La Corte
Constitucional (CC), a través de un comunicado, expresa su posición frente a la
orden de prisión que mantiene Pamela Martínez, detenida el pasado sábado dentro
de la investigación por supuestos aportes de empresas a la campaña electoral de
Alianza PAIS de años pasados.
La
CC, en varios puntos, expone su preocupación de que sea la exvicepresidenta de
la CC (Martínez), cesada a finales de agosto del año pasado, una de las
involucradas. "Situación que empaña aún más el trabajo realizado por esa
administración", dice en el comunicado.
Se
expresa que la Fiscalía y la Contraloría deben investigar las acciones de los
supuestos involucrados, su paso por la función pública y piden que se sancione
en derecho.
Martínez
fue asesora presidencial en el gobierno de Rafael Correa y posteriormente jueza
y vicepresidenta de la Corte Constitucional. Ella es procesada por asociación
ilícita, cohecho y tráfico de influencias en “concurso real de infracciones”.
El
organismo judicial "deplora que la corrupción haya sido una práctica
generalizada y que esta se inicie en las más altas esferas de gobierno".
Así
también, recuerda que una de las primeras acciones administrativas de la nueva
CC fue dar por terminado, de manera unilateral, el contrato de arrendamiento de
la sede en Guayaquil, que equivale a $13.000 mensuales más IVA.
Arrendamiento que, según
la CC, se mantenía con el Colegio de Abogados de Guayaquil, cuyo titular es el
esposo de Martínez, Jimmy Salazar, quien fue candidato a la Prefectura del
Guayas por Justicia Social. "Esta decisión significó un ahorro mensual",
dice el organismo. (I) Fuente: Diario el Universo.
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