Aunque la
justicia en la provincia de Imbabura condenó a diez meses de cárcel por
rebelión a Javier Ramírez, líder antiminero de Íntag, él afirma que continuará
luchando por una zona libre de extracción minera.
El golpeteo de la copiosa lluvia contra los techos
de zinc y teja inunda el pequeño poblado de Junín, ubicado en la parroquia
García Moreno, cantón Cotacachi, en Imbabura. Son las 09:00 del 18 de febrero
del 2015 y casi no hay adultos en la plaza central, a la que tienen frente las
únicas doce casas y una iglesia, en el centro de la comunidad.
Los pocos niños que gritan de vez en cuando
mientras juegan en el lodoso patio y unos cuantos gallos que desde la rama de
un árbol parecerían intentar callar al correntoso río Junín, confirman que hay
vida en aquel lugar, escondido entre una abundante vegetación subtropical.
Al líder antiminero del valle de Íntag, Javier
Ramírez, la tranquilidad natural del lugar no le es extraña, lo que sí le
inquieta, dice, es que ahora el silencio del caserío esté marcado por la
división y el temor.
Fue lo que Ramírez percibió a pocos días de estar
de vuelta en Junín, luego de cumplir una condena de diez meses en el Centro de
Rehabilitación de Ibarra, acusado del delito de “sabotaje y terrorismo”.
La sentencia del Tribunal de Garantías Penales de
Ibarra señala que los hermanos Ramírez, Javier y Hugo, junto con cinco personas
más agredieron, en el sector de Chontal Alto, a cuatro funcionarios de la
Empresa Nacional Minera (Enami-EP), que pretendían, el 6 de abril del 2014,
difundir los alcances del proyecto Llurimagua, que busca explotar un potencial
geológico de cobre-molibdeno de 318 millones de toneladas.
“Con el reconocimiento de los hechos, el informe de
Criminalística, la pericia del médico legal, así como con los testimonios de
los cuatro empleados de la empresa del Estado, su conducta (la de Javier
Ramírez) se adecúa a lo dispuesto por la Ley, en tal sentido se le impuso 10
meses de prisión”, se estableció al final del proceso.
Javier Ramírez niega la acusación asegurando que él
estuvo enfermo en su casa aquel día. Recuerda que los policías que lo
detuvieron, el 10 de abril del año pasado en Nanegalito (Pichincha), jamás le
mostraron una orden de detención, ni le informaron de lo que se le acusaba.
“Primero me dijeron que tenía un juicio de
alimentos y solo fue hasta la madrugada del siguiente día en Otavalo (Imbabura)
que me manifestaron que estaba detenido por terrorista”, afirma este dirigente
de 38 años, mientras abraza cariñosamente a su hija Evelyn, de 10 años, la
última de sus cuatro hijos.
Aunque los dos hermanos Ramírez fueron involucrados
en el proceso, el Tribunal Penal, el 10 de febrero último, sentenció a diez
meses por el delito de rebelión solo a Javier, Hugo está prófugo. Javier salió
libre de inmediato. Él permaneció detenido el mismo tiempo que se le dio como
sentencia.
Esta detención es calificada de “injusta”, incluso
por habitantes de Junín, como Marcia Calvache, que están a favor de la
explotación minera que harán la estatal Enami y la empresa chilena Codelco en
la zona de Íntag. La mujer, de 33 años, asegura que el día de la agresión,
Ramírez no estuvo en el lugar.
“Él siempre fue inocente”, afirma Calvache, cuyo
esposo trabaja desde hace ocho meses en el proyecto Llurimagua. Ella, además,
es parte del grupo de doce mujeres que se organizaron para brindar el servicio
de alimentación a los trabajadores de la Enami.
La historia de oposición a la minería en Junín, al
igual que en otras comunidades ubicadas en el valle de Íntag (Chontal,
Chalguayacu Bajo y Alto...), se remonta, para los lugareños, a inicios de 1990,
cuando la compañía japonesa Bishimetals y luego la canadiense Ascendant Copper
realizaron trabajos de exploración en busca de cobre.
Desde finales del 2011, la Enami maneja la
concesión de 4.839 hectáreas conformadas por bosques nublados primarios,
secundarios, cultivos orgánicos y al menos 26 ríos, de los que dependen no solo
las comunidades sino una serie de animales en riesgo como osos de anteojo,
pumas o tapires de montaña.
De llegar a confirmarse el potencial del mineral en
la zona, según la Enami, eso significaría que la mina a cielo abierto que se
planifica sería una de las más importantes de la región.
La polarización que produce el tema minero ha
superado la lucha con las autoridades y se instala en el interior de la
comunidad de Junín. Ramírez afirma que el 70% de los poco más de 260 habitantes
de la comunidad no quieren la minería; pero Anita Enríquez, quien depende
económicamente de la Enami, dice que la mitad de la población está a favor de
la actividad, incluidos tíos de Ramírez, y la otra mitad está en contra.
Ambos consideran que la detención del líder
ecologista causó temor y generó que mucha gente que rechazaba la minería deje
de hacerlo o –al menos– ya no hable de su posición.
La división no solo está entre los adultos. La
pequeña hija de Ramírez también la ha sentido entre los que llama “ecologistas
y mineros”. Ella cuenta que desde hace un tiempo se alejó de su mejor amiga,
cuando descubrió que esta le contaba a sus padres –quienes están a favor de la
minera– y ellos a su vez a gente de la Enami, lo que ella le decía sobre lo que
sus padres pensaban de la minería.
En Junín, la gente prefiere no decir quiénes están
con uno u otro lado. Una señal o un gesto es lo único que hacen para decir si
alguien está con Ramírez o en contra. “Es mejor no meterse”, indica un
habitante que prefiere no identificarse.
Al ya tenso ambiente que se vive en el poblado se
suma, desde hace poco menos de ocho días, el patrullaje de policías montados a
caballo.
Ramírez afirma que su idea de luchar por la
naturaleza se fortaleció en estos meses de cárcel. Un efecto contrario, dice,
de lo que pretendían “quienes armaron todo este teatro”.
Mientras retoma sus proyectos pendientes en su casa
y en sus cultivos de café, Javier Ramírez está empeñado en difundir lo dañina
que es la minería, para lograr que así la gente decida aprobarla o rechazarla,
pero desde el conocimiento.(I)
Cronología
2014, abril
06
La Enami denuncia la agresión física de pobladores
contra cuatro de sus trabajadores, quienes ingresaban al sector de Chontal Alto
para difundir el proyecto minero Llurimagua. Un vehículo de la empresa sufrió
daños.
2014, abril
10
Policías detienen a Javier Ramírez en la zona
pichinchana de Nanegalito. El líder antiminero regresaba de Quito junto a
Polibio Pérez, líder de Chalguayacu Bajo, luego de una reunión originada por
José Serrano, ministro del Interior.
2015,
febrero 10
El Tribunal de Garantías Penales de Ibarra
sentencia a Javier Ramírez, bajo el cargo de rebelión, a diez meses de prisión
por los hechos ocurridos en Chontal Alto, el 6 de abril pasado. La pena no
incluye a Hugo Ramírez, pues él se encuentra prófugo. FUENTE: DIARIO EL
UNIVERSO.