El
Tribunal Séptimo de Garantías Penales de Pichincha se tomó poco más de 10 meses
para establecer nuevamente día y hora para la audiencia de juzgamiento a los 13
policías que están siendo investigados por el supuesto delito de incitación a
la rebelión, por la aparente indebida utilización de los equipos de la Central
de Radio Patrulla, durante los hechos del 30 de septiembre de 2010 (30-S).
La primera convocatoria para esta audiencia de
juzgamiento se lo hizo para el 11 de diciembre de 2013, pero tuvo que ser
diferida por los insistentes pedidos del fiscal Gustavo Benítez, quien demostró
que estaba muy apretado en su agenda de trabajo.
La segunda convocatoria fue para el 28 de
enero de 2014, la misma que se instaló a la hora prevista, pero poco tiempo
después debió declararse nulo todo lo actuado, porque surgieron dudas respecto
de la actuación de una jueza que integra el Tribunal y de ahí en adelante los
procesados debieron esperar hasta el 11 de noviembre para conocer la nueva
fecha de la audiencia.
Testigos
convocados
Para esta tercera convocatoria a audiencia de
juzgamiento, han citado un total de 332 testigos, básicamente pertenecientes a
la Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos de Quito, Superintendencia de
Telecomunicaciones, Secretaría Nacional de Riesgos, Empresa Pública
Metropolitana de Logística para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, entre
otros.
En este proceso penal, el fiscal de la causa,
Gustavo Benítez, acusó a 13 procesados y pidió que se les llamara a juicio en
calidad de autores del delito tipificado en el Art. 146 del Código Penal
anterior, que se refiere a la incitación a la rebelión o indisciplina de la
Fuerza Públicas, cuya infracción es sancionada con prisión de 2 a 5 años, pero
si como consecuencia de esta incitativa resultare un conflicto en el cual se
produjeren lesiones a personas, la pena será de reclusión menor de 3 a 6 años,
y en caso de muerte de 6 a 9 años de reclusión. (LC)
El daño
irrogado al Estado ecuatoriano
El informe de la Contraloría General del
Estado da cuenta que el daño social y económico irrogado al Estado ecuatoriano,
debido a que ese 30 de septiembre de 2010 dejaron de trabajar muchos policías,
asciende a 1’386.000 dólares.
El Dato
En este caso, el Fiscal se abstuvo de acusar a
cuatro procesados, a favor de quienes luego se dictó el sobreseimiento
definitivo. FUENTE: DIARIO LA HORA.
SUSCRIBETE EN: WHATSAPP
TELEGRAM
