Por: Marco Villarruel
El periodismo es una de
las más arriesgadas profesiones del mundo. Decenas de profesionales de la
pluma, la cámara o la radio han caído este año en muchas partes del mundo,
especialmente en los campos de guerra.
Las
situaciones de trabajo de los reporteros en tiempos del COVID-19 son
temerarias.
Para
comenzar, se han registrado impedimentos para la cobertura, lo cual ha devenido
en el obstáculo al acceso al derecho a la información. Hay obstrucción, hay intimidación y hay un
empeoramiento de las condiciones de trabajo, que incluyen recortes salariales,
descenso de ingresos y pérdida de empleos, según lo reporta la Federación
Internacional de Periodistas (FIP).
Según
una encuesta realizada a trabajadores de este sector, la cuarta parte de
periodistas dijo carecer de equipos adecuados para trabajar desde sus casas en
condiciones de eficiencia y seguridad y solo uno de cada cuatro tenía equipos
de protección adecuados para reportear desde la calle.
En
el Ecuador no menos de nueve profesionales han fallecido contagiados por el
COVID-19, señala un matutino de Guayaquil apoyado en la investigación de la ONG
Campaña Emblema de Prensa (EPEC).
Los
periodistas elaboran miles de páginas y horas de informaciones, pero muy pocas
veces hablan de sí mismos y de sus dificultades, y quizá por ello hay tan poca
respuesta solidaria de los gobiernos y de la sociedad misma.
Se
cumplieron dos años de la muerte de Juan Javier Ortega Reyes, Paúl Giovanni
Rivas y Efraín Segarra, trabajadores de la comunicación del diario El Comercio
de Quito a manos de la narco-mafia colombo-ecuatoriana, sin que las
investigaciones y sanciones hayan llegado a su fin.
Como
consecuencia de este gravísimo atentado, el Gobierno ecuatoriano creó el Comité
Interinstitucional para la Protección de Periodistas, en 2019, sin embargo,
ninguna acción concreta se conoce para proporcionar espacios de seguridad
física y legal para los periodistas. Adicionalmente nada se ha hecho para
garantizar la justicia en las remuneraciones, estabilidad laboral y
aseguramiento de condiciones dignas de trabajo.
Ecuador
los periodistas están sin protección
El
drama comienza con la inseguridad laboral provocada por los empresarios y el
propio Estado. En estos últimos años, incluso en los últimos del régimen
anterior, se produjo una auténtica “poda” de profesionales en todas las
actividades de la rama.
Durante
el correato debieron algunos columnistas, presentadores y periodistas dejar sus
funciones por presiones oficiales. Después, la crisis económica y fiscal obligó
a prescindir de centenares de periodistas tanto en el ámbito público como
privado. De hecho, las continuas purgas que salen del Ministerio de Finanzas a
cuenta de austeridad fiscal, virtualmente han aniquilado departamentos enteros.
Los medios públicos, y entre ellos la Televisión Pública, Radio Pública, Radio
de la Asamblea, Televisión de la Asamblea,
han sufrido recortes abultados en sus nóminas de periodistas y empleados
en general. En los ministerios no ha sido menos, y también en organismos
públicos como el IESS y los gobiernos seccionales.
Y
esto no es que sea para ahorrar. Las autoridades de la Asamblea Nacional y de
las municipalidades de Quito, Loja, Riobamba y Guayaquil han hecho conocer que
suscribirán contratos con empresas privadas de comunicación para elaboración de
videos, seguimiento de contenidos, mejora de imagen institucional, en montos
que ascienden a millones de dólares, cuando bien lo podían hacer sus propios
profesionales. El resultado es el abultamiento de profesionales desocupados y
magros resultados.
Desde
la empresa privada también se registran decenas de cesados, tanto del personal
técnico-profesional como de administrativos. Bueno es recordar que el maltrato
a los comunicadores es ya una plaga en el campo de los medios. Sueldos ínfimos,
que muchas veces no alcanzan el mínimo legal, condiciones de trabajo esclavizantes
y con horarios extendidos.
Aquello
de la famosa “coproducción” mediante la cual el periodista debe buscar la
publicidad, es un ardid que esconde una forma real de trabajo precario. Ahora
nos dicen que los despidos se deben al COVID-19, pero no olvidemos que en meses
anteriores se produjeron ya desvinculaciones s y situaciones de tensión laboral
porque no se pagaron los salarios y dejaron de pagarse los sueldos y los
aportes a la Seguridad Social, como lo denunciaron los trabajadores de Sonorama
y Canal 1 de Guayaquil. Este canal, en días anteriores, despidió
intempestivamente a los reporteros Adriana Bermeo, José Ignacio Arévalo,
Leonardo Balseca, César Llugsa. A los asistentes Marcelo Segura, Ramiro Silva,
a los camarógrafos Elías Méndez, Orlando Mena, y al productor Fabián Valencia,
en plena pandemia.
El
diario El Universo, enorme medio de información guayaquileño, despidió también
a varios periodistas. Claro, alegó lo del virus, pero también se lanzó una
originalidad: “Por la nueva dinámica de la publicidad y del internet”, en plena
pandemia. De paso cerró los informativos de su filial RadioCity.
Y
lo último, aunque vendrá más, como lo han advertido los propietarios de los
medios y del Gobierno mismo. El diario La Hora (Editorial Minotauro), acogiéndose
al decreto de Emergencia informó al Ministerio del trabajo la salida de un buen
grupo de periodistas, especialmente de las redacciones de Quito, Ambato y
Esmeraldas, y de un número indeterminado de administrativos y fotógrafos. Se
espera una depuración de la planta de columnistas.
Las
autoridades del Trabajo no se han manifestado con claridad frente al despido de
centenares de trabajadores del periodismo y de las industrias a lo largo del
país. En este sentido, ni siquiera han cumplido las ofertas del Presidente y su
Ministra de Gobierno.
Algunos
han reclamado la acción de los gremios. Pero poco se puede esperar de ellos por
su creciente debilidad y por la acción divisionista alentada desde filas
correistas. Hay poco entusiasmo por la
agremiación o sindicalización dada la permanente persecución de los
propietarios y las dificultades legales que impiden la organización de los
trabajadores. Lamentablemente esta situación la viven también los afiliados de
otros colegios profesionales.
En
los tiempos de crisis, como la de octubre y ahora la pandemia, se transparenta
la precaria situación de periodistas y comunicadores. Las predicciones no
pueden ser peores por lo que se demanda una auténtica, sincera y pronta
atención de las autoridades nacionales, así como el respeto a las leyes por
parte de los propietarios y accionistas.
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