Una
acción delineada por el gobierno y la derecha ecuatoriana ha sido el ataque
violento a la expresión popular y al derecho social a la resistencia reconocido
en la Constitución. Esto lo han realizado incluso en el uso del aparato
judicial y la elaboración de leyes represivas.
En los
hechos, mirando poco tiempo atrás, se puede recordar la injustificada y
violenta represión a las mujeres que realizaban la marcha del 8 de marzo; el
ataque a estudiantes de medicina de Guayaquil que reclamaban presupuesto para
tener profesores; la represión a acciones pacíficas de la Unión Nacional de
Educadores que tuvo que realizar una segunda huelga de hambre para que el
gobierno cumpla con la Ley que reconocía el derecho a la homologación salarial;
el arresto, sin que se mire legalidad y razón, de jóvenes a los que acusan de
terrorismo; amenazas, en distintas momentos, a dirigentes de lucha antiminera,
maestros y otros; entre otras.
En lo
legislativo, un hecho muy grave ha sido la aprobación, el 7 de junio, de una
Ley de Uso Progresivo de la Fuerza por parte de las instancias del Estado, que
dentro de justos factores de protección a los policías, introduce normas que
puede posibilitar que la Policía y las FFAA atenten contra los DDHH de la
población civil en los contextos del legítimo derecho a la protesta social (Art
23,24 y 25).
La acción
de la CONAIE y los movimientos populares
La
Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE) planteó una agenda de diez
puntos que no han sido atendidos por el gobierno, a pesar de su presentación en
diversos momentos. Hacen relación a la situación económica y social de las
mayorías ecuatorianas, la oposición a las privatizaciones y al respeto debido a
los 21 derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades. Con ello se convocó
a las acciones indefinidas, a realizarse de manera progresiva en los
territorios a lo largo del país.
El
planteo logró rápido y creciente respaldo de los indígenas evangélicos (FEINE),
las organizaciones campesinas indígenas y negras (FENOCIN), el Frente Popular,
la UNE, el Seguro Social Campesino (FEUNASC), luchadores contra el
extractivismo minero, pequeños productores agrícolas de la Costa, el Frente
Unitario de Trabajadores (FUT), estudiantes secundarios y universitarios (FESE
y FEUE), partidos de izquierda, entre otras. Muchas de ellas añaden demandas
propias que vienen de atrás y que, igualmente han sido negadas por el gobierno
Allí están las demandas a un gobierno que no escucha al pueblo y se muestra
servil a los mandatos del imperialismo y el FMI.
En el
primer día, el 13 de junio, ya se realizaron acciones en la mayor parte de
provincias y para el segundo día crecieron en fuerza y número porque se añadió
la exigencia de libertad a Leonidas Iza, presidente nacional de la CONAIE y
otros detenidos.
La
prisión del presidente de la CONAIE: viejo objetivo de la represión
En
diciembre de 2021, el Presidente de la República, Guillermo Lasso tildó al
presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) de
“anarquista” que buscaba acabar con la democracia y amenazó con enfrentarlo
“con todo el poder del Estado” hasta que termine “con sus huesos en la cárcel”.
También, en entrevista en el Palacio presidencial señalaría que “Él odia la
democracia, él odia la institucionalidad del Ecuador…”.
En
síntesis, esas son las acusaciones con las que se le arresta poco después de la
una de la mañana del día 14 junto a otros comuneros, al movilizarse en un
vehículo por una de las carreteras más usadas del país. A lo largo del día, los
voceros del gobierno habían tratado de descalificar las acciones de protesta,
por un lado, disminuyendo la participación real y, por otro, hablando de
cometimiento de delitos de todo tipo.
