Susana Cajas y Luis Vaca, juntos en
una rueda de prensa, junto a exmiembros de AVC, cuyos derechos fueron
violentados en el periodo 1985-1988. FOTO: Tomada de Diario El Telégrafo.
Por: Mayra Caiza: Luis Alberto Vaca Jácome, militante del grupo Alfaro Vive Carajo (AVC) y
uno de los accionantes del primer juicio de crímenes de lesa humanidad en
Ecuador, falleció la madrugada del 8 de abril de 2021, en su ciudad natal
Ibarra, norte del país.
A sus 69 años de edad, Luis Alberto
“no soportó, a pesar de su espíritu
combativo y sereno”, la enfermedad que le venía asechando: cáncer. Así lo
informaron sus compañeros de la organización mediante su fanpage de Facebook.
El pasado 18 de febrero se tenía
previsto que la Corte Nacional de Justica instale el juicio por el presunto
delito de lesa humanidad cometido en contra de Luis Vaca, Susana Cajas y Javier
Jarrín, militantes de AVC. Sin embargo,
no hubo tribunal para el juzgamiento de los 10 agentes estatales acusados por
este delito. Por sexta ocasión la audiencia no se instaló.
Para la presidenta del Comité Nacional
de Víctimas del Ecuador, Clara Merino, la muerte de Luis Vaca es un hecho muy
doloroso porque las personas víctimas de lesa humanidad y graves violaciones de
derechos humanos están muriendo no solo sin justicia, sino también sin verdad.
“La respuesta de la justicia es nula, es nada. La muerte de Luis Vaca nos duele
inmensamente, con todo respeto y cariño a Susana creo que se suma a otros casos
de graves violaciones de derechos humanos que han ido muriendo en este proceso
de 30 y 35 años – explica Merino. Los perpetradores siguen libres, igual han
muerto algunos, porque van pasando los años, pero también han muerto en
impunidad”.
El caso Vaca, Cajas y Jarrín fue
registrado en el Informe de la Comisión de la Verdad que recoge 118 casos y 456
víctimas de graves violaciones de derechos humanos ocurridos durante el período
de 1984 a 2008. El 68 % de violaciones de derechos humanos corresponden al
gobierno del líder socialcristiano León Febres Cordero. De los 118 casos, solo
dos tienen sentencia en firme y 11 han sido judicializados.
Juan Pablo Albán, abogado del caso,
dice que la falta de respuesta del sistema judicial se debe a que “no hay voluntad política de hacer justicia,
las víctimas no son importantes”. El
jurista explica que llevan cerca de siete años esperando la instalación de la
audiencia y que se puso en conocimiento de las autoridades el estado de salud
de Luis Vaca, sin embargo no hubo respuesta.
Tres años desaparecido
Luis Alberto Vaca Jácome estudió
Administración de Empresas en la Universidad Central del Ecuador hasta el
segundo año. En las aulas conoció a Fausto Basantes y a Mireya Cárdenas, con
quienes formó tres células del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y
luego se vinculó con Arturo Jarrín para estructurar la organización Alfaro Vive
Carajo. Así lo recoge el informe de la Comisión de la Verdad publicado en 2010.
Organizados en AVC, el 10 de noviembre
de 1985, Vaca, Cajas y Jarrín viajaron a la ciudad de Esmeraldas para
participar en un encuentro de la organización. Esa noche, los tres integrantes fueron
detenidos por miembros del Ejército, en el Parque Infantil de la ciudad costera. Luego fueron trasladados al Batallón
de Inteligencia Militar (BIM), ubicado en Conocoto, al suroeste de Quito.
“Nos desvestían, nos mojaban con agua
helada, y venía el interrogatorio acompañado de electricidad. Todo el tiempo
patadas, golpeados, sometidos a semiahogos, sin dejar dormir, sin
alimentación”, relató Luis Vaca a los integrantes de la Comisión de la Verdad.
Quince días después de la detención,
tortura y violencia sexual, Susana Cajas y Javier Jarrín fueron liberados en
una quebrada ubicada en el sector de Cumbayá.
“Me tuvieron esos quince días
desaparecida, y después me sacaron y me llevaron (…) ya estábamos solo con
Javier Jarrín, entonces me llevaron, o sea me soltaron; me sentaron en un sitio
y tapada los ojos. Entonces me dijeron: ´Si regresas a ver te mueres`. [Luego
me] destaparon los ojos, dijeron: ´No abras, no abras los ojos, no regreses a
ver`; (…) se fueron y cuando iba abrir estaba como en una quebrada (…) que
había sido por Cumbayá, era una zona rural en un campo, estaba al lado de (…)
Javier. Entonces yo, yo ya esperaba el disparo atrás te juro”.
Testimonio de Susana Cajas – Informe
de la Comisión de la Verdad
Luis Vaca no corrió con el mismo
destino. Él permaneció en cautiverio y desaparecido desde 1985 hasta mediados
de 1988. Ese año, tras ganar la presidencia Rodrigo Borja, Luis Vaca fue
liberado a las 03:00, a una cuadra de la casa de su madre en Ibarra. Seis meses
pasó sin salir de casa.
Cuando Luis Vaca empezó a explorar el
exterior iba acompañado de sus hermanos porque temía que algo le pueda suceder.
Los perpetradores protegidos
Este 9 de abril de 2021, la familia
tiene previsto realizar una misa en memoria de Luis Vaca y luego sus restos
serán cremados, mientras el caso judicial continúa. Con una voz pausada y
afligida, Juan Pablo Albán dijo que
ahora están desmoralizados, pero que de ninguna manera la familia o la defensa
técnica se darán por vencida en la lucha por verdad y justicia. “En el país se
cometieron crímenes de lesa humanidad y
es nuestra obligación con las generaciones futuras preservar esa memoria
histórica, porque si no, no vamos aprender de nuestros errores pasados, tenemos
que hacer justicia”. Hoy tiene previsto
presentar una comunicación al presidente de la Sala y de la Corte Nacional de
Justicia para que se nombre un Tribunal y se instale la audiencia de juicio.
El jurista explica que no es un juicio
contra las Fuerzas Armadas, sino que es en contra los militares que incurrieron
en un delito. Esto debido a que el 9 de noviembre de 2015, en el primer intentó
de la instalación de juicio “apareció
toda la plana mayor de las Fuerzas Armadas a sentarse en la primera fila
de la sala de audiencia – recordó Albán-; entonces hay presión”. Con él, coincide Clara Merino que enfatiza:
“los perpetradores han sido protegidos desde el principio están en altos
puestos de la Policía y las Fuerzas Armadas (…) eso obedece a estructuras de
poder que están en el Ejército y la Policía, pero también en los gobiernos”.
El delito de lesa humanidad está
tipificado en el artículo 89 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que
dice: “son delitos de lesa humanidad aquellos que se cometan como parte de un
ataque generalizado o sistemático contra una población civil: la ejecución
extrajudicial, la esclavitud, el desplazamiento forzado de la población que no
tenga por objeto proteger sus derechos, la privación ilegal o arbitraria de
libertad, la tortura, violación sexual y prostitución forzada, inseminación no
consentida, esterilización forzada y la desaparición forzada, serán sancionados
con pena privativa de libertad de veintiséis a treinta años”.
“En el país se cometieron crímenes
de lesa humanidad y es nuestra obligación con las generaciones futuras
preservar esa memoria histórica, porque si no, no vamos aprender de nuestros
errores pasados, tenemos que hacer justicia”.
–Juan Pablo Alban, abogado
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