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martes, 18 de febrero de 2020

CRÓNICA DE LA ASAMBLEA POPULAR POR EL AGUA EN CHILLANES

Por: Paúl Jarrin.

El sábado 08 de febrero de 2020 la comunidad de “El Ensillado” organizó una Asamblea Popular por la defensa del Agua y en rechazo a la mega-minería. Aquella minería que, de la mano de una compañía transnacional de capitales australianos Green Rock (empresa subsidiara de SolGold) y con el beneplácito del gobierno central, está amenazando las fuentes de agua, la vida natural y la paz social en el territorio.

Las comunidades del cantón Chillanes se encuentran dentro de la Cordillera de los Andes, en la cuenca hidrográfica del Río Chimbo. Sus paisajes son montañas, cascadas, bosques primarios, vegetación endémica y pequeñas fincas agrícolas y ganaderas donde las personas viven de forma tranquila, respirando aire fresco y tomando agua limpia directamente de sus vertientes.

Entre lo más relevante que se dijo durante esta Asamblea que duró aproximadamente cuatro horas, fue:

En primer lugar, Vinicio Paguay presidente de las comunidades de Chillanes, ubicadas al interior de la concesión minera de Green Rock manifestó que “Estamos aquí para decirles que no queremos minería en nuestro territorio”.

Esto lo hizo mirando a los ojos tanto a su pueblo como al gobernador de la provincia de Bolívar, el Ing. Juan Carlos Camacho. El mismo que se ha descrito como un “experimentado político con más de un cuarto de hora en el poder”. Pero en ¿qué poder? en el poder del estado capitalista, colonial y patriarcal.

Por su parte Blanca Chancoso, dirigenta histórica del Movimiento Indígena del Ecuador, invitó al señor gobernador a traer información real a las comunidades. En pocas palabras le exigió hablar con la verdad. Si realmente tiene voluntad de informar al pueblo, le propuso hacer un recorrido con las comunidades de Bolívar, por Fruta del Norte, Tundayme, Cerro de Pascua o Portovelo para que la gente pueda sacar sus propias conclusiones sobre la minería.

También insistió en mantener la memoria histórica. En recordar cuando los malos gobiernos del pasado prometieron “sacar al país de la pobreza y de la deuda externa” mediante la explotación petrolera, cosa que no ha pasado.

En ese momento, el compañero del Azuay aportó en este sentido, diciendo que las comunidades petroleras en la Amazonía están contaminadas, siguen pobres y mueren con los índices más altos de cáncer en el país.

“Luego del “boom petrolero” que comenzó en el año 1972 y la bonanza petrolera de la primera etapa de la década correísta, el país no sólo sigue endeudado sino que cada día incrementa su deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la banca China.”

En una noticia del 28 de enero de 2005 en el diario El Universo, encontramos dos interesantes razones que nos ayudan a entender la respuesta violenta del señor Camacho a la intervención del Compañero Raymundo del Azuay.

El compañero invitado del Azuay, en su intervención manifestó:

Que los dueños y accionistas de las empresas transnacionales mineras no vienen a los pueblos y comunidades a dar la cara y decir sus mentiras, sino que este trabajo lo hacen los representantes del mal gobierno.

A lo que Camacho se sintió aludido y por ello su respuesta violenta. Aquí una muestra de lo que encontramos en la prensa nacional sobre el señor Camacho:

En octubre de 1994, Camacho fue acusado por los entonces congresistas Simón Bustamante y Rafael Cuesta como el “hombre de maletín”. Presuntamente por comprar los votos de los diputados para favorecer los intereses del gobierno (hecho que la justicia nunca demostró, ni desmintió).

Y según el Universo Camacho al convertirse en Ministro del Ambiente en 2005 dijo: “He estado vinculado al sector agrícola, he sembrado muchos árboles con mis propias manos, tengo una noción muy clara de lo que es tener el ambiente limpio y la defensa de la contaminación”.

Sus últimas palabras son las que nos llaman la atención. “La defensa de la contaminación”. Es precisamente lo que vino hacer en las comunidades del cantón Chillanes, con su discurso a favor de la mega minería.

“Excelente fichaje” el de Otto Sonnenholzner quien es el líder de la política minera en el país. Encontró en la provincia de Bolívar a un político experimentado en petróleo, “ambiente” y capacidad de convencimiento a los pueblos, para imponer la política minera nacional que huele a un acto de tiranía y que ejecuta una serie de violaciones de derechos humanos y de la naturaleza.

