Por: Alianza por los Derechos Humanos – Ecuador
Exigimos que el Estado aborde de forma estructural la crisis
Nos solidarizamos con las víctimas de la violencia desatada en el
Ecuador y exigimos al Estado abordar de forma estructural la problemática del
crimen organizado.
Las medidas populistas
no resultan eficaces y ahondan la situación
Como sociedad civil
ecuatoriana, como organizaciones y personas defensoras de derechos humanos
manifestamos nuestra solidaridad con las familias de todas las personas
víctimas de la escalada de violencia que azota al país.
Desde hace tres años
hemos alertado a la institucionalidad y a la comunidad internacional sobre el
avance de la violencia evidenciado desde la primera masacre carcelaria ocurrida
en febrero de 2021, así como sobre la ineficaz respuesta del Estado: reiteradas
declaratorias de estados de excepción y movilización de fuerzas armadas que
resultan ineficaces en su alcance y ejecución y que no responden a un plan
integral de seguridad ciudadana.
La violencia suscitada
en las cárceles, controladas por el crimen organizado transnacional con
complicidad del Estado, se instaló en barrios, ciudades y provincias,
especialmente en los sectores y territorios más empobrecidos, racializados y en
los que el Estado no garantiza el acceso a derechos humanos fundamentales.
El crimen organizado ha
permeado todas las instituciones del Estado y ha debilitado su rol para
garantizar la seguridad ciudadana. La infiltración ha sido evidente en los estamentos políticos, policiales, militares,
judiciales, cooptados por el crimen organizado. Así, la “fuga” de líderes de
bandas criminales en los últimos días o el ingreso de armas en los centros de
privación de libertad sólo son posibles con la complicidad de funcionarios
estatales. Sin embargo ninguna medida gubernamental se ha dirigido de manera
estructural a depurar y fortalecer la institucionalidad ni a enfrentar los
privilegios y sistemas de financiamiento de estas estructuras criminales.
Los graves y crecientes
hechos de violencia ocurridos en las últimas 48 horas, secuestros, coches
bomba, amedrentamientos, muertes por balas perdidas, asesinatos, motines en los
centros de privación de libertad y otros actos protagonizados por bandas de
crimen organizado en varias zonas del país nos han sumido en el caos y generan
profunda sensación de indefensión.
Como respuesta a esta
gravísima situación, el actual gobierno nuevamente ha recurrido a la misma
receta: declarar estado de excepción, ordenar
la movilización de fuerzas armadas y establecer toque de queda en todo
el territorio nacional. Adicionalmente, ha reconocido a las bandas
delincuenciales el estatus de “combatientes”
y ha declarado la existencia de
un “conflicto armado interno”.
Esta declaración de
conflicto armado interno amparado en el Derecho Internacional Humanitario deja
diversas dudas respecto de su razonabilidad e insuficiente motivación.
Además, preocupa la falta de garantías a
los derechos de la población civil que no está comprometida, no participa ni se
beneficia de la actuación de estos grupos criminales que como ya señalamos han
permeado distintos barrios y territorios a más de la propia institucionalidad.
Sin estas garantías, cualquiera puede resultar víctima de los excesos de los
actores en conflicto -estatales y no estatales.
La declaración de
conflicto armado interno otorga a las bandas criminales la calidad de “agentes
beligerantes”, es decir la de combatientes con una estructura, con base
ideológica y fines políticos, aspectos que no se identifican en las bandas de crimen organizado que están
tomando el país. Lo que es más grave aún,
la declaración deja abierta la posibilidad de identificar a nuevos
grupos como “actores no estatales beligerantes” sin criterios claros de
distinción de a quienes considera “terroristas”. Cuando la definición de
“terroristas” recae en la discrecionalidad de la fuerza pública -infiltrada por
el crimen organizado o no- cualquier persona puede ser etiquetada como tal.
En este contexto de ”guerra interna” contra un
enemigo difuso –que no está sometido por ninguna regla de derechos humanos ni
de derecho humanitario, que no resulta claramente identificable, que está
mimetizado en zonas residenciales– todos y todas somos potenciales víctimas del
fuego cruzado entre fuerza pública y crimen organizado. Todos y todas corremos
riesgo de ser ejecutados, de que se creen falsos positivos y de que nuestras
familias inicien una larga lucha en búsqueda de verdad y reparación, como ha
pasado en varios casos sometidos a la justicia internacional. Ese riesgo aumenta si se trata de jóvenes
hombres, de personas empobrecidas,
racializadas, extranjeras, de activistas y defensores y defensoras de derechos
humanos.
