultivo, y
las economías familiares campesinas tienen muy poca tierra y en ella producen
los alimentos para todo el país. Entonces esta ley que plantea el tema del uso
del suelo deja la puerta abierta, con la discusión de la productividad y de la
función social y ambiental, a justamente el fortalecimiento del modelo
agroindustrial. La función social está vinculada directamente con la reducción
de la pobreza y la generación de empleo y aquí entramos en una discusión. Cómo
mide el Gobierno la pobreza y si es que esta es el principal problema en el
país. Y sí, la pobreza es uno de los problemas fundamentales, pero si no hablas
de desigualdad no puedes discutir la pobreza.
Lo que hemos visto estos años en el Ecuador es
que se reduce la pobreza, como en el resto de América Latina, pero lo que queda
intacto es la desigualdad. Y lo que se muestra con las políticas del Gobierno
frente a la reducción de la pobreza, es que si bien en un primer momento hay
una aceleración de esta reducción porque hay un proceso de crecimiento después
de la etapa neoliberal, en algún punto vas a tener que afectar la riqueza
porque si no, no vas a poder eliminar la pobreza. La pobreza se elimina siempre
y cuando ataques a la desigualdad y esto significa afectar a las grandes
propiedades, la concentración de la tierra, etc.
Para nosotras es una ley que intenta fomentar
la agroindustria, en últimas, el agronegocio, porque está midiendo la discusión
por productividad. Porque discute pobreza y no desigualdad, porque se mete a la
discusión de generación de empleo y no en las condiciones laborales en las que
los trabajadores tienen que aumentar la jornada laboral para alcanzar un sueldo
que pueda sostenerles, y donde las mujeres están aún peor. Las condiciones
laborales en el campo no se están discutiendo.
¿Y en
cuanto a la función ambiental de las tierras?
La ley habla del cuidado del medio ambiente,
del respeto a la Constitución, pero no dice nada sobre los transgénicos.
Nosotros exigimos que en la ley haya una cláusula que diga explícitamente que
no va a haber transgénicos porque el discurso de la productividad está muy
ligado al tema de los transgénicos. Para aumentar la productividad qué
necesitamos usar, la teconología, cuál, bioteconología, cuál es la que está a
la mano, transgénicos. Y tenemos además tres ejemplos muy claros de que no nos
estamos inventando esto. Por ejemplo, el presidente de la República dijo que es
necesario reformar la Constitución y pensar en los transgénicos. Además, el
Ministerio del Ambiente tiene una cuña radiofónica en relación a la producción
de transgénicos. Es decir, ¿están pensando en abrir las puertas a los
transgénicos? Si no lo están pensando pónganlo explícitamente en la ley, que no
va a permitirse el uso de transgénicos.
¿Y el
tercer problema?
Tiene que ver con el tratamiento que se da a
las tierras ancestrales y comunales. No se dice nada en relación a la autonomía
de los espacios comunales, qué pasa con la gestión. Hay una especie de ausencia
de no entender que además, lo comunal tiene otro tipo de gestión. La Ley se
llama de Tierras Ancestrales y lo que hacen es entrar a consulta
prelegislativa. Es lo único que se dice, el resto son cuestiones que ya
encuentras en la Constitución.
Cuál es su
opinión sobre esta consulta prelegislativa, ¿existe una actitud sincera de
escuchar e incorporar propuestas?
El proceso de diálogo con las organizaciones,
como en todo con este Régimen, es un proceso condicionado por ellos y en
algunos momentos no hay ni siquiera diálogo, simplemente no nos toman en
cuenta. La consulta prelegislativa que se lanza nuevamente tiene los mismos vicios
que la consulta prelegislativa de la Ley de Aguas. Primero, quien la define es
la Comisión, no hay una consulta verdadera a pueblos y nacionalidades para que
ellos puedan definir la temática. Segundo, se establecen las preguntas en
relación a cosas que ya están garantizadas por la Constitución.
