Las movilizaciones han tenido como epicentro las provincias de Imbabura,
parte de Pichincha (Cayambe) y varios sectores de Quito. Comunidades indígenas,
campesinas y organizaciones sociales han instalado bloqueos, marchas y
asambleas permanentes para exigir la derogatoria del decreto y una política
económica “en favor del pueblo y no de las élites”, según señalaron sus
dirigentes.
En la provincia amazónica de Pastaza, las medidas de hecho se han sumado
con un carácter propio. Allí, además del rechazo al alza del combustible, se
levanta la plataforma de lucha por el “no al extractivismo” y el rechazo a la
ampliación petrolera en el centro-sur de la Amazonía, temas que afectan
directamente a los pueblos originarios y a la biodiversidad.
Desde la noche del 28 de septiembre se han sumado otras provincias: Bolívar,
Chimborazo y Cañar, reforzando la presión nacional. En las calles
céntricas de Quito se han concentrado colectivos sociales, sindicatos y
organizaciones populares para respaldar las demandas y exigir diálogo.
Hasta el momento, organizaciones de derechos humanos reportan dos personas fallecidas y varios
heridos en enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden, en lo que
califican como un escenario de “pueblo contra pueblo”. En Imbabura se vivió una escena
conmovedora: un militar se encontró frente a su madre, quien
participaba en las protestas, reflejo del nivel de división social que generan
las políticas actuales.
Asimismo, se denuncian 12
detenidos en la provincia de Imbabura, cuya liberación es exigida por las
organizaciones locales. Los dirigentes insisten en que el Gobierno “debe
gobernar para todo el Ecuador” y no solo para los sectores privilegiados, y
piden una respuesta clara para abrir un diálogo que permita acuerdos en
beneficio del pueblo.
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