Así, la
persecución permanente se fue justificando antes y durante las protestas. Sin
embargo, la prepotencia de los represores les lleva a faltar a todas las normas
legales para la detención. Según denuncia la Alianza por los Derechos Humanos:
“La detención es ilegal, arbitraria e ilegítima. Cuatro horas después de su
detención su paradero sigue siendo desconocido y no se ha presentado ante
ninguna autoridad competente a efectos de garantizar su derecho a legítima
defensa y tutela judicial. El dirigente Iza permanece desaparecido,
incomunicado de sus familiares y sin patrocinio legal. Durante el
procedimiento, según quedó registrado, no fue debidamente informado de las
razones para su detención ni de los derechos que lo asisten. Este estado de
detención en indefensión constituye un trato cruel y degradante… Según se
observa en videos grabados por la ciudadanía y difundidos en redes sociales, la
detención se llevó a cabo por individuos vestidos como miembros de las Fuerzas
Armadas y de la Policía Nacional, quienes detuvieron el vehículo de uso
personal de Iza, irrumpieron con forcejeos, abuso de fuerza, y sin exhibir
orden legal de detención, extrajeron al dirigente indígena. Se lo llevaron sin
rumbo conocido en una camioneta… que no presenta distintivo de uso oficial y la
placa no aparece registrada en servicios consultados, incluidos el Servicio de
Rentas Internas (SRI), Agencia Nacional de Tránsito y Agencia Metropolitana de
Tránsito”.
La propia
Fiscalía General del Estado, a las 9h20 del día señalaba que conoció del
arresto por las redes sociales y que tampoco había recibido el parte policial
correspondiente, el que llegaría más de una hora más tarde. Estas condiciones
solo demuestran que se trata de un mensaje para atemorizar, sin lograrlo.
La figura
gubernamental que aparece con el discurso más agresivo es el Ministro del
Interior, general Patricio Carrillo. Se trata de quién ejercía como Comandante
de la Policía durante el levantamiento indígena y popular de octubre de 2019.
En marzo del año pasado la Defensoría del Pueblo denunció al gobierno de Moreno
y funcionarios como Carrillo por presuntamente haber cometido 249 vulneraciones
a los derechos humanos durante esos días, seis fallecidos por acción de agentes
del Estado y unas 20 personas que perdieron un ojo por la represión.
Con estos
antecedentes, es por lo menos dudosa la actuación de una autoridad con ese tipo
de acusaciones de delitos de lesa humanidad. Desde esa duda, hoy se le escucha
de presencia de unos supuestos grupos subversivos, mientras el Ministro de
Defensa le acompaña diciendo que las protestas distraen su actuación contra el
narco tráfico en momentos de la tercera cosecha de la coca en Colombia, y otros
funcionarios del Estado pretenden que hay acciones de violencia concertada para
derrocar al gobierno.
Esto
último no lo plantean las organizaciones sociales y el propio Iza a los medios
indicó que si había una respuesta positiva del gobierno a las demandas, de
inmediato se suspendían las acciones.
Lucha
creciente y más descredito gubernamental
Los días
venideros anuncian mayor acción de las organizaciones populares, sumadas ya a
las convocatorias parciales y a las convocatorias particulares de cada sector.
Cuentan con el apoyo de la mayor parte de la población, la misma que tiene a
Lasso en unos de los niveles más bajos de aceptación que se recuerde.
El
gobierno, por su parte, reafirma su carácter represivo y cuenta con el apoyo de
los sectores empresariales y la mayor parte de los medios de comunicación de
tipo comercial. En Cotopaxi un policía fue agredido y se usa altos niveles de
represión; en Quito, tres abogadas que trabajaban en el monitoreo de la
detención de manifestantes, según denuncia INREDH fueron también agredidas la
noche del día 14.
En estas
condiciones, rápidamente pueden cambiar las condiciones políticas y económicas
del país. La crisis se profundiza y se observa un pueblo que busca alternativas
valederas. El gobierno no está en condiciones de detenerlo desde la legalidad.
Por ello, la defensa de los derechos humanos y constitucionales se convierte en
una necesidad del momento, mientras los indígenas y de más sectores populares
luchan por sus derechos.
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