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| Fuente: Conaie Ecuador |
Judicialización a defensores de derechos humanos y de
la naturaleza
El 21 de septiembre de 2023 el gerente de la Empresa
Atico Mining, Alain Bureau, demandó a 10 campesinos en el contexto de la
defensa de sus territorios. En febrero de 2024, fueron judicializados
nuevamente el grupo de campesinos por la lugarteniente de Bureau y empleada de
la compañía La Plata, la señora Jhoana Zambrano.
Conflictos generados por la empresa
En el mes de julio de 2023 se realizó un intentó ilegítimo de consulta
ambiental por parte del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica,
para que la empresa minera utilizando para este fin, a modo de seguridad
privada, los recursos y personal del ejército y la policía nacional.
Entre el 07 y el 10 de marzo de 2024 las fuerzas paramilitares bajo el
nombre de “Juntas de Defensa del Campesinado”, un grupo irregular que, al mando
del polémico Raúl Bayas, juntaron más de 100 efectivos armados en la parroquia
Palo Quemado, ostentando armamento de grueso calibre entre escopetas mosberg,
revólveres, subametralladoras y pistolas calibre 9 mm. En total fueron
sometidos a revisión irregular cerca de dos docenas de ciudadanos y se
amedrentó a la población opuesta al proyecto minero en sus propias casas.
Situación de actual proceso de militarización
El 18 de marzo de 2024 el 70 comuneros y comuneras del sector,
equivalentes al 10% del padrón electoral de la parroquia Palo Quemado, fueron
demandados por Raúl Bayas -oriundo de Tungurahua- quien organizó una fuerza de
choque al servicio de la canadiense Atico Mining (cuya subsidiraria se denomina
La Plata). La criminalización de las comunidades opuestas a los proyectos
mineros es una estrategia para silenciar y deslegitimar su lucha.
Denunciar a campesinas y campesinos como "terroristas" en
medio de la Declaratoria de Conflicto Armado Interno pone en riesgo la libertad
y las vidas de los defensores de derechos humanos y de la naturaleza.
De forma premeditada desde las más altas esferas del Estado, junto a la
judicialización desde el líder paramilitar, el mismo 18 de marzo de 2024 el
Gobierno de Noboa desplegó 500 militares y policías en el territorio afectado
por la minería, utilizando a la Policía Nacional y al ejército, como guardia
privada de las empresas mineras. Tal fuerza equivale a un hombre armado por
cada persona votante de la parroquia Palo Quemado.
El gobierno de Noboa deliberadamente ordenó la movilización de militares
hacia una parroquia que tiene bajos índices de delincuencia, sin muertes
violentas en territorio, abandonando puestos en la guerra interna con el
objetivo de favorecer a una empresa privada minera. Además, los militares se ç
hospedan en las instalaciones de la empresa minera, demostrando su
parcialización a favor de la transnacional.
Los hechos se presentan en el contexto de la supuesta “Consulta
Ambiental” a cargo del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica que
busca la entrada de la canadiense Atico Mining en la concesión minera “La
Plata”. La imposición a la fuerza de una consulta ambiental es una simulación
democrática que carece de legitimidad y transparencia.
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| Fuente: Conaie Ecuador |
Denuncia pública
Como CONAIE, Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi y Frente
Nacional Antiminero denunciamos que alrededor de setenta comuneros de la
parroquia Palo Quemado y Las Pampas han sido denunciados como “terroristas” por
parte de la empresa minera canadiense Atico Mining, en complicidad del Gobierno
de Daniel Noboa, en un claro ejemplo de la injusticia que se perpetúa en nombre
del modelo capitalista minero que ofrece un falso desarrollo económico, basado
en la explotación del ser humano y la naturaleza. Los motivos son los
siguientes:
- La consulta ambiental tiene patrones comunes en los territorios donde se ha impuesto por el Gobierno: la falta de información adecuada y accesible, la exclusión de las voces disidentes, la manipulación de los datos, la represión policial y militar y la omisión de estándares internacionales, que convierten este proceso en un mero trámite burocrático para justificar decisiones que ya están tomadas en los despachos de las empresas mineras y los políticos corruptos que las respaldan.
- Condenamos la forma vil como el Gobierno pretende desviar la atención de los verdaderos delitos cometidos por las empresas. En lugar de investigar los hechos provocados por la empresa, el Gobierno persigue, hostiga y criminaliza a las comunidades. Somos hombres y mujeres que defendemos nuestro derecho a la vida, al agua, a vivir en un ambiente sano, a trabajar en nuestros campos agrícolas y a preservar nuestras formas de vida.
- Hacemos un llamado urgente a la Defensoría del Pueblo como ente veedor de esta g rave situación que vivimos en los territorios. Recordamos al Gobierno que Ecuador ratificó el Acuerdo de Escazú, instrumento que protege a las defensoras y defensores de la naturaleza y su incumplimiento genera responsabilidad internacional. Alertamos a los distintos organismos de derechos humanos en el país y la región sobre las macabras intenciones del gobierno, que busca silenciar a las defensoras y defensores de la naturaleza, tachándolos de terroristas para militarizar los territorios estratégicos para la explotación minera.
Finalmente, convocamos a la sociedad en su conjunto para que se
solidarice con las comunidades afectadas y exija el cese inmediato a las
amenazas, hostigamiento, represión y criminalización contra los defensores y defensoras
de derechos humanos, colectivos y de la naturaleza en el país. Es hora de poner
fin a la impunidad de la mafia minera que se enriquece a costa del sufrimiento
de las comunidades más vulnerables a través de la imposición de una agenda de
despojo y violencia.
Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador
Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi
Frente de Defensa de la Naturaleza, el Agua y la Vida
de Palo Quemado y Las Pampas
Frente Nacional Antiminero
Condenamos la criminalización a nuestras compañeras y compañeros que
ejercen su legítimo derecho a la resistencia; luchar por la vida y por nuestros
territorios NO ES TERRORISMO.
Fuente: Boletín de Prensa del frente nacional Antiminero.
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