Recordemos las palabras del Vicepresidente Otto al presentar en Zamora Chinchipe la nueva política minera en el país. “En Ecuador donde hay minerales habrá minería”. Recordemos también las de Carlos Pérez García, Ministro de Energías y Recursos No Renovables, “en el país habrá minería sí o sí”.

No señor Otto Sonne… o como se llame, en Ecuador hay un marco constitucional. En Bolívar al igual que en todo el país, las empresas mineras y el gobierno central han violado una serie de artículos constitucionales y tratados internacionales como el convenio 169 de la OIT, que asegura el Derecho a la Consulta previa, libre e informada. Esto convierte a los proyectos mineros y sus concesiones en ilegales, inconstitucionales y en una forma de violación sistemática a los derechos humanos y de la naturaleza.

Más adelante, la vicepresidenta de la Asamblea Provincial del Agua de Bolívar Ana Fajardo claramente le pidió dos cosas al señor gobernador:

La inmediata liberación de Cristian Montero, preso político por luchar por el agua y los territorios del pueblo de Bolívar. A quien la justicia el pasado viernes 07 de febrero le acaba de negar su derecho al hábeas corpus, derecho de todo ser humano para determinar sobre la legalidad o no de un arresto. Cristian lleva más de un mes encarcelado luego del paro de octubre. Ana Fajardo también denunció que los abogados de la empresa minera china, que opera en la parroquia de Balsapamba, estuvieron presentes en la audiencia de Cristian. Visibilizando la sinvergüencería con que las empresas mineras persiguen a los dirigentes sociales y ecologistas del Ecuador.

En su otro punto la dirigenta exigió al gobernador la salida de los militares de la Provincia de Bolívar, denunciando que tienen un campamento en la hacienda del ex-diputado Fabián Solano Moreno. Todo el pueblo, en unanimidad, se sumó a esta petición colectiva y manifestó que no se sienten seguros con la presencia militar. ¡Se sienten intimidados y perseguidos!

“Lo de los militares son: estrategias comunes de la guerra psicológica que emprenden los estados y las empresas extractivistas en contra de las y los comuneros y activistas que defienden el agua y la tierra.”

El gobernador tampoco respondió de forma motivada a la pregunta, “Señor Gobernador ¿En qué parte del Mundo hay minería que no contamine los ríos?” hecha por dirigente de San Pablo de Amalí Manuel Trujillo.

En su respuesta, Camacho, señaló que hay supuestos ríos en Europa y Estados Unidos que se descontaminaron. Según él: el Río Potomac y el Río Mississippi.

Esta afirmación molestó enormemente a la compañera analista ambiental Rachel Conrad quien pidió el micrófono para desmentir al gobernador.

“El Río Potomac pasa cerca de mi casa en los Estados Unidos y está completamente contaminado, fruto de múltiples industrias pero en especial por el drenaje minero de la región Apalache,” dijo Conrad.

Antes de retirarse, una de las promesas finales del Gobernador Juan Carlos Camacho a las y los comuneros fue que mientras él sea gobernador de la Provincia de Bolívar, habrá minería sin contaminación ambiental.

¿Cómo lo logrará?

Probablemente con la misma fórmula que su abuelo, “dominando a la naturaleza”. De quien al final, dijo NO sentirse orgulloso por haberse bajado una montaña para hacer agricultura intensiva.

Para recordar:

En el Ecuador, la constitución de Montecristi señala: “El Agua es un Derecho Humano”. La consulta previa, libre e informada es un derecho colectivo, y como si fuera poco “La Naturaleza es sujeta de derechos”. En la Ley de Aguas del 06 de agosto de 2014 se establece una pirámide donde se describe la prioridad del acceso al agua en Ecuador. En dicha pirámide, el ser humano está arriba, luego la soberanía alimentaria, luego la naturaleza y al último las industrias.

¿Cuánto de esto cumplen los malos gobiernos? En el pueblo de Chillanes, provincia de Bolívar poco o nada, según lo describen sus moradores.

Redactan:
Guardianes del Agua & Proyecto Socio - Ambiental Dulcepampa.

NOTA: Esta crónica es pública y colectiva, le animamos a difundir, fotocopiar y compartir este escrito.

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