El 10 de diciembre de cada año provoca una obligatoria reflexión
sobre cómo se han (in) aplicado los derechos humanos. El balance del 2022 ha
estado marcado por asesinatos, feminicidios, inseguridad, crisis carcelaria y
mucha violencia.
A esta trágica situación, Acción Ecológica coloca además la
vulneración -también creciente- de los derechos de las comunidades y de la
naturaleza: territorios enteros expuestos a nuevas actividades extractivas,
despojo y criminalización a comunidades que defienden sus territorios y muchos
desastres mal llamados “naturales”.
La humanidad creó el concepto de “derechos humanos” después de la
segunda guerra mundial,[1] para poder
defenderse de si misma, de los sistemas de poder que históricamente habían
desplegado mecanismos de violencia, represión, silenciamiento.
Sin embargo, 74 años después de la primera declaración de los DDHH,
las actividades más destructivas en el país se mantienen y amplifican con
un ejercicio de poder
descontrolado,puertas giratorias, desvío de poder, corrupción y falta de
control, impulsados casi siempre bajo el concepto de “interés nacional” .
El artículo 10 de la Constitución de 2018 reconoció como sujetos de
derechos a las personas, las comunidades y la naturaleza. Podría haber quien
piense que frente a la tragedia que sufren las personas las otras violencias
son secundarias, pero la verdad es que todo está ligado. Con la destrucción de
la comunidad y la naturaleza se entierran las posibilidades de habitar el mundo
con dignidad, de pensar siquiera en cómo evitar que jóvenes y niños caigan
atrapados en los modelos criminales, que hombres y mujeres deban exponer sus
cuerpos a actividades destructivas, que el futuro no sea el colapso y la
guerra, sino sociedades solidarias y cuidadoras.
Los derechos individuales (humanos), los económicos y sociales, los
colectivos y los de la naturaleza, están interligados. Las agresiones a la
naturaleza corren paralelas con las agresiones a los territorios de las
comunidades y estas afectan a las personas e impiden el ejercicio de sus
derechos. “Se trata de proteger la naturaleza y el medio ambiente no solamente
por su conexidad con una utilidad para el ser humano o por los efectos que su
degradación podría causar en otros derechos de las personas, como la salud, la
vida o la integridad personal, sino por su importancia para los demás
organismos vivos con quienes se comparte el planeta, también merecedores de
protección en sí mismos”.[2]
Iniciamos con este boletín un balance de las políticas del país en
materia ambiental, donde se verán casos de criminalización de personas
defensoras; casos de naturaleza contaminada, militarizada, comercializada;
políticas que destruyen las bases de subsistencia de sociedades que viven en
armonía con la naturaleza; zonas de sacrificio en donde se acumulan
vulneraciones a los territorios y a las comunidades que allí habitan y en
general vulneraciones a los derechos de las personas, comunidades y naturaleza.
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