Prefecto del Azuay negó
que se busque desestabilizar al Gobierno. Iglesia exhorta al diálogo;
dirigentes llaman a permitir paso de comida, ambulancias y gas. Con la proclama
de que las movilizaciones y marchas no se tratan de un paro sino de un
levantamiento, el prefecto Yaku Pérez Guartambel y dirigentes de organizaciones
sociales reunidos en la Casa de la Provincia (sede del Gobierno Provincial del
Azuay) demandaron del presidente Lenín Moreno la derogatoria del alza de
combustibles y el retiro de la propuesta de reformas económicas y laborales.
Prefecto
del Azuay negó que se busque desestabilizar al Gobierno. Iglesia exhorta al
diálogo; dirigentes llaman a permitir paso de comida, ambulancias y gas.
Con
la proclama de que las movilizaciones y marchas no se tratan de un paro sino de
un levantamiento, el prefecto Yaku Pérez Guartambel y dirigentes de
organizaciones sociales reunidos en la Casa de la Provincia (sede del Gobierno
Provincial del Azuay) demandaron del presidente Lenín Moreno la derogatoria del
alza de combustibles y el retiro de la propuesta de reformas económicas y
laborales.
Una
asamblea de organismos sociales reunidos, ayer, en la Casa de la Provincia,
adoptaron tres resoluciones básicas: declararse en asamblea permanente,
profundizar la resistencia y radicalizar el paro hasta conseguir el
levantamiento.
El
levantamiento está en pleno desarrollo, en tanto que para mañana sectores de
trabajadores irían a una huelga y un paro.
El
prefecto Pérez planteó que no pretenden desestabilizar al régimen ni que su
acción “sea aprovechada por los correístas”. Así mismo, expresó condelencias a
los familiares de Marco Chilpe, quien falleció atropellado en el sector de la
parroquia Molleturo durante las manifestaciones.
Marcos
Pérez, arzobispo de Cuenca, acudió a la cita donde leyó un manifiesto de la
Conferencia Episcopal Ecuatoriana, (CEE), en el que los prelados señalan que
acompañan al pueblo en sus necesidades. Mientras tanto, plantean la necesidad
de que en el gobierno haya apertura a propuestas que lleven a la justicia y paz
del pueblo, y que se escuche la voz de todos.
El
prefecto pidió a sus compañeros que protestan en las vías que se deje pasar a
las ambulancias y a los vehículos que transportan alimentos o gas, así mismo,
no destruir bienes públicos porque “la lucha no es de pueblo contra pueblo”.
Se
mostró acorde con un diálogo donde la CEE sea garante, pero un diálogo sin
militares, sin limitaciones y escuchando las necesidades de la población. Miles
marcharán a Quito “con pensamiento y corazón”, “cansados de tanta deuda
histórica”, dijo y pidió a los militares abstenerse de reprimir al pueblo que
protesta pacíficamente.
A
la cita concurrieron representantes de la Unión Nacional de Educadores (UNE),
Frente Unitario de Trabajadores (FUT), Confederación de Nacionalidades
Indígenas (CONAIE-Ecuarunari), algunas comunas, juntas de agua, estudiantes,
entre otros.
Óscar
Reinoso, del Frente Unitario de Trabajadores exigió la derogatoria del alza de
los combustibles y desistir de las reformas laboraless; Dorila Fajardo, del
Frente de Organizaciones del Azuay, protestó por atropellos de los uniformados
en el control de las manifestaciones.
Hilda
Chacha, del Frente Popular, además de solidarizarse con los estudiantes
reprimidos invitó a un “cacerolazo” y pidió donar alimentos para los
movilizados, para lo cual crearon un centro de acopio en la sede de la UNE.
Cerca
del mediodía y con la calle Bolívar cerrada al tráfico, un plantón, esta de vez
de maestros, estudiantes, trabajadores, hombres y mujeres, protestaban. Una
maestra dijo laborar en una parroquia rural, por lo que el alza de combustibles
y pasajes iba a perjudicar su economía.
