La
primera transmisión radial de la historia cumplió 100 años el pasado 27 de
agosto. Vista desde la perspectiva de su primer centenario, aquella no fue
exclusivamente una iniciativa comercial o artística –aunque llegara serlo en el
futuro- sino también política: ampliar el alcance y los horizontes de ciertas
manifestaciones, democratizar el acceso a ellas, y pensar esa nueva herramienta
tecnológica como un servicio cultural accesible a toda la población. Tal vez,
por eso, sus responsables fueron conocidos, desde entonces y para siempre, como
“Los locos de la azotea”.
Desde
aquel lejano 1920 hasta hoy, en todo el mundo, la radio registra un trayecto de
avances, retrocesos, luchas y logros sobre el cual merece la pena reflexionar
en profundidad. No solo para valorar y contextualizar ese proceso, sino para
proyectar sus enseñanzas sobre el desafiante universo de las comunicaciones
actuales y futuras. Esa fue la motivación de los investigadores Inés Binder
(Argentina) y Santiago García Gago (España) para coescribir el libro Politizar
la tecnología. Radios comunitarias y derecho a la comunicación en los
territorios digitales, que acaba de publicarse con el apoyo del Centro de
Investigación en Tecnologías y Saberes Comunitarios (Citsac), el Centro de
Competencia en Comunicación para América Latina de la Friedrich-Ebert-Stiftung
(C3 FES) y la Catholic Agency For Overseas Development (Cafod).
Encender
las ondas
Como
quedó dicho, este año se cumplen 100 de la primera programación de radio. Hasta
entonces, desde varios lugares del planeta, muchos habían transmitido
experimentalmente a través de las ondas radioeléctricas. Pero fue el 27 de
agosto de 1920 que Enrique Susini, Luis Romero Carranza, Miguel Mujica y César
Guerrico –los ya mencionados “locos de la azotea”–, transmitieron desde el
techo del Teatro Coliseo de Buenos Aires la ópera Parsifal de Wagner. “Ese
mismo año, la KDKA de Pittsburgh comenzaría el primer servicio radiofónico
regular en el mundo”, señala Inés Binder.
La radio
se extendió rápidamente: “Era un medio barato de emitir y recibir y, al
contrario que los periódicos, no requería saber leer para acceder a sus
contenidos”, reflexiona Santiago García Gago. Pero las emisoras que aparecían,
en sus primeras décadas de existencia, no se utilizaron solamente para
transmitir noticias, música o publicidad. Muchos sindicatos y escuelas de
Estados Unidos hicieron uso de las ondas para defender los derechos de los
trabajadores o educar a quienes no podían acercarse a una escuela formal.
Esta
tradición de “medios no comerciales” inició en América Latina en 1947 con la
aparición de La Voz del Minero, la radio de la Federación Sindical de
Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) en el campamento Siglo XX de Potosí.
Meses más tarde, el sacerdote José Joaquín Salcedo llegó a Sutatenza, un
pequeño pueblito colombiano y fundó Radio Sutatenza con el objetivo de eliminar
el analfabetismo de la comunidad.
Durante
los años 60 y los 70 del siglo pasado, las emisoras de este tipo proliferaron
por toda América Latina, sobre todo de la mano de la Iglesia Católica que las
utilizó como un medio para la alfabetización y la evangelización. “En Ecuador,
a pesar de que el término ‘radio comunitaria’ se popularizó a raíz de la
aprobación de la Ley Orgánica de Comunicación de 2013, esta clase de medios se
originó a inicios de los 60”, advierte Binder. Concretamente fue en 1962,
cuando por iniciativa de Monseñor Leónidas Proaño se fundaron las Escuelas
Radiofónicas Populares del Ecuador (ERPE).
“Era un
medio barato de emitir y recibir y, al contrario que los periódicos, no
requería saber leer para acceder a sus contenidos”
—
Santiago García Gago
Experiencias
y movimientos
A medida
que se fueron multiplicando las experiencias, el movimiento de radios
comunitarias se fue consolidando y adquiriendo demandas propias: el acceso a
frecuencias, la pluralidad de actores ante la concentración en la propiedad de
los medios, la diversidad de voces, las agendas informativas de base y el
derecho a no ser perseguidas, entre muchas otras. “El derecho a la
comunicación, un concepto paraguas que aúna garantías como la libertad de
prensa, de expresión, de reunión, a la educación o la cultura –y que es un
derecho ciudadano, no exclusivo de los medios–, se convirtió en la bandera del
sector”, remarca García Gago.
A fines
de los años 70, la comunidad internacional se hizo eco de estos debates y
comenzó a estudiar los problemas internacionales de la comunicación a través de
una comisión convocada por la Unesco. La comisión, llamada MacBride en alusión
a su presidente –el activista y político irlandés Sean McBride, Premio Nobel de
la Paz 1974-, recogió el guante del Movimiento de Países No Alineados que proponía
un Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación (Nomic).
