El 28
de noviembre los padres y madres de familia del Colegio Consejo Provincial de
Pichincha, realizaron un plantón denunciando la inseguridad y violencia sexual
que se estaba produciendo en el plantel. Al día siguiente, se sumaron los
estudiantes, pero la respuesta de las autoridades fue impedir que los jóvenes
salgan de sus aulas, dispusieron a profesores e inspectores a la salida del
colegio e incluso, llamaron a la policía para que ingrese al colegio y amenace
con detener a las estudiantes.
Entre las
múltiples denuncias de robos, asaltos, expendio de drogas dentro y fuera del
plantel, acosos y hasta abusos sexuales; trascendió la denuncia de un caso de
presunta violación, cometida contra una estudiante de 8vo año, en los baños de
la institución, por parte de otros estudiantes, caso que, a decir de padres y
estudiantes, ha pretendido ser ocultado y ha sido atendido con negligencia, por
parte de las autoridades.
Se conoce
que, la menor habría sido víctima de bullyng y, tras otros ataques, un docente
estaba encargado de hacer seguimiento a su caso. Sin embargo, el 17 de
noviembre, se produjo el abuso en los baños del colegio, sin embargo, en la
institución, no fueron capaces de detectarlo sino hasta el 22 de ese mes, en el
que la familia presenta la denuncia ante las autoridades. Oficialmente, según
el comunicado del Ministerio, al día siguiente se presentó la denuncia y se
hizo el examen médico legal.
A pesar
de que, como en otras ocasiones, siempre se insiste en que «se habría seguido
el protocolo», existen acciones que demuestran que no sólo falta más
capacitación, sino que prima una visión excesivamente institucional y poco
humana: No faltaron afirmaciones como que «es culpa de la chica por ir al baño
sin permiso», o acciones tan absurdas como cerrar los baños del colegio como
«prevención».
Lo que es peor es que, frente a las denuncias
de estudiantes y familiares, la respuesta fue la persecución y la descalificación:
El Inspector, los profesores, la misma rectora y hasta el presidente del Comité
Central de padres, pusieron en duda la veracidad de este y otros hechos
denunciados, amenazaron a estudiantes, desacreditaron a sectores que se sumaron
en apoyo a las acciones de movilización, en los exteriores del plantel. Una vez
más, como se produjo en casos similares, invocaron el «prestigio institucional»
para decir que está bien callar y no reclamar, para «no hacer quedar mal al
colegio».
La
situación, en el colegio Consejo Provincial de Pichincha es grave, como lo es
en todo el sistema educativo que desde el 2014, se registran 14.000 denuncias
de violencia sexual contra menores de edad y de estos, 3962 se registran dentro
del sistema educativo. Además, según la Coalición contra el Abuso Sexual a la
Niñez y Adolescencia, al menos el 60% de los casos no se denuncia y, lo que es
peor, sólo el 16% de las denuncias llegan a juicio.
Ya en
2018, la Comisión Especializada AAMPETRA de la Asamblea Nacional demostró que,
además de las alarmantes cifras, el Estado tenía responsabilidad al no contar
con protocolos claros, eficaces y socializados, al no tener un registro de
víctimas y sobrevivientes, al obligar a docentes a callar temas internos de la
institución so pena de ser sancionados, al generar reiterados procesos de
revictimización, al demorar la acción judicial frente al acto administrativo,
etc. Se recomendó sanciones, crear una comisión de la verdad, cambios en la
norma y en la institucionalidad.
Sin
embargo, pese a que, recién a partir de esta denuncia se creó un acuerdo
ministerial que establecía ciertos parámetros adicionales; son demasiadas cosas
pendientes y que no quieren ser asumidas por las autoridades. El protocolo
tiene falencias, las autoridades no son competentes para aplicarlo en la
mayoría de los casos y, cuando se produce un abuso contra estudiantes, lo miran
como una carga, como un problema que puede “hacer quedar mal a la institución”,
más o menos asumen los protocolos, por miedo a ser sancionados y, por omisión o
por burocracia, terminan sumándose a la impunidad.
Hay
varios casos recientes que demuestran aquello, en los cuales ha tenido que
mediar la protesta de estudiantes, para que se tenga que reconocer las
negligencias y se sancione a los responsables. Así ocurrió en el colegio Dillon
y en el Montúfar; donde, luego de que los estudiantes salieran a protestar, en
medio de amenazas y descalificativos de autoridades y ciertos docentes;
finalmente, el Ministerio no pudo ocultar el peso de las evidencias y, tuvo que
destituir a los rectores y, recién ahí, anunciar medidas. Igual ocurrió en el
Consejo Provincial, recién esta semana y, para “tapar bocas”, la rectora ha
promovido reuniones y el Distrito anuncia crear brigadas, comisiones.
Es
necesario garantizar aulas seguras y libres de violencia sexual, para ello es
clave adoptar medidas de prevención, que incluyen una infraestructura adecuada,
capacitación, fortalecimiento de los DECES, apoyo y seguimiento a la salud
mental de estudiantes, fortalecimiento de las organizaciones como mecanismos
para enfrentar los problemas y no vistos como una carga. Además, es fundamental
contar con un protocolo de erradicación de violencia sexual en las aulas, de
manera urgente, con criterios jurídicos y sociales, enfocándose en el bienestar
de las víctimas. Si se insiste en actuar solo frente a las consecuencias, ni
revisar mochilas, ni poner policías fuera del colegio, ni expulsar, ni
intimidar, va a solucionar el problema.
Las
familias y estudiantes del Consejo Provincial de Pichincha se cansaron de ser
víctimas de abusos e inseguridad, las autoridades, en lugar de dar solución a
estos problemas, buscan “cerrar filas” para defender su accionar; el resultado
de las acciones socioeducativas, legales, de la aplicación de un protocolo, no
debe ser “salvar la actuación y el buen nombre de rectores o inspectores”, sino
cuidar a las víctimas directas e indirectas, el bienestar de la comunidad
educativa. Si eso no pasa, algo tiene que cambiar, para empezar el enfoque,
siguiendo con las normas, pero, sobre todo, cambiar la mentalidad de ciertas
autoridades o, como dicen los estudiantes en estos casos, ¡Cambiar de
autoridades!
*presidente
de la JRE
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