Durante una rueda de
prensa convocada por el Comité de Familiares y Amigos de las y los Presos
Políticos “Los Hijos e Hijas de Mayo”, familiares, abogados y defensores de
derechos humanos alertaron sobre denuncias de tortura, violencia sexual,
aislamiento, restricciones a la comunicación y obstáculos para el acceso a la
defensa legal.
Patricio Almeida, abogado
de Omar Campoverde, manifestó que los casos conocidos públicamente serían
apenas una parte de las agresiones que estarían ocurriendo dentro del centro
penitenciario. Según explicó, la prohibición o limitación de visitas familiares
y de abogados dificulta la documentación de los hechos y el acceso a mecanismos
de denuncia.
Por su parte, Diego
Guarderas, abogado vinculado a la defensa de presos políticos, denunció la
existencia de prácticas orientadas a obtener declaraciones mediante métodos
coercitivos, señalando que las denuncias deben ser investigadas de manera
independiente e inmediata.
Ana Morales, integrante
del Comité de Familiares por una Vida Digna, cuestionó el discurso oficial
sobre las condiciones del centro penitenciario y afirmó que en la cárcel
también permanecen personas consideradas presos políticos y miembros de la
comunidad LGBTI. Además, denunció problemas de acceso al agua, condiciones
precarias de higiene y constantes denuncias de maltratos por parte de los
internos.
Las organizaciones
exigieron la intervención urgente del Mecanismo Nacional de Prevención de la
Tortura y de organismos de derechos humanos para verificar las denuncias y
garantizar la integridad física y psicológica de las personas privadas de
libertad.
Como parte de sus
acciones, convocaron a un plantón para el próximo 2 de junio, a las 09:30,
frente a las instalaciones del SNAI, con el objetivo de exigir respuestas sobre
la situación carcelaria y el respeto a los derechos de los internos, sus
familiares y defensores legales.
Las denuncias realizadas
durante la jornada reflejan la creciente preocupación de organizaciones
sociales y familiares frente a la crisis penitenciaria que atraviesa el país y
la necesidad de investigaciones transparentes sobre los hechos reportados.
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