Más de 100 organizaciones sociales que trabajamos por
los derechos de la niñez y adolescencia del Ecuador, suscribimos un comunicado,
expresamos nuestra solidaridad con la población afectada por la violencia
desproporcionada y cruel que el país enfrenta.
El reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen
organizado ocurre por el abandono estructural del que son víctimas; estos
grupos delincuenciales se aprovechan de la pobreza y exclusión, de su
vulnerabilidad al no contar con los recursos indispensables para salir de esa
situación.
Desde el Estado y la derecha, en lugar de tratar a los adolescentes como
víctimas de este conflicto y perseguir a los adultos responsables de su
reclutamiento, piden endurecer las penas y reducir la edad de imputabilidad,
ocultando que las reformas de carácter meramente punitivo han empeorado la seguridad
del país.
El Estado les está fallando a las niñas, niños y adolescentes reclutados
por las bandas criminales, al no brindarles protección como víctimas de trata
de personas con fines delictivos, tal como establecen protocolos
internacionales y la propia Constitución.
El Estado debe impulsar acciones políticas, sociales, económicas para
protegerlos, mediante el fortalecimiento del acceso al trabajo digno para sus
cuidadores y la mejora de los servicios básicos y públicos, como salud,
educación y protección.
Reivindicamos los derechos de las y los adolescentes víctimas de trata
de personas en reclutamiento para fines delictivos por el crimen organizado y
exigimos que no sean tildados de terroristas si no se cuenta con una sentencia
ejecutoriada.
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