El
informe final de aquella comisión denunció el desequilibrio de los flujos
informativos entre el Norte y el Sur; y cómo “la concentración de las
tecnologías de las comunicaciones en un número relativamente pequeño de países
desarrollados y corporaciones transnacionales”[1] afectaba de manera global a
los contenidos y enfoques que se difundían. “Pero las presiones de Estados
Unidos y el Reino Unido, escenificadas en su partida de la Unesco, lograron
enterrar el informe y encauzar a esta organización nuevamente en la tradición
norteamericana de la libertad de los flujos informativos que condena cualquier
tipo de intervención en el sistema de medios”, lamenta Binder.
Hubo que
esperar varias décadas hasta que en América Latina se aprobaron las primeras
legislaciones para el sector, que no sólo reconocían a los medios comunitarios,
sino que les reservaban cierta parte del espectro para que pudieran transmitir:
Uruguay (2007), Argentina (2009), Bolivia (2011) y Ecuador (2013). A pesar de
que los citados gobiernos quisieron apropiarse de este logro, en la realidad no
hicieron más que capitalizar todo el trabajo previo del movimiento de medios
comunitarios, que reclamaba desde años atrás el dictado de políticas públicas
específicas para este sector.
Del
resumen a la propuesta
Contraportada
del libro Politica la Tecnología. Radios Comunitarias y derecho a la
comunicación en los territorios digitales.
Este
apretado resumen sobre las radios comunitarias y el derecho a la comunicación
se puede leer con más detalle en Politizar la tecnología. Radios comunitarias y
derecho a la comunicación en los territorios digitales. “En el libro, repasamos
los argumentos de los medios comunitarios en defensa de su derecho a acceder a
las frecuencias de radio y televisión para expresar libremente su palabra”,
enfatiza García Gago.
Pero el
texto no se agota en el repaso histórico. Binder y García Gago dedican un par
de capítulos a analizar como se conformó la llamada “Sociedad de la
Información”, en un contexto profundamente marcado por la agenda neoliberal de
la década de 1980 –con la primera ministra británica Margaret Thatcher y el
presidente estadounidense Ronald Reagan como sus adalides– y cómo este enfoque
terminó determinando el desarrollo posterior de las telecomunicaciones.
La
penetración de las tecnologías digitales ofrecía una idea de democratización de
la comunicación mediada en la que todas y todos participaríamos, sin
distinción, de la esfera pública conectada. Y, aunque parte de esas promesas
pueden parecer ciertas, el panorama mediático se ha vuelto cada vez más complejo,
con muchos menos actores y cada vez más concentrados, ahora a escala global.
“Pensemos en las principales empresas tecnológicas –GAFAM, en Occidente; y
BATX, en Oriente[2]– y en los grandes conglomerados de medios –Disney, Comcast,
WarnerMedia y ViacomCBS–. La concentración mediática informacional ya no se
mide a escala nacional, sino internacional”, detalla Binder.
A
mediados del siglo XX, los sindicatos mineros hicieron de la comunicación
mediada una aliada estratégica de su lucha política, impulsando a través de la
radio procesos de organización social para alcanzar una mejora de las
condiciones laborales. “El reclamo de las radios comunitarias por el acceso al
espectro radioeléctrico no era por las licencias en sí, sino por los derechos
que ampliaba la posibilidad de exigir”, apunta García Gago.
Lo mismo
ocurre con las tecnologías digitales: los investigadores sostienen que la
búsqueda de un modelo alternativo de desarrollo tecnológico abierto,
descentralizado, comunitario, justo y sostenible resulta indispensable para
garantizar los derechos humanos en esta era. Muchas comunidades ya están
ensayando estos modelos y radios comunitarias de toda la región son parte de
estas iniciativas: gestionan redes comunitarias de Internet y telefonía
celular, usan y desarrollan software libre, comparten sus contenidos con
licencias libres, administran servidores autónomos, y cuidan su privacidad y
seguridad digitales.
Politizar la tecnología es una llamada a la
acción para que las radios comunitarias asuman la defensa del derecho a la
comunicación en los territorios digitales. Binder y García Gago afirman que las
radios comunitarias tienen un rol central ante el desafío de politizar la
tecnología: “No sólo por su lectura inequívoca sobre cómo la concentración de medios
resulta una amenaza para la democracia, sino porque esto las concierne
directamente: las tecnologías de la información y la comunicación son
herramientas vitales para impulsar una comunicación transformadora”, concluye
Binder. Y para que la radio, en nuevos formatos y formas, siga viva otros 100
años más.
“El
reclamo de las radios comunitarias por el acceso al espectro radioeléctrico no
era por las licencias en sí, sino por los derechos que ampliaba la posibilidad
de exigir”
—
Santiago García Gago
Foto
principal: Portada del Libro Politizar la tecnología. Radios comunitarias y
derecho a la comunicación en los territorios digitales.
[1]MacBride,
S. y otros (1980). Un solo mundo, voces múltiples. Comunicación e información
en nuestro tiempo. Fondo de Cultura Económica, p. 220,
[2]GAFAM
se refiere a Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft; mientras que BATX, se
refire a Baidu, Allibaba, Tencent, y Xiaomi.
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