Y la última pregunta de las tres que se
consulta es una cuestión complicada porque yéndose en contra de la Constitución
y del acuerdo firmado por el Ecuador como es el Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), plantea que en caso de conflictividad en el
espacio comunal será el Estado el que dirima. Y esto no dice la Constitución,
no dice ninguno de los tratados firmados, no implica el carácter de Estado
plurinacional. En todo conflicto, por la autonomía que tienen las comunidades y
las organizaciones en términos de justicia indígena, deben dirimir las leyes y
en últimas la Corte Constitucional en un pedido explícito. Pero no es el Estado
el que define lo que pasa con la conflictividad. Sin embargo, este tema entra
en la discusión y una se pregunta qué tiene que ver esto exactamente con la Ley
de Tierras. No se les está preguntando a las comunidades y a los pueblos y
nacionalidades si quieren que en su territorio haya palma y florícola, lo central
no se discute.
¿Y por qué
solo se están discutiendo tres temáticas que están contempladas en 18 artículos
de más de un centenar que contiene el proyecto de ley?
Nuestro análisis es que esto tiene que ver con
dos cosas. Cuál es el carácter del Estado y del Gobierno de Alianza País y su
proyecto para el agro, y cuál es su concepción sobre participación. En la
primera nosotros creemos que este es un proceso de modernización del capital al
estilo ecuatoriano, es decir, un país terriblemente dependiente y con procesos
de acumulación interna vinculados fundamentalmente al tema extractivo pero
donde el agro cumple un papel central, en donde la renta de la tierra y la
concentración de la misma son finalmente lo que permiten estas utilidades y
este gran proceso de acumlación de ciertos grupos empresariales de Ecuador. De
todas las compras públicas que hace el Gobierno en relación a productos y
alimentos, básicamnete el 89% están en manos de once empresas. Lo que vemos es
que es una Ley de Tierras que fomenta una institucionalización del mercado de
tierras que ya existe en el Ecuador, que es un mercado que responde a las leyes
del capital.
En el segundo punto, la participación para
este Gobierno queda clara. Tenemos un quinto poder garantizado por la
Constitución, pero un Consejo de Participación en el que todo proceso es
viciado y termina excluyendo a los que no les interesan. No hay ni siquiera en
la forma liberal separación de poderes y además es una participación que está
condicionada a la socialización pero no a la toma de decisiones, es decir,
ninguno de los mecanismos son vinculantes.
Si se
aprobara este proyecto de ley como está redactado en la actualidad, ¿qué
supondría para el Ecuador?
Implicaría una legalización, una
institucionalización de mecanismos que profundizan la desigualdad en el campo,
que pormueve a la agroindustria como única posibilidad económica en el país y
que de alguna manera contribuye a sepultar otras agriculturas más amigables con
el medio ambiente, con capacidad de generación de empleo y bastante más justas,
como la agricultura familiar campesina.
La aprobación de una ley como esta es la
contribución para seguir profundizando la presencia del capital como único
referente hegemónico en los territorios. También apreciamos procesos graves de
disminución de las condiciones de vida de campesinos y campesinas y muchos,
algo que ya está ocurriendo en el país, lo que hacen es vender sus tierras
porque no pueden entrar a competir porque no son productivos, porque no tienen
apoyo del Estado y acaban arrendando la tierra o la venden. Y cuando la venden,
o se vuelven trabajadores de una de las cadenas agroindustriales o vienen a las
ciudades.
Creemos que el proyecto para el campo es un
campo sin campesinos. Creemos que Correa no se sale de la tendencia que hay en
América Latina de aumentar la agroindustria y que esta ley continúa una
tendencia mundial de aumento de la productividad con un cierto nivel de amistad
con el medio ambiente, y de la pobreza como paradigma fundamental de nuestros
países sin discutir desigualdad, y por lo tanto de concentración de recursos
productivos. FUENTE: LALINEADEFUEGO.INFO.