Los conflictos armados
incrementan la violencia hacia la población civil más vulnerable, mujeres,
niños, niñas, adolescentes y diversidades sexo genéricas, así como su
reclutamiento, la exacerbación de la xenofobia, etc. La historia de la región,
la misma historia de nuestro país, evidencia estos y otros riesgos.
Por todo lo anterior las organizaciones que suscribimos:
- Reiteramos nuestra solidaridad con todas las víctimas de la grave crisis de inseguridad que vive el Ecuador, especialmente con la población afectada directamente en sus entornos cercanos, familias, barrios, lugares de trabajo. Con todas y todos quienes han sufrido y sufren angustia y miedo por su seguridad y la de sus seres queridos.
- Rechazamos rotundamente a los grupos de crimen organizado que han tomado las cárceles e instaurado más violencia en las calles del país.
- Rechazamos terminantemente la captura del Estado, incluidos políticos, policías, militares, jueces, por parte de grupos de crimen organizado que es, en buena medida, responsable de las medidas parche, de la paz mafiosa que ahora estalla contra la población civil.
- Rechazamos que se instrumentalice la crisis de inseguridad para adoptar decisiones que generen más violencia, violaciones de derechos humanos y/o que promuevan impunidad para sus perpetradores.
- Denunciamos que la declaratoria antitécnica y acelerada de “conflicto armado interno” incrementa los riesgos de la población civil que está en medio de las hostilidades presentes y futuras y sobre la que no existen garantías de distinción y protección respecto de los denominados actores no estatales beligerantes.
- Exigimos del Estado ecuatoriano y del gobierno nacional, respuestas adecuadas y eficaces para abordar la crisis de inseguridad. Entre estas, diseñar e implementar de forma urgente un plan integral de seguridad ciudadana construido de forma participativa y con enfoque territorial y de derechos humanos; recuperar el control de los centros de privación de libertad; limitar y controlar las fuentes de financiamiento del crimen organizado; depurar las instituciones del Estado de la penetración de bandas criminales; entre otras.
- Demandamos que ante la situación de zozobra e inseguridad se establezcan canales permanentes de comunicación e información dirigidos a la población respecto de las acciones estructurales que despliega el Ejecutivo y la fuerza pública para resguardar la integridad física de la población y el Estado de derechos.
- Pedimos a la oficina de Naciones Unidas en el Ecuador, a la CIDH, a organizaciones internacionales de defensa de derechos humanos, otros órganos internacionales de Derechos Humanos, en el marco de sus mandatos y objetivos, se mantengan vigilantes de la situación y coadyuven a que el Ecuador cumpla sus obligaciones internacionales de derechos humanos.
- Exigimos a la Corte Constitucional que someta a un altísimo escrutinio constitucional: el decreto de estado de excepción del 8 de enero de 2024 y el decreto complementario del 9 de enero; el acuerdo entre Ecuador y Estados Unidos para el combate a la inseguridad en el Ecuador; las preguntas sobre “seguridad” planteadas para consulta popular. Al despachar estas causas, la Corte Constitucional debe cumplir su rol y demandar al ejecutivo soluciones integrales enmarcadas en el cumplimiento de sus obligaciones nacionales e internacionales de derechos humanos en lugar de avalar respuestas ineficaces y populistas
- El combate al crimen organizado transnacional en Ecuador requiere medidas responsables, técnicas y articuladas con la comunidad internacional. Requiere, sobre todo, la voluntad política para depurar las instituciones y fuerzas del orden sometidas a las bandas criminales y para cortar las fuentes de financiamiento. Sin eso, el uso de la fuerza estatal, fundado ahora en una antitécnica declaratoria de “conflicto armado interno”, dejará intactas las estructuras, seguirá fortaleciendo el crimen organizado ahora con estatus de “combatiente” y mantendrá en terror y en riesgo a la población civil.
Verdad, justicia y
reparación
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