Rubén
Lema, de la UNE, expuso una inquietud del gremio docente. Entre las medidas
económicas del presidente Moreno incluye una reducción de 20 % en el salario de
los profesionales que a futuro se contrate en la modalidad ocasional. Hay
muchos maestros en esta condición y a la posible reducción salarial suma el que
no se han ajustado las remuneraciones docentes desde hace más de diez años.
(AVB)-(I)
Exigen que Concejo
trate pasajes
Las
marchas y plantones de protesta dominaron la escena, ayer, en el centro de la
ciudad, desde primera hora y los primeros en manifestarse fueron los
transportistas.
Al
grito de “Urbanos unidos contra el paquetazo” decenas de propietarios de buses
de transporte urbano, sus familiares y aun conductores marcharon la mañana del
lunes por la calle Bolívar. Pero el paso estaba cerrado con vallas metálicas a
partir de la calle Borrero.
Congregados
ante la Alcaldía empezaron a gritar: “Que salga el alcalde”, “Abajo el
alcalde”, “Abajo Moreno”, “Abajo el decreto”. Intentaban dialogar con el
gobernador o con el alcalde.
Dirigentes
del sector lamentaron que el alcalde Pedro Palacios no se haya pronunciado ante
la nueva realidad del transporte y con carteles le demandaban convoque al
Concejo Cantonal para tratar sobre los pasajes.
Y
no es solo el alza de los combustibles hasta en un 125 %, sino porque desde ya
hay un impacto generalizado en todos los costos, dijo un dirigente.(I)
DATOS Y CIFRAS
- Con inquietudes similares por el alza del combustible, los taxistas agremiados anunciaron para la tarde una jornada de movilización, pues también serán afectados.
- Según transportistas del servicio urbano, con la tarifa actual no podrán cumplir los compromisos de la renovación de la flota de buses, que al momento ha avanzado en 70 %.
- La Defensoría del Pueblo, a nivel nacional, ha contribuido con asistencia a algunos de los detenidos durante las manifestaciones, mediante asesoría y representación legal.
16
dólares diarios consumía un taxi de “motor económico”, ahora el valor se estima
en unos 23 dólares.
28
a 30 dólares diarios se consumía en un bus en diésel, pero con el alza llagaría
a unos 70 dólares.
40
dólares por galón puede rendir el combustible, todo depende del tipo del
vehículo y de los recorridos.
Fuerzas Armadas pueden
despejar vías
El
derecho constitucional a transitar libremente y a asociarse y reunirse con
otras personas están suspendidos estos días de protestas masivas, algunas de
ellas violentas.
El
3 de octubre, el presidente Lenín Moreno por decreto número 884 dispuso el
estado de excepción, considerando que había una “conmoción interna”, pues en
días precedentes hubo desórdenes en varias provincias e incluso se anunció una
huelga.
En
estado de excepción se permite al Presidente de la República limitar,
legalmente, algunos derechos de las personas.
Para
el presente caso, está limitada la formación de aglomeraciones en espacios
públicos, “para impedir que se atente contra los derechos del resto de
ciudadanos”. El libre tránsito, está limitado en cuanto atente contra los
derechos y garantías de los ciudadanos o se generen actos vandálicos contra la
vida y propiedad.
“Para
mantener el orden y prevenir violencias”, según las atribuciones que le da la
Ley de Seguridad Pública y del Estado, el presidente ha declarado en estado de
movilización a la Policía y Fuerzas Armadas, estas últimas como complemento de
la primera, para intervenir ante hechos flagrantes que se vulneren los derechos
de las personas.
Por
eso los militares y policías están facultados para despejar obstáculos de las
vías y aún detener a personas que protagonicen hechos contrarios a la ley. Pero
deben hacerlo en forma proporcional y razonable y enseguida ponerlos a órdenes
de un juez.
Este
decreto de estado de excepción prevé también que se puedan hacer requisas de
bienes para mantener los servicios que garanticen orden y seguridad, lo cual
todavía no se ha considerado necesario aplicar. (AVB)-(I) Fuente: diario el Mercurio.
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