Nosotros,
familiares de los 8 detenidos el 19 de mayo de 2022, ellos y ellas miembros del
Movimiento Guevarista Tierra y Libertad pedimos a los jueces les otorguen el
habeas corpus para que puedan defenderse en libertad y su vida sea garantizada
en el contexto de la grave crisis carcelaria que atraviesa el sistema
penitenciario del país.
Nuestros
familiares detenidos - Gabriela Gallardo Sandoval, Ernesto Flores Sierra, Edison Omar Campoverde, Alexis
Moscoso, Nelly Yacelga Ortega, Juan Carlos Bustamante Rueda, Carlos Carguachi
Capito y Silverio Cocha - han dedicado su trabajo político dentro del Movimiento
Guevarista, organización social pública,
dedicada a la educación popular, a la atención psicológica para sectores
empobrecidos, a la asistencia alimentaria a sectores en movilidad humana de
refugio, a la organización de equipos de futbol para niños de escasos recursos,
a la formación de bibliotecas populares para sectores empobrecidos y a la
asistencia inmediata en casos de desastres como fue el terremoto de Manabí en
2016, la emergencia sanitaria del 2020 y el desastre de La Comuna en 2022.
Su
detención es injusta, pues no se ha presentado pruebas que muestren el delito
del cual se les acusa. Las corporaciones mediáticas del país los condenaron
públicamente sin haber pasado el juicio y violando su derecho a presunción de
inocencia, se ha condenado también a las familias a la exposición pública.
Esta
prisión preventiva, que hizo caso omiso de la recomendación de la Corte
Constitucional de evitarla, en razón de la grave crisis carcelaria, está
destruyendo la vida familiar, profesional y afectiva de nuestros familiares
detenidos, así como la salud emocional, física, social y económica de nuestras
familias. Hay una niña y un niño que han
sido injustamente separados de su madre Nelly Yacelga, en el primer caso y de
su madre Gabriela Gallardo y de su padre Edison Campoverde, en el segundo.
Hay una
madre, la de Juan Carlos Bustamante, que quedó sin recursos de supervivencia,
ya que era su hijo el que sostenía la reproducción económica de su familia. Hay
una abuela-madre de 81 años que está sola porque vivía con Ernesto Flores y era
él quien cuidaba de ella. Los abuelos de Alexis Moscoso también quedaron
desamparados cuando se llevaron a su nieto. Las familias indígenas de Carlos y
Silverio han sido rotas por la detención de sus padres.
ESTA
PRISIÓN PREVENTIVA, QUE HIZO CASO OMISO DE LA RECOMENDACIÓN DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL DE EVITARLA, EN RAZÓN DE LA GRAVE CRISIS CARCELARIA, ESTÁ
DESTRUYENDO LA VIDA FAMILIAR, PROFESIONAL Y AFECTIVA DE NUESTROS FAMILIARES
DETENIDOS, ASÍ COMO LA SALUD EMOCIONAL, FÍSICA, SOCIAL Y ECONÓMICA DE NUESTRAS
FAMILIAS.
Pedimos a
los jueces otorgar el habeas corpus a nuestros 8 familiares para que puedan en
libertad mostrar que no son culpables de lo que se les acusa. Ellos y ellas no
huirán a ningún lado porque son inocentes y tiene su vida, su familia, sus
afectos, su trabajo en este país.
País al
cual han aportado con su labor político-social para que sea una sociedad más
equitativa, más justa y vivible para las generaciones actuales y las futuras.
Ellos y ellas no son terroristas, no son delincuentes, no son criminales, son
hombres y mujeres que han optado por la solidaridad y el compromiso social por
un mejor porvenir para los y las ecuatorianas.
Esperamos
que la justicia sea justa y recupere la confianza de la sociedad que tanto
necesita de ella.
Vivimos
una agudización de los niveles de pobreza que ha agravado todos los problemas
sociales derivados de este proceso. Deterioro y falta de educación, salud,
vivienda, trabajo que expulsa a miles de jóvenes a la marginalidad y de allí a
la delincuencia, que llenan las cárceles de este país de víctimas de un Estado
fallido y una sociedad que se vuelve indiferente ante el destino de las
personas a las que abandona y confina en los centros carcelarios que no son
centros de rehabilitación social, sino bodegas de seres humanos que esperan la
muerte en una de las tantas masacres carcelarias que desangran a este
país.
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